Pere Mayor, fundador del Bloc Nacionalista Valencià (el mayor de los partidos que conforman la coalición Compromís) habría pactado una megalómana comisión por mediar a favor de una recalificación urbanística. Así consta en uno de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) del caso Azud, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Se trata "honorarios de intermediación" por la friolera de 12,6 millones de euros, importe que asciende al 23% "del valor de la parcela una vez reclasificada y urbanizada", tal y como destaca la Guardia Civil.
Los hechos descritos se remontan al mes de marzo de 2008, cuando se firmó un contrato de permuta para la recalificación de los terrenos en la localidad de Burjassot con el objetivo de que albergaran un centro comercial. El mismo jamás se construyó, según subrayan fuentes de la investigación. Mayor, además, no está investigado al haber prescrito sus posibles delitos.
Fue entonces cuando, según el informe de la UCO, "se firmó también un contrato de prestación de servicios entre las mercantiles CVC y Gamellons 59, representadas por Jaime Febrer y Pere Mayor y Penades". Febrer es el empresario considerado por los investigadores como el cabecilla de la presunta trama de corrupción del caso Azud.
Gamellons 59 SL habría sido constituida en 2004 con Pere Mayor como administrador y socio único. En la actualidad consta también como apoderada de la firma Consol Castillo, su mujer, que fue concejal de Joan Ribó (Compromís) durante la primera legislatura del alcalde de Valencia.
Reclasificar
Según expone la UCO, "el contrato parte de la titularidad por parte de CVC de una serie de terrenos en el término municipal de Burjassot que se encuentran clasificados como suelo no urbanizable, pero cuya pretensión es que sean reclasificados a suelo urbanizable de uso terciario y promover en ellos un centro comercial y de ocio".
Para conseguirlo, la empresa de Febrer encarga a la de Mayor los siguientes servicios. En primer lugar, "la mediación en la operación de compraventa de los terrenos anteriormente descritos a operadores del sector comerciar". Por otro lado, "el asesoramiento tanto urbanístico como técnico en materia comercial".
Por último, la labor del histórico referente de Compromís habría consistido en "la coordinación ante la administración local, autonómica e instituciones intervinientes, las actuaciones urbanísticas, administrativas y de gestión que sean necesarias para el buen desarrollo del proyecto comercial, así como la tramitación de las licencias y autorizaciones necesarias".
"Como contraprestación a estos servicios se fijan los siguientes honorarios: 12.621.254 euros en concepto de mediación en la operación de compraventa de los terrenos descritos", precisa el informe.
Y, por si fuera poco, el contrato incluía también otros golosos beneficios. "Además, en el caso de que CVC venda su participación en la promoción con anterioridad y obtenga un beneficio, un 10% del mismo. Y, si CVC promociona el resto de terreno a usos no comerciales, se producirá un pago en especie a Gamellons 59 de 1.500 metros cuadrados de edificación totalmente finalizada", recoge el documento de la UCO.
Porcentaje "reseñable"
A los investigadores les parece una operación muy abultada y llamativa. "Resulta reseñable el porcentaje que suponen los honorarios por la intermediación (12.621.254 euros) con respecto al valor de la parcela una vez reclasificada y urbanizada que se señaló en el contrato de Joint Venture (54.692.000 euros); suponiendo los honorarios un 23% del mismo", exponen.
"En el mismo sentido, también se considera significativo que se destine un 10% del beneficio a Gamellons 59 en caso de venta previa", agregan.
Preguntado al respecto por EL ESPAÑOL, Pere Mayor puntualizó que su cliente no era Jaime Febrer, sino Eroski -la firma impulsora del centro comercial-. Subrayó que se trataba de "una operación pública", que incluso se anunció "mediante una rueda de prensa". Además, destacó que su comisión "era por una gran serie de variables que afectaban a todo el proyecto", no una mera porción de los 54,7 millones de los terrenos.
Tal y como recoge el propio informe, Pere Mayor fue diputado en las Cortes Valencianas entre 1987 y 1991, así como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia) entre 1991 y 1995. Además, ostentó cargos orgánicos en varios partidos políticos. Fue secretario general de UPV (Unitat del Poble Valencià) entre 1989 y 1998 y presidente del Bloc (Bloc Nacionalista Valencià) desde su constitución (1998) hasta el año 2003.
Como referencia de esta última formación, Mayor sonó en 2015 como posible conseller de Economía (área controlada por Compromís en el Gobierno Valenciano), si bien se lo impidió la oposición interna de su propio partido, del que se dio de baja recientemente, ya en 2021.
Mayor no figura entre las personas investigadas porque los hechos descubiertos ahora ya han prescrito, según confirmaron a este periódico fuentes conocedoras del caso. Se le reconoce como un hombre de negocios. En 2018, un juzgado investigó su participación en una presunta trama de financiación irregular, que afectó al Bloc y al PSPV-PSOE, a través de la agencia Crespo Gomar. Pero las diligencias acabaron en archivo porque los presuntos delitos también habían prescrito.