Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat. EE
La financiación ilegal del PSOE de Valencia le estalla a Ximo Puig a siete meses de las elecciones
La juez ordena registrar 4 empresas tras hallar unas notas del extesorero del PSOE valenciano con donaciones de empresas a cambio de obras.
19 octubre, 2022 02:38Noticias relacionadas
La investigación por la presunta financiación irregular del PSOE en Valencia le ha estallado a Ximo Puig a siete meses de las próximas elecciones autonómicas y con las encuestas augurando un empate técnico entre bloques con una ligera ventaja hacia la derecha.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió este martes en cuatro empresas de Madrid, Castellón y Valencia en busca de pruebas que ratifiquen los supuestos sobornos que habrían recibido durante años destacados cargos socialistas de la Comunidad Valenciana. La investigación apunta a que parte de ese dinero habría servido para financiar campañas socialistas en Valencia.
Los registros forman parte de las diligencias derivadas de la Operación Azud, la macrocausa contra la corrupción que ha revelado 20 años de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia y otras instituciones públicas en el que aparecen involucrados cargos locales y regionales del PP y el PSOE.
En esta ocasión, la operación de la Guardia Civil está directamente vinculada con la pieza separada secreta que investiga las finanzas del PSOE valenciano y presuntas adjudicaciones irregulares en Valencia durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la investigación.
La Guardia Civil halló en casa de José María Cataluña, histórico tesorero del PSOE valenciano y exalcalde de Gilet, un municipio valenciano de poco más de 3.000 habitantes, abundante documentación valiosa para la investigación durante los registros practicados en mayo de 2021. Cataluña ha presentado recientemente un recurso para que esas pruebas sean declaradas nulas.
Entre estos documentos hay unas notas sobre un contrato adjudicado por la empresa pública Aguas del Júcar SL, dependiente del Gobierno, a Acciona y Construcciones Luján, dos de las empresas registradas este martes por la Guardia Civil.
El documento recoge el pago de una supuesta comisión, que alcanzaría hasta el 6%, como condición para acceder al contrato, valorado en más de 39 millones de euros. El objeto era la redacción del proyecto de construcción y ejecución de uno de los tramos más costosos del trasvase Júcar-Vinalopó.
La comisión se elevó finalmente a los 2 millones de euros y ambas empresas habrían abonado el dinero en proporción a su participación en el contrato -1,4 millones de euros Acciona, mientras que Construcciones Luján 600.000 euros-.
La adjudicación se formalizó entre los años 2006 y 2008, durante el Gobierno de Zapatero. Al margen de este contrato, la Guardia Civil halló documentación relacionada con otras adjudicaciones supuestamente amañadas de ayuntamientos socialistas.
En este sentido, Cataluña dejó anotado en una de sus agendas la adjudicación relacionada con el suministro de agua en Dénia (Alicante), contratos de Acuamed o "grupo de empresas" interesadas.
El director de relaciones institucionales de Acuamed durante la etapa de Zapatero, el dirigente socialista Joan Navarro, figura como imputado en esta causa.
Agenda intervenida a José María Cataluña.
Este histórico dirigente del PSOE valenciano lleva tiempo apartado de la primera línea política, pero ha seguido vinculado durante años a la fontanería del partido. La investigación sitúa a Cataluña en el epicentro de la supuesta trama de financiación irregular del PSOE de Valencia y el caso representa una piedra en el camino de Ximo Puig para revalidar su tercer mandato.
Además, la Guardia Civil encontró en casa del extesorero órdenes de transferencia a la cuenta nacional del partido, contratos de empresas, anotaciones con los pagos de la campaña de 2007 o la factura de la pirotecnia que amenizó el acto celebrado en la Plaza de toros de Valencia para encumbrar el 16 de mayo de 2015 al entonces candidato a la Generalitat Ximo Puig.
Los registros se estuvieron practicando de manera simultánea durante toda la joranda para evitar la destrucción de pruebas. Igualmente, los agentes interrogaron a testigos e investigados para completar las pesquisas. Según estas fuentes, la juez no ordenó ninguna detención y en la causa figuran cerca de 60 personas investigadas.
Según puntualizaron fuentes de Acciona a esta redacción, "la autoridad judicial ha solicitado una serie de informaciones y documentos a Acciona Construcción" y "toda la información solicitada ha sido facilitada con el objetivo del esclarecimiento total de los hechos investigados, bajo secreto de sumario".
José María Cataluña, exresponsable de finanzas del PSOE valenciano.
Las empresas
Los agentes de la UCO también se personaron en la sede de la empresa Luján, una constructora de Valencia que aparece en varios sumarios abiertos por supuesta corrupción y era socia de Acciona en la UTE ganadora.
Además, Luján también figura en las anotaciones de supuestos pagos en B que habría gestionado el histórico tesorero del PSOE en Valencia.
No es la primera vez que el nombre de Cataluña aparece vinculado a un caso de supuesta corrupción. En 2018, la investigación dirigida por un juzgado consideró acreditada la financiación ilegal del PSOE y Bloc -hoy en día Més Compromís, el partido mayoritario de la coalición Compromís-, pero los delitos electorales estaban prescritos y todas las piezas abiertas se archivaron.
Sin embargo, al estar caducado el delito electoral, la Fiscalía Anticorrupción ha articulado ahora los hechos como un presunto delito de cohecho para evitar la prescripción y seguir adelante con el caso.
En los últimos meses, por ejemplo, la Fiscalía ha descubierto que el PSOE valenciano abonó más de 100.000 euros en gastos de la campaña electoral de Unión Valenciana (UV) en 2007, una formación cuyos dirigentes acabaron integrados en el PP, a través de una empresa interpuesta, Gigante Edificaciones y Obras SL para robar votos a sus rivales políticos. El secretario general del PSPV-PSOE y candidato a presidente de la Generalitat Valenciana era Joan Ignasi Pla.
El encargo lo realizó Paco Martínez, entonces gerente de los socialistas valencianos, y el trabajo lo ejecutó la empresa Kay SA, con sede en Sevilla. La factura total ascendió a 102.080 euros y sirvió para financiar los actos de campaña de este partido regionalista.
Los responsables de la empresa Gigante fueron detenidos en mayo de 2021. Los dos socios fueron puestos en libertad provisional y se les retiró el pasaporte.
Con esta operación, los socialistas promocionaban un partido valenciano que podía robar votos al PP y debilitar la figura del expresidente autonómico, Francisco Camps. El dinero sirvió para reforzar la campaña de la propaganda repartida casa por casa, pero los resultados de Unión Valenciana no fueron los esperados y el PSOE siguió en la oposición.
Un exjuez en la trama
Otra pieza clave en este caso es el dirigente vinculado al PSOE José Luis Vera, exmagistrado en la Audiencia de Valencia. Según el sumario, corrompió a multitud de cargos de su partido y asumió el papel de supuesto consegudior de contratos.
José Luis Vera, ex magistrado investigado por la red del PSOE valenciano.
Su mujer, Antonia Armengol, fue diputada autonómica del PSOE. Según la investigación, "directamente o a través de la mercantil Vera Llorens SLU entre los años 2007 y 2012 percibió, por lo menos, más de 1.341.086,36 euros".
Del conjunto de las operativas en las que intervino José Luis Vera "se desprende que éste desarrolló su actividad en un marco temporal que al menos se extiende entre los años 2007 y 2012 siendo su cometido posibilitar y materializar los tipos de negocio que emprendía el grupo Axis y no la prestación de asesoría jurídica de cualquier tipo".
