"El drama reside en que las resoluciones del Tribunal Constitucional ya no son noticia". Así de contundente se ha pronunciado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, al conocer las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que ha anulado las condenas de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de la mayoría de los condenados por el caso ERE.
A su juicio, tras aquel mitin en el que Pedro Sánchez alabó la figura de la exconsejera Magdalena Álvarez y fue exonerada por el TC pocos días después, era "difícil" no adivinar el resto de los fallos. "A partir de ahí empezó la cascada de decisiones [del TC] que son absolutamente incomprensibles", ha añadido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Dividido de nuevo en siete votos frente a cuatro -los magistrados propuestos por PSOE e IU, de un lado, y los magistrados propuestos por el PP, del otro-, el TC ha revocado las condenas dictadas por la Audiencia de Sevilla en 2019 y por la Sala Penal del Tribunal Supremo en 2022.
Y lo ha hecho en el caso de Chaves, que no estaba condenado a prisión, y también en el de su sucesor, José Antonio Griñán, para quien ha tumbado por completo la condena por el delito de malversación. Ello implica que no pisará la cárcel finalmente, una pena que tenía suspendida en cualquier caso hasta 2028 por el cáncer que padece.
En concreto, el TC ha ordenado la retroacción del procedimiento para que la Audiencia Provincial de Sevilla vuelva a pronunciarse respecto a ambos expresidentes sobre un 'fleco' que sí podría caber en ese delito: una modificación presupuestaria realizada en el programa 3.2 H que fue aprobada el 9 de diciembre de 2004 por el Consejo de Gobierno presidido por Chaves y con Griñán como consejero de Hacienda.
Mediante esa modificación presupuestaria se incrementó en 2,9 millones de euros el programa 3.2 H, destinado a la dirección y los servicios generales del Servicio Andaluz de Empleo. Pero los fondos allegados a través de esta modificación se destinaron al pago de las ayudas sociolaborales del programa 3.1 L.
Lo demás ha sido anulado al establecer que "el contenido de los anteproyectos y proyectos de ley no puede ser objeto de control por ningún órgano judicial".
Al respecto, al ser preguntado por este asunto en concreto, por si va a cambiar la Junta su política presupuestaria tras esta nueva doctrina, también ha sido tajante: "Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, este Gobierno no va a crear ese tipo de proyectos presupuestarios con fines oscuros", ya que "la moral y los principios están por delante".
Fernández-Pacheco ha asegurado que "habrá que estudiar los últimos fallos", pero ha subrayado seguirá aprobando presupuestos "transparentes como el agua para mejorar servicios públicos andaluces, ayudar a aquellos que más lo necesitan y hacer esta tierra atractiva para la inversión".
Por último, ha insistido en que la anulación de la condena por malversación dificulta la recuperación del dinero defraudado que, según la Audiencia de Sevilla y el Supremo, ascendió a casi 680 millones de euros.
No obstante, ha remarcado que la Junta seguirá "con la ley en la mano haciendo lo posible y lo imposible" por recuperar el dinero defraudado porque "diga lo que diga el PSOE", se trata del mayor caso de corrupción en la época democrática.