La ITV beneficiada por la alcaldesa de Móstoles está ligada a Tecnove, la firma que sobornó a militares

ITV Móstoles SL, la empresa beneficiada irregularmente por el Ayuntamiento de Móstoles, comparte estrechos vínculos con el grupo Tecnove SL, cuyo administrador único fue condenado en 2018 por sobornar a altos mandos del Ejército para obtener contratos del Ministerio de Defensa.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado procesar a la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posse, y a siete concejales de su equipo de gobierno, acusados de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el llamado caso ITV.

La investigación judicial tiene su origen en una querella interpuesta por Más Madrid, según la cual la alcaldesa madrileña y su Junta de Gobierno han causado un quebranto de 1,8 millones de euros a las arcas municipales, al condonar parte de la deuda que ITV Móstoles SL mantenía con el consistorio y reducirle a menos de la mitad el canon que debe pagar hasta 2041.

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Desde marzo de 2013, la concesionaria de la ITV de Móstoles tiene como apoderado a Jesús Vicente González-Ortega Tajuela, que ha ocupado el mismo cargo (entre 2018 y 2021) en Tecnove SL —condenada por sobornar a altos mandos del Ejército— y en su filial Tecnove Telecom SL.

González-Ortega asumió la función que hasta entonces había ocupado Francisco Pardo Piqueras, quien en agosto de 2018 cesó como vicepresidente y apoderado de Tecnove SL, al ser nombrado director general de la Policía en el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Jesús Vicente González-Ortega es, además, familiar directo de Eusebio Ramírez González-Ortega, el exadministrador único de Tecnove que en 2018 fue condenado por el Tribunal Supremo como autor de un delito de cohecho, por sobornar a dos tenientes coroneles del Ejército de Tierra para obtener contratos públicos.

Los vínculos no acaban aquí. Desde noviembre de 2016, ITV Móstoles SL tiene como administrador único a la sociedad Dimacose Patrimonios, representada por Mónica Ramírez Moreno-Manzanaro. Su hermano, Carlos Ramírez Moreno-Manzanaro es a su vez apoderado de Carbrimo SL, la matriz del grupo Tecnove.

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El exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono adquirió recientemente cinco inmuebles a través de la empresa Tojosama 14 SL. Esta mercantil comparte sede social en Madrid con Tecnove SL. Ambas aparecen domiciliadas en la calle Joaquín Bau, 2 de la capital. Aunque la sede principal de esta última está ubicada en Herencia (Ciudad Real).

Tal y como informó EL ESPAÑOL, tras la condena a su administrador por sobornar a altos mandos del Ejército, Tecnove ha recibido durante los últimos cinco años 30 millones de euros en contratos públicos. 

El caso ITV se inició con una querella presentada por dos concejales de Más Madrid-Ganar Móstoles, formación que, entre junio y octubre de 2019, sostuvo el gobierno local de PSOE y Podemos.

Según los concejales Susana García y Gabriel Ortega, la Junta Municipal presidida por Posse aprobó, de forma "fraudulenta", una quita de la deuda de 615.000 euros a la empresa concesionaria ITV Móstoles SL.

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Los dos ediles de Más Madrid responsabilizaron a los miembros de dicha Junta de Gobierno del "fraccionamiento, sin ningún tipo de intereses ni garantía, a nada menos que 30 años", del resto de la cantidad que adeudaba la empresa y "la reducción del canon del 2020, y de los años subsiguientes hasta 2041, a menos de la mitad [de 147.653 euros anuales a 60.000]". A juicio de los querellantes, esto último supondría "un perjuicio para las arcas públicas, sin contar el IPC, de 1.840.725,39 euros".

Ortega y García también acusaron al Gobierno de Noelia Posse de haber obviado, de forma deliberada, los informes del interventor del ayuntamiento, el encargado de supervisar sus finanzas, quien se opuso de forma contundente a la condonación de la deuda.

Tal fue su oposición que acabó remitiendo un informe al Tribunal de Cuentas. En él, alertaba de las posibles "responsabilidades en que se pudiera incurrir, tanto de naturaleza administrativa como contable e incluso penal".

Este órgano, tal y como publicó este diario, continúa investigando el caso. Y ya ha solicitado al Ayuntamiento de Móstoles que informe de "quiénes fueron los responsables" que acordaron la reducción del canon municipal, a fin de determinar las "presuntas irregularidades contables" de esta decisión del consistorio de la segunda ciudad más grande de Madrid.

'Caso ITV'

El interventor, tras dos décadas en el cargo, fue cesado por el Ayuntamiento el 5 de mayo de 2021 —un día después de las elecciones autonómicas en Madrid; las del 4-M— alegando "pérdida de confianza" por su supuesta mala gestión de las cuentas de una empresa pública. Por su parte, la oposición municipal tachó su destitución de represión por haber denunciado ante el Tribunal de Cuentas este presunto caso de corrupción. No obstante, la Justicia anuló su cese.

Asimismo, en un informe, el Ministerio de Hacienda —que se pronunció sobre la destitución del interventor, ya que este cargo tiene habilitación nacional— avaló holgadamente la labor del funcionario y no apreció ninguna "falta de diligencia en el desempeño de sus funciones legalmente asignadas".

En su declaración ante la juez instructora, la alcaldesa Noelia Posse, candidata a revalidar el cargo en las próximas municipales, tachó la querella presentada por Más Madrid de "política" y ciñó su actuación a un intento de que el consistorio, al menos, pudiera cobrar parte de la cantidad adeudada por ITV Móstoles y "salvara los puestos de trabajo".