La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha activado el proceso para ejecutar la sentencia del procedimiento específico del caso ERE, es decir de la pieza política. El objetivo es que los 16 ex altos cargos condenados, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, comiencen a cumplir las penas. 

En el caso del primero, notifica su condena de inhabilitación durante nueve años por prevaricación, mientras que en el segundo pone en marcha, sin concretar fecha, su posible entrada en la cárcel por malversación para comenzar a cumplir su condena de seis años.

Todo ello tras confirmar la Sala Segunda del Tribunal Supremo hace casi un mes las condenas y que no hay duda de que, en el caso de Griñán, conoció y permitió que se pagaran ayudas sociolaborales a sabiendas del "descontrol" y de "las gravísimas ilegalidades".

También que no hizo nada para impedir el mayor fraude en la concesión de ayudas sociolaborales que se ha producido en España, un total de 679,4 millones de euros.

En concreto, este mismo martes la Audiencia ha dictado un auto en el que pide a la Fiscalía Anticorrupción y a la acusación popular, que ejerce el PP, que se pronuncien sobre la suspensión de la ejecución del ingreso en prisión de Griñán y de los otros ocho ex altos cargos condenados a penas de cárcel por malversación.

Por tanto, los populares formarán parte del debate, aunque su postura no será vinculante ante la decisión que tome el tribunal. La Fiscalía tampoco. La postura del PP siempre ha sido clara al respecto: "Las sentencias están para cumplirse", dijo hace unas semanas el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, cuando el Supremo confirmó el fallo.

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Esta petición se ha cursado mientras se tramitan los indultos parciales que todos han pedido al Ministerio de Justicia. En el caso de la esposa y los hijos de Griñán lo han cursado por razones de "humanidad y equidad" para intentar librarle de la condena de seis años de prisión y de 15 de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación.

En este mismo auto, consultado por EL ESPAÑOL y facilitado por el TSJA, se requiere a los penados por el delito prevaricación, entre ellos el expresidente de la Junta Manuel Chaves, y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, para el cumplimiento de la pena de inhabilitación absoluta a la que fueron condenados. En el caso del primero la condena asciende a nueve años.

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En el escrito también la sala da cuenta de la composición del tribunal que se va a encargar de la ejecución de las penas. El tribunal está integrado por los magistrados Pilar Llorente, Patricia Fernández y Enrique García López-Corchado.

Desde que el Supremo confirmó la pena, la defensa de Griñán, José María Calero, está intentando ganar todo el tiempo posible para dilatar el ingreso en prisión a sus 76 años. Ese ingreso depende precisamente de la Audiencia sevillana, al ser el órgano judicial encargado de ejecutar su condena tras remitirle el fallo el alto tribunal.

Rebaja a dos años

A finales de septiembre su defensa formalizó ante el Supremo un incidente de nulidad  en el que solicitó precisamente la suspensión de la pena y, en paralelo, una moderación de la misma. En concreto que la condena se rebaje a dos años con el fin de que no pise la prisión al no contar con antecedentes penales.

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Este incidente de nulidad es previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que también prevé la defensa del expresidente andaluz, con la idea de solicitar a su vez mediante este instrumento la suspensión de la ejecutoriedad de la sentencia condenatoria. Mientras tanto, la cuenta atrás ya ha comenzado.