Mónica Oltra desató este lunes el nerviosismo entre sus socios del PSPV-PSOE. La vicepresidenta del Gobierno valenciano, liderado por Ximo Puig, manifestó que no dimitirá aunque la imputen, circunstancia que podría ocurrir en las próximas semanas. Su condición de aforada la libra por el momento de estar investigada. Pero ya ha pedido que declare como tal el juez instructor del caso, que investiga la desprotección de su conselleria, Igualdad, hacia la menor que sufrió abusos sexuales por parte de Luis Eduardo Ramírez Icardi, su exmarido.
Oltra, que ya descartó dimitir el pasado viernes, fue este lunes un paso más allá. Además de asegurar que no cesará aunque la citen, desplegó un argumentario que desconcertó sobremanera a los socialistas. Expuso que una dimisión "siempre tiene sus causas", pero que "en este caso, ni hay ilegalidad ni falta de ética en las actuaciones". "Solo faltaba que tengamos que asumir responsabilidad por las mentiras que cuentan otros", aseveró. También cargó contra "los poderes fácticos y aquellos que no soportan no estar en el poder e inician el acoso y derribo".
Dirigentes del PSPV-PSOE, preguntados en privado por EL ESPAÑOL, se llevaron las manos a la cabeza con tales afirmaciones. "No parece conveniente cargar contra el juez instructor ni llamarle mentiroso en este preciso momento", advirtieron. Cabe recordar que la imputación de Oltra llegaría en año preelectoral. Las elecciones autonómicas valencianas están previstas para la primavera de 2023.
En efecto, las "mentiras" que denuncia Oltra, que también insistió este lunes con que se trata de "una teoría de la conspiración que ha ideado y construido la extrema derecha desde la calumnia", las ha hecho suyas Vicente Ríos, el magistrado del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia.
En el auto en el que pide su imputación considera que existen "indicios de que en ningún momento existió una voluntad cierta de esclarecer los hechos penalmente relevantes repetidamente expuestos por la niña y atribuidos al marido de Mónica Oltra". En consecuencia, pide que declare como investigada por ser, "a la sazón, consellera y, por tanto, responsable de la conselleria y superior jerárquicamente de los funcionarios que tenían conocimiento de lo verbalizado por la niña".
Voluntad de ocultar
"No existió en sede de conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos", asevera también el magistrado en uno de sus pasajes más duros. Se refiere a la "instrucción paralela" que Oltra encargó a los funcionarios tras conocer los abusos cometidos por su exmarido.
Se trata de dos informes que, lejos de constatar el abuso, desacreditaron a la víctima. Mientras tanto, la investigación judicial avanzó de una manera muy distinta. El Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía sí creyeron a la chica. También el juzgado y la Audiencia de Valencia, que condenaron a Ramírez Icardi a 5 años de cárcel. La sentencia concluyó que, "una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella, fingiendo la menor dormir ante la vergüenza que le producía dicha situación".
El caso es horrible desde multitud de prismas. Es de corrupción, por tratarse del presunto aprovechamiento de la posición de Oltra en su beneficio político; e implica un sórdido machismo, pues se investiga si se protegió al abusador en lugar de a la víctima. Además, la joven pertenecía a un colectivo tan vulnerable como el de los menores tutelados por la administración valenciana, cuya máxima responsable es Mónica Oltra.
Pero la mandataria describe una realidad bien distinta para aferrarse al cargo. Según ella, "todas las pruebas" existentes contradicen los "indicios razonables" que han llevado al juez a pedir su imputación. Subrayó en este sentido que "todos los documentos" y "todas las personas que han declarado", lejos de soportar la premisa del magistrado, "no piensan eso"
Para la vicepresidenta, "está por demostrar" que hubo desprotección a la menor. Insistió en que el caso parte de "una serie de manifestaciones basadas en especulaciones y no en pruebas". "Eso se sigue arrastrando como una verdad judicial cuando es una especulación impropia del principio de taxatividad que debe presidir el derecho penal", agregó.
"Grave desconexión"
Las fuentes consultadas por este diario lamentan que Oltra, en sus declaraciones, "transmite una grave desconexión con la realidad política". "Puede que resulte inocente, ojalá lo sea y se acabe demostrando. Pero no se puede fiar todo a la sentencia. Lo que ocurre es que puede terminar imputada por un caso de gravedad, y esa grave sospecha durante todo el proceso podría hacer mucho daño al Govern del Botànic", manifestó un destacado socialista.
Por ello advierten de que "sí habría que plantearse otros escenarios en caso de imputación". "Debería ser la propia Oltra quien adopte la decisión adecuada en función de las circunstancias", manifiestan voces del partido. El presidente valenciano tiene la potestad de cesarla de forma unilateral, pero tal decisión "llevaría a una ruptura del Gobierno que tampoco es deseable".
Fuentes de Presidencia de la Generalitat valenciana, preguntadas sobre la intención de Mónica Oltra de continuar en el cargo incluso si la imputan, se remitieron este lunes a lo afirmado el pasado viernes por el jefe del Consell. "Estamos a la espera de lo que disponga en su momento el Tribunal Superior de Justicia", dijo entonces Ximo Puig. "Ahora hay una petición de un juez, veremos qué dice el Tribunal Superior de Justicia", agregó.
En el partido hay quien especula con que Oltra "pretenda aguantar al considerar que el TSJCV podría resolver rápido y exonerarla". "Pero se trata de un asunto muy complejo y difícil, que le afecta tanto por sus competencias como a nivel personal. No parece un caso en el que se pueda esperar a la apertura o no de juicio oral", trasladan a este medio.