La Junta de Andalucía se ha topado con los tribunales a la hora de decretar el cierre perimetral de la localidad granadina de Montefrío. Sin embargo, sí podrá hacerlo en los municipios de Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz).
Todo ello después de que el Gobierno haya dejado en manos del Supremo las restricciones que puedan tomar las comunidades tras decaer el estado de alarma. A alto tribunal recurrirá la Junta para poder 'confinar' la citada localidad granadina, que cuenta con una tasa superior a los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes.
En estos casos, las secciones Primera y Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, han ratificado el cierre en esas tres localidades, pero otra sección distinta, la Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ andaluz, lo ha denegado en Granada. Esta última decisión ha sido tomada por los doce magistrados que la componen y contra la misma se ha anunciado un voto particular.
El tribunal autonómico aprecia en los tres primeros casos "la necesidad, idoneidad y proporcionalidad" de esta medida frente a la Covid-19 desde el 9 al 15 de mayo, ambos inclusive. No obstante, en Montefrío los magistrados ven este confinamiento como una restricción "indiscriminada de un derecho fundamental".
Este último auto, consultado por EL ESPAÑOL, considera que las restricciones de derechos fundamentales no pueden realizarse de "forma indiscriminada y masiva" y que la norma que debía amparar esta restricción, La Ley de Salud Pública, "alude a personas concretas y determinadas".
Al Supremo
Por su parte, la Junta de Andalucía va a recurrir este auto al Tribunal Supremo con el fin de establecer la misma estrategia a la hora de decretar estos cierres perimetrales en toda Andalucía. Para ello, tienen que superar la tasa de 1.000 casos por cada 100.000, según el criterio estipulado por el comité de expertos.
En el citado auto, el TSJA considera que "se está imponiendo una restricción indiscriminada de un derecho fundamental, hasta el extremo de que afecta, incluso, a aquellos ciudadanos que ya estuvieron vacunados".
Junto a ello, apunta a que el precepto "adolece de una imprecisa redacción". Y en la hipótesis de que la norma admitiera distintas interpretaciones, "deberá optarse por aquella que resulta más favorable al ejercicio de derechos fundamentales".
El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.
Sin embargo, en el caso de las localidades en las que sí avala el cierre consideran que debe "prevalecer el derecho a la salud pública" ante "el alto poder de contagio y el grave riesgo" que existe para la ciudadanía y que determinó la declaración del estado de alarma.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado en esta jornada que si el Tribunal Supremo rechaza los recursos de las comunidades a las que los Tribunales Superiores autonómicos denieguen las restricciones, "hay que mirar al futuro, que se llama vacunación, vacunación y vacunación".
"Es un disparate"
En la rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha lamentado que esta situación se debe a la decisión del Ejecutivo nacional de "judicializar" la lucha contra la pandemia tras decaer el estado de alarma. Lo considera "un disparate".
Lo normal sería que los juzgados tomen decisiones "coherentes", pero en este caso existen posiciones diferentes. "¿Cómo se explica esto?, se ha preguntado el consejero. Las comunidades, sin estado de alarma, no pueden limitar derechos fundamentales y tienen que acudir a la justicia.
A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido "subcontratar la gestión de la pandemia", dejando en manos de la justicia lo que él no quiere hacer. "En vez de facilitar el camino, el Gobierno central ha optado por "judicializar la vuelta a la normalidad y que las comunidades se entiendan con el Tribunal Supremo".
Para Bendodo, con este escenario, se "trata de pelear contra la pandemia con un brazo atado a la espalda, y es muy difícil".
Vacunación a profesionales esenciales
La Junta de Andalucía va a empezar a administrar dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna a alrededor de 71.000 profesionales esenciales, de menos de 60 años de edad. Éstos se habían quedado "descolgados" de la campaña de inmunización después de que se paralizara la administración de AstraZeneca a menores de esa edad.
El Gobierno andaluz no va a esperar al Estado y va a empezar ya a vacunar con vacunas de esas dos farmacéuticas a profesionales esenciales como profesores, efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y bomberos.
Al respecto, Elías Bendodo se ha quejado de que Andalucía cuenta a día de hoy con "en torno a 200.000 dosis de AstraZeneca en las neveras" porque el Gobierno no ha permitido todavía que se ponga a menores de 59 años. Sin embargo, es de las que más dosis envía.
Si no lo hace en un mes, la Junta tomará su propia decisión y empezará a inocular de manera voluntaria con este tipo de vacunas a quienes ya recibieron la primera. Está avalada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y duplicada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
A su juicio, el portavoz del Ejecutivo andaluz ha acusado al Gobierno central de actuar como "el perro del hortelano: ni gobierna ni deja gobernar, ni actúa ni deja que las comunidades autónomas actuemos".
Como apunte, Bendodo ha destacado que solo unos 35.000 andaluces se han negado a vacunarse en lo que va de campaña, en la que se han administrado más de 3,4 millones de dosis de vacunas.
De forma inmediata la Consejería de Salud y Familias pondrá en marcha el plan 'Un millón por semana', una estrategia de vacunación masiva diseñada para la administración de esta cantidad de dosis de lunes a domingo. Para ello es habilitarán hasta 545 puntos de vacunación con 911 equipos.
De igual modo, la Junta ha elaborado un protocolo de manejo de las secuelas del virus. El objetivo principal es ofrecer una asistencia integral y multidisciplinar centrada en el paciente con Covid persistente, con el fin de lograr su recuperación funcional e integración completa en la sociedad.
Por último, el Gobierno andaluz ha lanzado "un llamamiento a la responsabilidad" de la población para que no actúe "como si hubiera acabado la pandemia" al haber decaído el estado de alarma. Si se produce un repunte en las próximas semanas, la Junta no descarta un endurecimiento de las restricciones.