En Andalucía son necesarias 90.000 viviendas, según los datos oficiales del Banco de España, y el Gobierno andaluz quiere abordar este problema con la puesta en marcha de una ley propia de vivienda. La misma llevará consigo un plan de choque que prevé la construcción de hasta 20.000 viviendas de protección oficial (VPO) en alquiler permanente en cinco años mientras la nueva normativa andaluza entra en vigor.
La Junta permitirá su construcción de forma automática sin modificar el instrumento urbanístico sobre suelos terciarios, con uso turístico y dotacional privado, y sobre edificios en desuso. Dicho plan posibilitará un incremento del 20% de las viviendas y 10% de la edificabilidad en aquellos suelos residenciales que se destinen a VPO.
Andalucía es la primera comunidad que impulsa una ley propia tras la Ley Estatal de Vivienda que, tras un año de vigencia, "no ha resuelto los problemas" en esta materia, según ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.
El Gobierno andaluz recurrió esta normativa estatal al Tribunal Constitucional, que determinó que "había invadido competencias en la materia que eran exclusivas de Andalucía".
A su juicio, la futura ley establecerá las condiciones necesarias para garantizar el acceso a la vivienda, la emancipación de los jóvenes, la habitabilidad de las viviendas y la protección a las personas con más dificultades. Todo ello teniendo en cuenta que, según el INE, cada año se forman en Andalucía unos 25.000 hogares nuevos.
Ejes principales de la ley
Este anteproyecto de ley, que a partir de ahora el Gobierno andaluz remitirá a los grupos parlamentarios, se sustenta en varios ejes principales, con el fin principal de producir suelo para viviendas a precio asequible.
Para ello, propiciará la creación de una bolsa de suelo disponible que podrá consultar el sector a través de un portal informático, o la incorporación inmediata de los urbanos dotacionales al uso residencial, para configurar una infraestructura de equipamiento en alquiler.
En segundo lugar, se apostará por el incremento de la oferta de vivienda, en la línea de lo que el Gobierno andaluz lleva realizando desde el año 2019, con subvenciones a promotores públicos y privados, entre otras actuaciones.
El anteproyecto de ley crea también la figura de las áreas prioritarias, en las que existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda, y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.
Además, se simplificará la construcción de vivienda protegida, asimilando a la libre, así como la gestión de los demandantes de vivienda, según ha agregado la consejera, quien también ha indicado que se impulsará igualmente la colaboración público-privada. Todo ello con el fin de garantizar una oferta de adecuada.
De igual modo, el Gobierno andaluz se compromete a que la futura ley de vivienda de Andalucía persiga el equilibrio de la oferta de vivienda en venta y alquiler y de los distintos usos de la vivienda, defendiendo el uso residencial habitual y permanente. En ese sentido, se incorporarán nuevas formas de residencia como son los alojamientos temporales, para personas que "por motivos diversos se desplazan".
Asimismo, el anteproyecto se detiene en la mejora y optimización del parque residencial mediante un inventario único de viviendas públicas ya sean de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos, o de los promotores privados.
También se apuesta por la mejora de la calidad y de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles y por potenciar el uso de terrazas y espacios libres, además de constituir una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía.