La Fundación Filia de Amparo al Menor, que la Comunidad de Madrid ha financiado con más de 158.000 euros, facilita a los Juzgados de Madrid informes con datos falsos, que sirven para condicionar la decisión de los jueces en procesos relativos a la protección, guarda y custodia de menores.
EL ESPAÑOL ha podido constatar estos hechos en el caso de dos menores, a los que una juez de Móstoles impide reunirse con su madre desde hace más de ocho meses, por recomendación de la Fundación Filia.
Tras el divorcio de la pareja, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Móstoles decidió retirar temporalmente a la madre la guarda y custodia de ambos niños, para entregárselos al padre (que acaba de ser condenado a más de siete años de cárcel por delitos de corrupción), atendiendo a los informes elaborados por el Servicio de Coordinación Parental de la Fundación Filia.
La juez tomó esta decisión basándose en un informe de la Fundación Filia, que invoca el "síndrome de alienación parental" —que la nueva Ley de Protección Integral del Menor prohíbe utilizar en procesos judiciales desde el pasado mes de junio— y acusa a la madre de haber desplegado todo tipo de "estrategias" para "destruir los vínculos afectivos" de los niños con su padre.
De nuevo atendiendo a los informes firmados por la presidenta de la Fundación Filia, Lucía del Prado, la juez acordó el pasado 12 de noviembre prorrogar estas medidas, prohibiendo a la madre que se comunique por cualquier medio con sus hijos.
En su auto, la juez insta a la Fundación Filia a remitir un informe semanal a la madre y a los Juzgados para informar sobre el estado de los niños (cuya identidad preserva este diario, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia).
Fragmento del auto del pasado 12 de noviembre en el que la juez de Móstoles ordena a la Fundación Filia remitir un informe semanal al Juzgado y a la madre sobre el estado de los pequeños.
EL ESPAÑOL ha podido constatar que estos informes semanales incluyen datos falsos. Por ejemplo, un informe remitido el pasado 13 de febrero al Juzgado y a la madre asegura que el padre "se mantiene al corriente del abono" de la pensión de alimentos de los hijos.
Es falso. Tan sólo dos semanas después, el Juzgado de lo Penal número 24 de Madrid condenó al padre como autor de un delito de abandono familiar, tras constatar que adeuda desde febrero de 2017 más de 49.000 euros correspondientes a la pensión alimenticia.
Usó "pantallas societarias"
Esta sentencia constata que el padre ha utilizado prácticas de "opacidad fiscal" y "pantallas societarias" para ocultar su patrimonio y simular que era insolvente, con el fin de no pagar la pensión. De hecho, fue condenado el pasado mes de abril por la Audiencia Nacional a más de siete años de cárcel como autor de varios delitos de corrupción.
Los informes semanales remitidos por la Fundación Filia a los Juzgados y a la madre también informan de notables progresos registrados por ambos menores en su actividad académica, mientras permanecen bajo la custodia del padre.
El informe remitido por la entidad el pasado 28 de marzo aseguraba que uno de los muchachos "ha aprobado todas las asignaturas de la Segunda Evaluación", mientras que su hermano menor había suspendido tres. También era falso.
Después de ocho meses sin poder mantener ningún tipo de comunicación con sus hijos, la madre por fin pudo conversar con ellos a finales de abril por videoconferencia. Sin ninguna intimidad, ya que durante toda la conversación permanecieron conectados de forma telemática la presidenta de la Fundación Filia, Lucía del Prado, una psicóloga contratada por el padre y un tercer interlocutor que ocultaba su identidad, escuchando pero con la cámara apagada para no dejarse ver.
Mentiras académicas
En esta videoconferencia, los menores dejaron en evidencia algunas de las mentiras incluidas en los informes que la Fundación Filia remite al juez. La progresión académica de los muchachos no era la consignada. El menor reconoció que en la primera evaluación del curso había suspendido ocho asignaturas y su hermano seis.
En cuanto a la segunda evaluación, el mayor había suspendido dos asignaturas (la Fundación aseguraba en su informe que había aprobado todas) y el menor había suspendido seis (la Fundación sostenía que había suspendido sólo tres).
La conversación por videoconferencia dejó al descubierto otras falsedades incluidas en los informes semanales sobre los hábitos de ambos menores, como la práctica de deportes o sus salidas para visitar a otros amigos.
