El Ministerio del Interior ha activado a todos los antidisturbios que tienen repartidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un dispositivo sin precedentes, ante las tractoradas con las que protestarán en los próximos días los agricultores de muchas de las ciudades del país.
Según apuntan diversas fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska a EL ESPAÑOL, el lunes se produjo una reunión al más alto nivel a la que acudieron el Director General de la Policía, Director General de la Guardia Civil, el comisario general de Seguridad Ciudadana (responsable de los antidisturbios), entre otros.
Allí se decidió el considerable operativo que se va a llevar a cabo. Las 12 unidades de las UIP que hay por toda España, compuestas por 52 grupos de policías antidisturbios estarán en alerta y desplegados en los próximos días.
Se trata de un total de 2.000 agentes especializados en mantener el orden público. Junto a ellos también participarán las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), y las brigadas de Información de cada provincia.
Junto a ellos también se activan los casi 2.000 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, que cumplen la misma función que sus homólogos en la Policía Nacional.
Sumados a estos dos cuerpos, se ha decidido desplegar también a los efectivos de todas las policías autonómicas con el objetivo de evitar que los agricultores y sus tractores sigan entrando en las ciudades o colapsen los centros logísticos de reparto de alimentación para todo el país.
Los grandes distribuidores y las empresas de logística ya están acusando los cortes de carreteras por las protestas del campo. Los retrasos están a la orden día. Y miran con preocupación las próximas jornadas: el jueves las organizaciones agrarias oficiales se suman a las protestas y el sábado lo harán los transportistas de la Plataforma Nacional del Transporte por Carretera, que ha convocado un paro indefinido.
Preocupación
Esa es ahora mismo la mayor preocupación del Gobierno, según las fuentes consultadas. Esta tarde se va a producir otra reunión de alto nivel a la que se sumarán más actores como el Ministerio de Transportes y el de Agricultura.
El operativo está diseñado con la intención de respetar el derecho a la movilización, pero casándolo también con el derecho de la ciudadanía a transitar y proseguir con su vida cotidiana sin que se paralice el país.
Interior ha ordenado a sus efectivos "actuar con la contundencia necesaria, denunciando administrativamente o instruyendo el correspondiente atestado si fuera necesario si hay resistencias o desobediencias" de los trabajadores del campo.
La indignación del campo español está desbordando esta semana todas las previsiones. Miles de agricultores han tomado las principales carreteras de media España en una gran tractorada 'sorpresa': no forma parte del calendario oficial de movilizaciones de las organizaciones agrarias, que han decidido replicar en nuestro país las protestas que recorren Europa.
El grito que saca a la calle a los agricultores es contra la Política Agraria Común (PAC), que piden flexibilizar. Al igual que sus compañeros en el resto de Europa, los agricultores españoles exigen que se simplifique la última versión de esta política, que lleva un año en vigor con nuevos requisitos que asfixian su trabajo diario.
El ministro del Interior ha defendido este martes la necesidad de garantizar dos aspectos "muy importantes" como es el derecho a la manifestación de los agricultores y mantener el suministro de los servicios esenciales y que los ciudadanos puedan desarrollar una "vida segura y tranquila".