Pedro Sánchez no parece tener plan B. Después del galimatías declarativo de sus ministros este lunes, cuando Juan Carlos Campo, titular de Justicia, primero abrió la puerta a cambios legales y luego la cerró, Sánchez solo propuso "vacunas", recurso al Consejo Interterritorial de Salud y confianza en la "nueva etapa que estamos abriendo".
Sánchez ha pedido este martes "coherencia" a la oposición, a la que reprochó "echar de menos el estado de alarma ahora después de haberlo rechazado". También seguridad jurídica y "garantías legales" porque, dijo, "una ley ordinaria nunca será la vía de restringir derechos fundamentales". Y es que si hay una cosa que el presidente tiene clara es que "el estado de alarma es el pasado".
En resumen, que si el Tribunal Supremo rechaza los recursos de las CCAA a las que los Tribunales Superiores autonómicos denieguen las restricciones, "hay que mirar al futuro, que se llama vacunación, vacunación y vacunación", ha dicho.
Sánchez: "El estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro"
De hecho, fuentes de su Gobierno consultadas por este diario consideran que ya se ha hecho todo, con el decreto aprobado la semana pasada, y que las palabras del ministro Campo planteando un "posible cambio legislativo" en caso de que "así lo sugiera el Supremo" fueron malinterpretadas: "El ministro volvió a hablar por la tarde", explican estas fuentes, "y lo matizó". Cierto, pero antes dijo lo que dijo.
Caos nocturno
El presidente del Gobierno ha comparecido junto a su homólogo argentino, Alberto Fernández, en las escalinatas de Moncloa. Con el heredero de Cristina Kirchner, Sánchez ha confirmado su visita oficial a Argentina dentro de menos de un mes, el 8 y 9 de junio.
Pero Sánchez, a pesar de las buenas palabras, tuvo que hacer frente a los avatares nacionales que avisan a su Gobierno. Esencialmente, el caos originado por la salida del estado de alarma sin nuevas herramientas jurídicas con las que amparar las restricciones socioeconómicas que quieran imponer las CCAA.
Sánchez fue preguntado por el posible plan B de su Ejecutivo en caso de que sus deseos de "ayuda" por parte del Tribunal Supremo se vean truncados. A finales de semana, la Sala Tercera deberá pronunciarse sobre el recurso presentado por el Gobierno canario ante la negativa de su TSJ a aceptar el toque de queda, por ser una restricción a los derechos fundamentales que los tribunales no consideran que puedan ser planteadas por los gobiernos regionales.
"El mayor ataque a derechos"
Minutos después comparecía María Jesús Montero, acompañada de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de la ministra Reyes Maroto. La ministra portavoz del Gobierno fue extremadamente contundente contra la ley de pandemias del PP, el plan B propuesto por Pablo Casado: "Es el mayor ataque contra las libertades y los derechos fundamentales registrado en el Congreso en mucho tiempo", dijo.
El Ejecutivo pretende defenderse atacando después de las críticas que le llegan de todos los frentes -oposición, socios parlamentarios, gobiernos autonómicos e incluso del propio Tribunal Supremo. "Este Gobierno va a ejercer la tutela de los derechos fundamentales", ha aclarado, "y eso pasa por que cualquier afectación de los mismos sea aprobada por dos poderes distintos".
María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, y Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera, en Moncloa.
Según el Ejecutivo, las restricciones ante la pandemia tienen dos vías. La actual, es decir, que las CCAA planteen medidas y que sean los tribunales los que dictaminen. O la previa, el estado de alarma, en la que es el Gobierno de la nación el que lo decreta y debe ser avalado por el Congreso.
Fuentes de Moncloa aclararon, a este respecto, la afirmación de Sánchez en los jardines de palacio: "El estado de alarma es el pasado, pero si lo pide una Comunidad Autónoma aportando sus datos epidemiológicos, el Gobierno lo decretará en su territorio".
"Eso es absolutamente imprescindible", ha insistido Montero. "Y en la situación actual, el recurso al Tribunal Supremo garantiza la continuidad y el equilibrio de criterios". Para Moncloa, no es aceptable "ninguna de las iniciativas que planteen quitar el paraguas" de la protección de las libertades a través de dos poderes distintos.
De hecho, Montero se dirigió personalmente a los periodistas en la sala para instarles a que lean el plan registrado por el PP. Montero no sólo lo ha calificado de "inaceptable", también ha tratado de desacreditarlo jurídicamente: "Es un único artículo que deja exclusivamente a los Gobiernos la capacidad de poder anular los derechos fundamentales de los ciudadanos".
El Gobierno aprobó la semana pasada un decreto para que las CCAA puedan acudir al Supremo y que éste imparta doctrina que unifique los criterios. El sí a la Comunidad Valenciana, con una de las menores tasas de Europa, y él no a País Vasco, con la Covid disparada, han provocado un caos que el Gobiernos desea que arreglen los jueces del Alto Tribunal.