La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reiterado este domingo su defensa cerrada a la ley sólo sí es sí. Pese a que el Gobierno, finalmente, admite la necesidad de reformar su contenido tras las cerca de 300 rebajas de penas a agresores sexuales y violadores. Además de una veintena de excarcelaciones de condenados por estos delitos.
Según la integrante de Podemos, esta regulación es un "avance" para todas las mujeres y su intento de derogarla responde a "presiones" contra la "coalición progresista". "La derecha quiere que volvamos al calvario probatorio de la agresión sexual. Y no queremos que nos pregunten otra vez si nos resistimos, sino que pregunten si consentimos, que es lo que ponemos en el centro", aseveró.
Montero hizo estas declaraciones en un acto de Podemos en Lanzarote. De forma simultánea, en un mitin del PSOE en Cantabria, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, evitó hacer toda referencia a este asunto. Es más, protagonizó un firme alegato en defensa de las mujeres.
"La historia de los avances de los derechos de las mujeres en España se llama PSOE", se limitó a manifestar el dirigente socialista tras hacer referencia al episodio del presunto protocolo antiaborto en Castilla y León. Una polémica que, de hecho, el Gobierno dio por cerrada hace unos días.
Moncloa ha admitido que están estudiando posibles retoques a la norma estrella de Igualdad. Las motivaciones a las que arguyeron fuentes del Ejecutivo son evitar problemas como los que ha habido desde que entró en vigor, refiriéndose a las rebajas de condenas. Desde la formación morada, sin embargo, ya han puesto una línea roja al cambio: que se retroceda a la norma anterior.
Este domingo la ministra de Igualdad no quiso desvelar lo que se mueve alrededor de la ley. Lo que sí repitió una y otra vez es que todas las críticas hacia esta regulación provienen de "una derecha política, mediática y judicial" que quiere dar pasos atrás. Por eso, aseguró: "Vamos a proteger el corazón de la ley. Quiero recordar que es el resultado de la lucha feminista y de la lucha democrática".
Además, Montero subrayó que desde que empezaron a pergeñar la norma estaban "dispuestas a asumir las consecuencias". Esas consecuencias eran las polémicas, pero también los "ataques indecentes" desde todos los frentes.
"Es una china en el zapato y tiene muchos enemigos desde la derecha mediática y judicial", expresó. "Hemos sufrido ataques especialmente antidemocráticos, pero es una ley que surge porque miles de mujeres se rebelaron contra sentencias como la de La Manada, donde se hablaba de que era abuso y no agresión", incidió.
La ministra ha enfatizado que esta norma es "el resultado de la movilización de miles de mujeres". "Queremos poner el centro el consentimiento. Y la pregunta no es si nos resistimos ante una agresión, sino si la consentimos. Y si no consentimos, están vulnerando nuestra libertad sexual", dijo la ministra de UP. Después recordó que la firma de esta Ley es un proceso iniciado con el MeToo y el alzamiento de voz de miles de agredidas y que la intención, desde el principio, era proteger a la mujer.
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Según Montero, la norma permite que tengan un apoyo con todos los recursos posibles. Y que luego depende de los tribunales su aplicación. "La mayoría lo está haciendo correctamente, pero hay una minoría que ha decidido bajar penas", puntualizó.
Por ello, ha comparado lo que está sucediendo con la Ley Contra la Violencia de Género firmada en 2004. En esa línea, aseguró que también hubo quien la obstaculizaba. Se puso en duda si era o no constitucional y, por tanto, quedaron en pausa. "Hubo un 158% de aumento de sobreseimiento", recordó.
La ministra resaltó que la ley está siendo valorada fuera de España y que es aquí donde las presiones hacia el Gobierno están ubicándola en el centro del debate público. "Nos felicitan organismos internacionales y en el Parlamento Europeo quieren llevarla a más estados miembro y que sirva de ejemplo", explicó. "Hemos hecho todo lo necesario, y seguimos viendo sus beneficios", sentenció.
Otro de los temas que sacó a relucir la ministra fueron la regulación del precio del alquiler y la Ley de vivienda que están negociando con sus socios de Gobiernos y demás grupos del Hemiciclo, o la intervención en los precios de los alimentos. En este sentido, Montero volvió a acusar a Juan Roig, como ya habían hecho otros de sus compañeros de partido: "Ningún poderoso es innombrable, porque lo que no se nombra no existe".