El PSOE tiene previsto presentar este viernes una enmienda a la reforma del Código Penal para garantizarse, parcialmente, la renovación del Tribunal Constitucional (TC).
El Partido Socialista estudia esta vía para que puedan tomar posesión de su cargo como miembros del máximo intérprete de la Constitución los dos candidatos elegidos por el Ejecutivo (el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la directora general de Presidencia y catedrática Laura Díez), sin necesidad de esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a los otros dos que le corresponden.
Las negociaciones para ello en el órgano de gobierno de los jueces, por el momento, siguen estancadas por la falta de acuerdo entre el sector progresista y el conservador.
Por ello, Moncloa pretende, mediante esta vía, que al menos el TC se renueve con los dos candidatos elegidos por el Ejecutivo. Y lo hará mediante una enmienda a la reforma del Código Penal prevista para un asunto totalmente ajeno a éste: la reforma que afectará al delito de sedición.
La Constitución Española, en su artículo 159, establece que la renovación del Constitucional debe hacerse por tercios de sus 12 miembros. El mandato de los magistrados del TC dura nueve años.
En este caso, de los cuatro magistrados que deben renovarse ahora, al Gobierno le corresponden dos, misma cantidad que al CGPJ. Pero el Consejo General del Poder Judicial aún no ha nombrado a los suyos, debido a la falta de acuerdo.
Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL señalan que la fórmula elegida por el Gobierno podría ser similar a la que el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón introdujo en la Ley Orgánica del Poder Judicial en junio de 2013, para desbloquear la elección de los vocales del CGPJ.
La fórmula Ruiz-Gallardón
A través de aquella reforma, Ruiz-Gallardón estipuló que podrán tomar posesión de su cargo los vocales del CGPJ designados por el Congreso, aunque el Senado no haya nombrado a sus representantes. Y a la inversa.
Del mismo modo, señalan las citadas fuentes, el PSOE introduciría ahora una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para que puedan asumir su cargo los dos magistrados designados por el Gobierno, sin esperar a que el CGPJ elija a los suyos.
Imagen del edificio del Tribunal Constitucional
La elección consensuada de los dos miembros del Tribunal Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial se aleja más cuanto más se acerca el día 22, fecha en la que los dos sectores de la institución se han comprometido a efectuar una votación.
El grupo progresista —integrado por ocho vocales propuestos por PSOE, IU y PNV— ya comunicó a los conservadores que mantiene al magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés como único candidato y no aceptan debatir sobre su idoneidad, ni sobre la de los candidatos que pueda proponer el grupo mayoritario, el conservador.
La situación es crítica, porque de lo que haga el CGPJ depende que se desate una crisis institucional en el TC, dividido en torno a si es constitucional dar entrada a sólo dos de los nuevos miembros —los dos del Gobierno— en una renovación que, tal y como está establecida por el momento en la Carta Magna, debería ser de cuatro.
La otra gran cuestión pendiente es la renovación del propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PP decidió romper la negociación el pasado mes de octubre, después de que Pedro Sánchez confirmara a Alberto Núñez Feijóo su intención de reformar el delito de sedición, tal como le exigen los independentistas.
Ante la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha promovido dos reformas de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. En la primera, aprobada en marzo de 2021, el PSOE retiró al CGPJ sus competencias para efectuar nombramientos de jueces y magistrados, mientras se encuentre en funciones (es decir, en prórroga de mandato, como está actualmente).
El PP presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma, por considerar que el Poder Ejecutivo arrebata sus competencias al Judicial, pero el TC todavía no se ha pronunciado al respecto.
Como el PP se negaba a ceder a las pretensiones del Gobierno, el PSOE y Podemos sacaron adelante el pasado mes de julio en las Cortes una nueva reforma de esta Ley 6/1985, que levantaba parcialmente el veto anterior, para permitir que el CGPJ pueda nombrar únicamente a los dos magistrados que le corresponden para el Tribunal Constitucional.
Y debía hacerlo en un plazo concreto, que venció el pasado 13 de septiembre. Desde entonces se mantiene el bloqueo, debido a la falta de acuerdo entre el sector conservador y el progresista del CGPJ.
[El Gobierno elige al exministro Campo y a la catalana Laura Díez para el TC sin esperar al CGPJ]
Después de que el PP rompiera las negociaciones, el pasado mes de octubre, Unidas Podemos ha pedido reiteradamente al PSOE modificar de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial —sería la tercera vez en dos años—, con el fin de rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el CGPJ.
Si esta propuesta sale adelante, el PSOE y sus socios podrían designar a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el voto del principal partido de la oposición, el PP.
Una vez tomen posesión de su cargo como miembros del Tribunal Constitucional el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Presidencia Laura Díez deberán abstenerse a la hora de resolver los recursos sobre cualquier iniciativa en la que hayan participado como miembros del Gobierno.
Como ministro de Justicia, Juan Carlos Campo fue el encargado de proponer los indultos a los condenados por el Supremo por el golpe del 1-O. Ahora, deberá abstenerse, por ejemplo, cuando corresponda al Constitucional resolver el recurso interpuesto por el PP contra la medida de gracia concedida a los cabecillas del procés.