El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha presentado en la Comisión Europea una "pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita" acerca de la reciente decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de ceder a la Justicia de Guinea Ecuatorial la investigación contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del dictador del país, Teodoro Obiang.
Carmelo Ovono estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por, supuestamente, haber secuestrado y torturado en 2019 a cuatro activistas contrarios al régimen de su padre. Dos de ellos tenían DNI español y habían servido en nuestras Fuerzas Armadas. Para ello, según los informes de la Policía Nacional incluidos en el sumario de la causa, Ovono habría utilizado un avión presidencial.
El asunto del escrito registrado por Cañas es el siguiente: "Riesgo de vulneración de la legislación europea por jurisdicción española en investigación sobre secuestro terrorista por parte de Guinea Ecuatorial".
Y la cuestión reza así: "¿Considera la Comisión Europea que esa cesión de jurisdicción viola la Directiva (UE) 2017/541, relativa a la lucha contra el terrorismo, que impone en su artículo 19 la obligación de que los Estados miembros ejerzan su jurisdicción en casos de terrorismo cuando los delitos afecten a ciudadanos europeos? ¿Qué acciones piensa emprender la Comisión para garantizar que el Reino de España cumpla con dicha directiva y, de esa manera, proteja los derechos de los ciudadanos europeos?".
Ahora, Bruselas deberá responder por escrito acerca de la decisión de Pedraz de ceder la investigación a la antigua colonia española, gobernada desde 1979 con puño de hierro por el que es el padre del principal investigado. Ovono, además de hijo del dictador, es un alto cargo de su régimen. Concretamente, el encargado de la llamada Inteligencia exterior (el espionaje internacional).
Fotomontaje de la fachada de la Audiencia Nacional y Carmelo Ovono Obiang, hijo de Teodoro Obiang.
Tal y como publicó EL ESPAÑOL, la Policía Nacional acusó a este dirigente de crear una empresa en Marbella, dedicada a inversiones inmobiliarias, y utilizada, en realidad, para encubrir las vigilancias y seguimientos orquestados por el régimen de Guinea contra opositores residentes en España. Algunas de estas operaciones, de hecho, habrían tenido lugar en pleno centro de Madrid.
Además, el Parlamento Europeo pidió sanciones para las autoridades de Guinea Ecuatorial tras hacerse público este caso y pidió colaboración a EUROJUST y a EUROPOL para combatir esta "práctica habitual" consistente en el secuestro de opositores ecuatoguineanos.
Un secuestrado ha muerto
Uno de los dos españoles supuestamente retenidos por Carmelo Ovono murió hace más de un año y las autoridades del país africano se niegan a repatriar sus restos para que una autopsia aclare las circunstancias del deceso, que el régimen dictatorial achaca a una supuesta enfermedad que contrajo en prisión. Por contra, el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R) considera esta muerte "una represalia".
El fallecimiento se produjo poco después de que el juez del caso, Santiago Pedraz, cambiase de opinión y ordenase a la Policía que, en vez de detener a Ovono, le notificase la querella en su contra. De esta forma, pudo volver a Guinea Ecuatorial. Posteriormente, se ha negado a declarar ante la Audiencia Nacional.
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema.
No obstante, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, el mismo día en el que Pedraz cedía la investigación a Guinea, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia superior al juez, le ordenaba convertir esta causa en un sumario. Este modelo, a diferencia del procedimiento abreviado/diligencias previas, otorga a la Sala la última palabra acerca del archivo de la causa o el procesamiento de los investigados. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también se ha opuesto a la cesión de la jurisdicción a Guinea Ecuatorial.
"Es incomprensible"
En declaraciones a EL ESPAÑOL, Jordi Cañas tacha de "incomprensible" y "difícil de justificar" que Pedraz ceda esta investigación a la Justicia "de una dictadura como la de Guinea Ecuatorial, a la que el juez considera imparcial".
El juez Santiago Pedraz en una imagen reciente.
Pese a las advertencias de diversas organizaciones internacionales, el magistrado, en la resolución en la que renunciaba a seguir con las riendas del llamado caso Obiang, manifestaba que no aprecia motivos para dudar de que la investigación vaya a desarrollarse en el país africano con las debidas garantías.
"Es especialmente difícil de justificar que el juez Pedraz insista en hacer eso cuando una de las personas implicadas es el propio hijo del dictador. No se entiende tampoco que no se tuviera en consideración el arduo trabajo realizado por la Policía española, cuyas investigaciones determinaron que algunos de los hechos delictivos tuvieron lugar en España", añade Cañas.
"Esta pregunta se inscribe en el marco de las acciones que Ciudadanos ha estado liderando en el Parlamento Europeo para visibilizar la terrible situación en Guinea Ecuatorial y las constantes vulneraciones de derechos humanos que afectan también a ciudadanos españoles y, por ende, europeos, como fue el caso de Julio Obama", detalla, en alusión al exmilitar nacionalizado español que murió en una cárcel de Guinea Ecuatorial.