El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, han protagonizado una imagen que hace un año y medio era impensable. Es "un ejemplo de que se pueden llegar a acuerdos", aseguran a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de las circunstancias en las que se ha desarrollado el encuentro.
En son de paz, y tras dos horas de reunión cara a cara y al más alto nivel en la sede de la Junta, han sellado un acuerdo para concretar una alternativa a la polémica ley que supondría la ampliación de regadíos en el entorno de Doñana. Esta iba a quedar aprobada el próximo martes.
El acuerdo ha llegado in extremis, pero ha llegado. Tras darse una tregua de un mes en la guerra política que las dos administraciones llevan arrastrando desde hace meses, con dos procesos electorales de por medio, ambos han comparecido para anunciar un plan trabajado de forma coordenada por un bien común: compatibilizar la preservación de Doñana con la economía de la zona.
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Este plan está dotado con más de 350 millones de euros y será otro paralelo al que presentó la ministra en Almonte hace casi un año, que contemplaba también una inversión de 356 millones, pero en este caso estará consensuado entre ambas administraciones. Ambos planes suman más de 700 millones.
Una de las propuestas que ya avanzó el Ministerio fue la expropiación de fincas colindantes para reducir los derechos de riego y para frenar su deterioro en definitiva, aunque en esta comparecencia no han adelantado ninguna medida. Sin embargo, desde el Ministerio aseguran que no comprarán los suelos para evitar que se amplíe el regadío.
Después de casi dos años de hostilidades, insultos y acusaciones, esta reunión es "un ejemplo de que se pueden llegar a acuerdos", insisten estas fuentes. Ambos mandatarios, de hecho, han valorado el paso dado tras posiciones enquistadas.
Salvando las distancias con los pactos que se podrían llegar a nivel nacional entre el PP y PSOE porque se trata de un asunto muy concreto, según reconocen estas mismas fuentes, la imagen que se proyecta hacia el ciudadano sin duda es positiva.
De hecho, el pasado mes de junio y tras casi 12 horas de comparecencias en la comisión que analizó en el Parlamento andaluz esta proposición de ley, la mayoría de los afectados, desde los propios agricultores hasta la comunidad científica, veían alcanzar un pacto de Estado como única salida a su situación actual.
Habría sido el Gobierno central el que, según fuentes del Ejecutivo regional, contactó con la Junta para mantener esta cita que, hasta hace muy poco, supeditaban como condición previa a la retirada de la norma.
Desde el Gobierno andaluz están satisfechos porque entienden que este paso dado por el Ministerio vaticina una posible solución para un conflicto enquistado desde hace mucho tiempo. Es decir, consideran que ha sido la propia Junta la que ha forzado al Ejecutivo a mover ficha en este asunto.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante una reunión con la ministra Teresa Ribera.
Durante su intervención, Juanma Moreno ha subrayado que el aplazamiento de la polémica ley no significa sus retirada. Se trata de una tregua. De hecho, en caso contrario, los populares activarán la tramitación de la norma que se ha quedado a un paso de su aprobación.
"Nunca hemos dejado a los agricultores tirados y no lo vamos a hacer ahora", aseguró el portavoz y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, tras el consejo de Gobierno.
En esa línea, Moreno ha justificado ese aplazamiento del debate final de la ley "en beneficio de un nuevo tiempo en el que podamos dialogar, conversar, construir, mejorar, proponer; en definitiva, de poder avanzar".
Reunión con los agricultores
Fue la semana pasada, tras aplazarse la votación en principio para no coincidir con la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, según fuentes del partido, cuando se produjo esa llamada por parte del Ministerio.
La condición que se pidió al Ministerio es que se sentaran con los agricultores, circunstancia que se produjo esta misma mañana para conocer su postura y su problemática de primera mano. De ahí que el Gobierno central anunciara el lunes esta reunión y la Junta la hiciera oficial unas horas antes cuando ya sabían que los agricultores estaban dispuestos a dialogar sobre este nuevo plan.
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El objetivo final es un acuerdo definitivo sobre Doñana y que se pueda cerrar la sanción de la Unión Europea y el posible veto de la Unesco y sacar a Doñana del foco internacional.
La ministra, por su parte, ha destacado la intención de dialogar con todos, incluidos por supuesto estos agricultores afectados que ven de nuevo cómo se paraliza la ley 24 horas antes de que entrara en el orden del día para su aprobación final.