Representantes de las enfermeras procedentes del Sindicato de Enfermería, SATSE, se concentrarán este miércoles, 1 de diciembre, frente al Congreso de los Diputados para denunciar que los partidos políticos están "bloqueando" la Ley de Seguridad del Paciente.
La normativa, que se aprobó hace un año en la Cámara Baja, debe de pasar por su tramitación parlamentaria para su posible entrada en vigor. Ese camino, que no suele alargarse más de unos meses, se está demorando sin razón aparente.
El objetivo principal de la norma es regular el número de enfermeras por pacientes a su cargo dentro del sistema sanitario español. Este modelo establece una ratio similar al que existe en el ámbito educativo con el número de alumnos por profesor.
El sindicato SATSE ha denunciado en varias ocasiones que los partidos políticos han bloqueado en su tramitación parlamentaria la puesta en marcha de la ley. Según los partidos, los principales "problemas" que ven a la ley es su implicación presupuestaria (habría que contratar a más enfermeras y eso supondría un coste) y que "chocaría" con las competencias autonómicas. El Sistema Nacional de Salud (SNS) está transferido.
Aunque ningún partido se ha pronunciado públicamente, sí reconocen que contratar a las 130.000 enfermeras que necesitaría España supondría un "alto coste" para las arcas públicas.
Desde el sindicato SATSE defienden que su proyecto es algo "perfectamente viable desde el punto de vista económico", ya que sería "progresivo" y ayudaría a corregir el "déficit estructural e histórico de enfermeras que sufre el país".
El coste de contratar a estos profesionales sanitarios sería de, al menos, 3.900 millones de euros, teniendo en cuenta que el salario medio es de 30.000 euros brutos anuales, según adelantó Invertia. El economista Álvaro Hidalgo explicó a este medio que esta retribución varía en función de las guardias, por tener especialidad y las aportaciones a la Seguridad Social. Por lo tanto, esta cantidad podría aumentar.
El propio sindicato realizó un estudio en el que aseguraban que, sólo para llegar a la ratio media de enfermeras que hay en otros países del entorno europeo (similar al que piden en su ley), haría falta contratar unas 130.000 profesionales más de las que hay en la actualidad.
Una historia de bloqueos
Esta ley se presentó en el Congreso de los Diputados durante la legislatura de Mariano Rajoy mediante el proceso de Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Es decir, que para que se elevara hasta la Cámara Baja se recogieron las firmas de cerca de 700.000 ciudadanos españoles.
Las ILP son el único modelo que prevé la legislación española para que sean los ciudadanos quienes propongan normas, en lugar de los cargos públicos.
Tras la disolución del Gobierno y el posterior nombramiento de Pedro Sánchez, la norma fue tomada en consideración en el Pleno celebrado el 15 de diciembre de 2020. Con 312 votos a favor y 10 en contra. Desde entonces, se ha prorrogado al plazo de presentación de enmiendas parciales hasta en 30 ocasiones.
Manuel Cascos, presidente de SATSE a las puertas del Congreso.
En un primer momento, se denunció que tanto los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) como los de la oposición estaban presentando prórrogas en este proceso. Según informaciones del propio sindicato, en las últimas semanas los grupos que la bloqueaban eran el PP y el PNV. Este último sería el culpable actual de que la norma no avance. Paradójicamente, el País vasco es de las pocas autonomías que se acerca a los ratios que reclama el sindicato.
Según datos del propio sindicato, la ratio de enfermeras por cada 1.000 habitantes en el País vasco es de 7,16, mientras la media del resto de España es de solo 5,3. Además, la vasca es la comunidad autónoma que mayor gasto dedica a sanidad, unos 1.800 euros por habitante y año.
El problema
Las enfermeras tienen claro que no van a dejar en manos de la improvisación la ley: quieren que incluya una memoria económica y que no sea un brindis al sol, como explicaba en una entrevista con EL ESPAÑOL el presidente del sindicato SATSE, Manuel Cascos.
Lo cierto es que todos apoyaron la tramitación de la norma en sus fases iniciales, durante el mes de diciembre, cuando daba los pasos preliminares en su trámite parlamentario. Tanto la toma en consideración (como su posterior evaluación) fueron aprobadas por unanimidad.
El único partido que se mostró contrario a la ley fue ERC. En mayo de 2021 presentaron una enmienda a la totalidad. Finalmente, esta enmienda fue rechazada y los grupos acusaron a ERC de torpedear la iniciativa.
Para ERC el problema era de competencias y no de dinero, algo que parece que coincide con la perspectiva del PNV. Si la ley de ratios se convierte en una norma nacional, "decidirá" sobre aspectos regionales como las plantillas de profesionales sanitarios. Bien es cierto que esto ya ocurre en otros ámbitos como, por ejemplo, las ratios educativas que regulan el número de alumnos por profesor.