La "caja B" del hospital La Fe ha recibido 300.000 euros de la empresa de la máquina del café

La "caja B" para la compra de material sanitario denunciada por un trabajador del Hospital La Fe de Valencia manejó 296.137,2 euros entre 2017 y 2020. Este es el montante total al que ascienden los artilugios comprados y donados al hospital -previa petición de sus máximos responsables- por parte de la empresa Cafemax SL (Teika), adjudicataria del servicio de vending de todo el centro. Su aportación sirve al centro para adquirir al margen de la ley de contratación, según el denunciante.

El importe es la suma de todas las adquisiciones realizadas que el empleado anónimo ha puesto en conocimiento de la Agencia Valenciana Antifraude, tal y como reveló este miércoles EL ESPAÑOL. Así constan anotadas en cuatro documentos de Excel aportados al organismo fiscalizador.

Con estos fondos se han comprado una sierra de autopsia, sondas intrarrectales, respiradores, desfibriladores, humidificadores, congeladores, aparatos de micropigmentación, neveras para vacunas, videolaringoscopios, monitores de constantes vitales, un arco de narcosis o sillas de ruedas, entre muchos otros artículos.

El total abonado por la empresa ascendió a 64.354,52 euros en 2017, 81.236,11 euros en 2018, 82.848,9 euros en 2019 y 67.697,69 euros en 2020, según consta en los documentos aportados por el trabajador que denuncia la rocambolesca operativa.

Se da la peculiar circunstancia de que la empresa se gasta más al año en material para el hospital de lo que le cuesta el canon oficial del contrato, que asciende a 72.600 euros anuales IVA incluido.

Teika se defiende

Preguntadas al respecto, fuentes de Teika trasladaron este miércoles a este periódico que han comprado y donado material sanitario al Hospital La Fe porque así se lo exige su acuerdo con el Departamento de Salud. "Cumplimos escrupulosamente el pliego de condiciones (que es público) conforme establece la ley. Así lo hacemos siempre, con este y con cualquiera de los contratos contraídos", aseguraron.

Sobre el mismo, fuentes de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana rehusaron a pronunciarse "por tratarse de un asunto en proceso de investigación". Tan solo manifestaron que, tras conocer los hechos denunciados, la administración autonómica ha impulsado "un contrato centralizado" para los servicios de vending de todos los hospitales públicos. Con tal consideración la autonomía desliza que no está de acuerdo con el uso que se hace del contrato del vending en La Fe.

La denuncia, según ha podido contrastar este periódico, fue presentada en junio del pasado 2021 ante Antifraude, que investiga desde entonces lo ocurrido. El denunciante asevera que la "caja B" la gestiona "el director económico con el respaldo de la gerencia".

"Está organizada con dinero del contrato de máquinas dispensadoras de bebidas frías, calientes y productos de alimentación sólidos número 197/2017, que utiliza una reserva de dinero sin cumplir la ley", subraya el empleado. "Los pliegos de aquel contrato fueron redactados por el actual director económico", precisa, en alusión a Alberto Soto Martínez.

La operativa que describe es la siguiente: "Los servicios del hospital más afines a la dirección, cuando quieren un material, le indican las necesidades y rellenan una Petición de Material Inventariable. El hospital La Fe pide presupuesto y, cuando el director económico lo autoriza, se compra con ese dinero".

A continuación, según concluye la denuncia, "dirección y gerencia envían una carta a la empresa Cafemax SL para que abonen la factura con sus datos". Y para que acabe en manos del centro sanitario, "simulan donar el material al Hospital La Fe". El trabajador defiende que se trata de un sistema para adquirir material al margen de los procedimientos legales de contratación.

Como "prueba" de lo ocurrido, el empleado presenta los cuatro exhaustivos documentos de Excel con "las compras realizadas por este método", correspondientes a los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020. Aporta también "ejemplos de Petición de Material Inventariable" y de solicitudes de presupuestos de forma directa a los proveedores.

A su vez, el denunciante proporciona a Antifraude ejemplos de "autorizaciones de la dirección", ejemplos de peticiones a la empresa de "que se haga cargo" del gasto y, por último, "ejemplos de la donación del material".

Los documentos cruzados aluden al mencionado contrato número 197/2017 entre el hospital y Cafemax SL para justificar la operativa. Tal y como refleja la documentación que acompaña estas líneas, referente a la compra de dos monitores para la presión arterial por valor de 3.774,42 euros, el propio director económico del hospital, Alberto Soto Martínez, informa al proveedor -en este caso, Ibersurgical SL- de que será Teika quien pague.

"En cumplimiento del contrato resultante del PA 197/2017 actualmente vigente, la empresa Cafemax SL debe asumir el pago de la factura", expone, y cita como persona responsable de la misma a Nicolás Barber.

Asimismo, el propio director económico, en un escrito también firmado por la gerente, Eva Salvo Marco, comunica a Cafemax en otro escrito "el interés que existe por parte de este hospital de contar con su colaboración a fin de hacer efectivo el pago de la factura resultante de la adquisición" de los mencionados monitores, por su importe exacto. "Todo con cargo al acuerdo económico pactado", destaca.

Además de los firmados por Eva Salvo Marco, entre los documentos aportados por el denunciante aparecen adquisiciones pagadas por Cafemax con la firma de la anterior gerente, la exsenadora socialista Mónica Almiñana Riqué. Se trata de la actual subsecretaria de la Conselleria de Sanidad, que dio el salto al Gobierno autonómico tras su polémico paso por el hospital.

El nombramiento de Almiñana como gerente se produjo durante la etapa de Carmen Montón como consellera, quien la nombró de forma provisional antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Generalitat la convocatoria pública de libre designación.

Este proceso fue denunciado por arbitrario y acabó tumbado en los tribunales, pero la dirigente, cuando se produjo el fallo en febrero de 2020, ya se encontraba en el cargo político que ahora ocupa en el Ejecutivo. Además, protagonizó otra sonada polémica: está imputada por, presuntamente, prorrogar los plazos de un concurso para vetar a la empresa Ribera Salud.

UGT y Ciudadanos

Tras conocer los hechos descritos a través de EL ESPAÑOL, la sección sindical de UGT en La Fe solicitó "una Junta de Personal Extraordinaria urgente con presencia de la gerencia y el director económico del Departamento de Salud". Todo con el objetivo de "exigir aclaraciones sobre dichas acusaciones".

"En estos momentos, y a la vista de la información hecha pública, se está realizando una investigación por la Agencia Valenciana Antifraude en la que esta sección sindical pide máximo respeto y rigor, y evitar cualquier interferencia para no obtener conclusiones precipitadas", reclamó el sindicato.

Por último, anticipó que, "en caso de probarse los hechos denunciados, UGT La Fe exigirá que se depuren responsabilidades ante las autoridades competentes".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos en Les Corts Valencianes Fernando Llopis trasladó a este periódico que su formación va a solicitar la comparecencia de la gerente de La Fe en el parlamento autonómico.