Navarra, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha y, obviamente, Madrid son las ocho regiones en las que los médicos ya han convocado (o están protagonizando) movilizaciones para reivindicar mejores condiciones laborales y subidas salariales.
Por su parte, el sector de la enfermería ha decidido apuntar directamente en sus protestas al Gobierno de Pedro Sánchez. El sindicato de enfermería SATSE ha convocado una protesta para este martes, a las 11 horas ante el Congreso los Diputados, con el fin de exponer sus reivindicaciones.
El sindicato se ha citado frente al Congreso tras dos años de "secuestro" de la Ley de Seguridad del Paciente, cuya aprobación debe acarrear un aumento de plantillas de enfermería.
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La normativa, que fue aceptada a trámite gracias al procedimiento de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), lleva más de dos años sin avanzar en la Mesa del Congreso. Un trámite que, tal y como han denunciado desde el sindicato, bloquea el PSOE.
Por ello, el sindicato SATSE afirma que va a ser "muy crítico" con el PSOE y con la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
No es la primera vez que el sindicato se va a manifestar por esta cuestión. También lo hicieron el año pasado, coincidiendo con el primer aniversario del bloqueo, y recibieron el apoyo del PP, Vox y Unidas Podemos. Los tres partidos se comprometieron a trabajar para desbloquear la ley, pero su tramitación no ha avanzado ni un milímetro.
Rosa Mendel y Juan Antonio Delgado (diputados de Unidas Podemos) junto al presidente de Satse, Manuel Cascos.
La Cámara Baja admitió a trámite el proyecto de ley con el apoyo de la gran mayoría de los grupos (sólo votó en contra ERC). Desde entonces, denuncia el sindicato, el PSOE bloquea la tramitación del texto en la Mesa del Congreso, mediante el procedimiento de ampliar indefinidamente el plazo de presentación de enmiedas.
El objetivo principal de la norma es regular el número de enfermeras por pacientes a su cargo, dentro del sistema sanitario español. Este modelo establece una ratio similar a la que existe en el ámbito educativo con el número de alumnos por profesor.
En educación
En un primer momento, ERC y PNV se mostraron contrarios a la norma por considerar que invade competencias autonómicas. Por su parte, el sindicato alega que las citadas ratios ya existen en otros ámbitos como el de la educación.
En el caso de los maestros, el Ministerio del ramo pone un máximo de alumnos por docente. A partir de ahí, cada comunidad autónoma puede mantener esta proporción o rebajarla. Por tanto, las autonomías tienen un margen, dentro del mínimo establecido.
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El sindicato SATSE pide que se establezca una norma similar en el ámbito sanitario. De hecho, ya emitió un documento en el que estimaba posibles ratios para distintos servicios. Puesto que no es lo mismo el número de pacientes que pueden estar al cargo de una enfermera en el área de críticos, que en planta.
Dos de los principales escollos que ha encontrado la tramitación de esta norma es la insuficiencia presupuestaria (pues su entrada en vigor implicaría contratar a más enfermeras y eso supone un coste adicional) y que "choca" con las competencias autonómicas.
El sindicato SATSE defiende, por su lado, que su proyecto de ley es "perfectamente viable desde el punto de vista económico", ya que su aplicación sería "progresiva" y ayudaría a corregir el "déficit estructural e histórico de enfermeras que sufre el país".
El proyecto de ley ya se presentó inicialmente en el Congreso de los Diputados durante la legislatura de Mariano Rajoy mediante el proceso de Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Para ello se recogieron firmas de cerca de 700.000 ciudadanos.
Las ILP son el único modelo que prevé la legislación española para que sean los ciudadanos quienes propongan normas, en lugar de los cargos públicos.
Tras la disolución del Gobierno y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, la norma fue tomada en consideración en el Pleno celebrado el 15 de diciembre de 2020. Con 312 votos a favor y 10 en contra. Desde entonces, se ha prorrogado al plazo de presentación de enmiendas parciales en un centenar de ocasiones.