Los informes que Filia remite a la juez y a la madre están llenos de consideraciones psicológicas sobre el estado afectivo de los pequeños y su relación con el progenitor.
“La adaptación a las nuevas medidas evoluciona de manera satisfactoria y sorprendente rapidez y eficacia", señala el informe del Servicio de Coordinación Parental del pasado 27 de octubre, "la evolución de la relación paterno-filial está progresando y asentándose de modo muy favorable y sanadora para los menores". Este informe está firmado por la presidenta de la fundación, que es licenciada en Publicidad.
Apariencia de imparcialidad
Otro informe fechado cinco meses después, el 28 de marzo, indica al respecto: "Continúa el progreso positivo de proceso revinculador paternofilial. Ambos continúan demostrando, de forma espontánea, muestras de cariño hacia el padre, lo que pone de manifiesto el progresivo avance hacia la normalización de la relación paterno-filial, a resultas de su mantenimiento al margen de los focos de conflicto".
Lo cierto es que, durante los ocho meses que ambos pequeños han permanecido apartados de su madre, sólo han sido examinados por dos psicólogos, los dos contratados y pagados por el padre. La juez de Móstoles había encomendado a la Fundación Filia la labor de mediación en este conflicto familiar por su "neutralidad y objetividad".
Pero la fundación basó sus informes dirigidos al Juzgado en las apreciaciones personales del padre y las conclusiones de los psicólogos contratados y pagados también por el padre, como si fueran fruto de su propia evaluación. Incluyendo los datos falsos sobre las calificaciones escolares de los niños o el dato falso de que el padre está al corriente de pago de la pensión de los pequeños.
Se trata por tanto de informes con datos falseados, basados en la versión de una de las partes, sin verificar siquiera su veracidad, bajo la apariencia de un servicio imparcial de mediación familiar financiado por la Comunidad de Madrid.
Tras lograr, gracias a los informes de la Fundación Filia, que la juez le entregara la guarda y custodia de sus hijos menores de edad, el padre ha comunicado ahora al Juzgado que no tiene intención de cumplir su condena de siete años de cárcel por corrupción, ya que tiene que cuidar a los pequeños: "Este ejercicio de la tutela exclusiva de los dos menores haría inviable la privación de libertad", argumenta en su escrito.
La presidenta de la Fundación Filia y directora de su servicio de Coordinación Parental, Lucía del Prado, es licenciada en Publicidad y con anterioridad ha gestionado una agencia de modelos para la organización de eventos y espectáculos. Ha sido condenada tres veces entre 2006 y 2015 por abandono familiar, por negarse a pagar la pensión alimenticia de sus propias hijas y por vulnerar su régimen de guarda y custodia, como ha desvelado EL ESPAÑOL.
Una marca comercial patentada
Pese a ello, los informes que Lucía del Prado firma ahora como directora del servicio de Coordinación Parental de la Fundación Filia son determinantes para retirar la custodia de los hijos menores a uno de los progenitores.
Desde 2018, la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid ha subvencionado a la Fundación Filia con más de 158.000 euros: 85.192 en diciembre de 2018, 35.269 en enero de 2021 y 38.380 en diciembre del mismo año, según los datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas.
Las dos subvenciones otorgadas en 2021, que suman 73.649 euros, ya bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, tienen como finalidad poner en marcha el servicio de Coordinación Parental en los Juzgados de la Comunidad, que se presta de forma teóricamente gratuita a las familias implicadas. Varios jueces de Madrid recurren a este servicio a pesar de que en España no está regulado por Ley.
Fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid señalab que estas subvenciones se otorgaron atendiendo a criterios exclusivamente técnicos -y en ningún caso por criterios políticos o ideolígicos-, con cargo al 0,7% del IRPF. Y recalcan que la Coordinación Parental de Filia no forma parte de la cartera de servicios que la Consejería pone a disposición de las familias madrileñas.
La Fundación Filia también obtiene una parte de sus ingresos de los cursos de postgrado que imparte en varias universidades, para formar a "coordinadores parentales".
La Fundación que preside Lucía del Prado registró el 7 de abril de 2014 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el término "coordinador parental" como marca comercial nacional, para usos psicológicos, jurídicos y empresariales.
La Fundación Filia patentó la marca comercial "coordinador parental".
Cinco años después, el 18 de octubre de 2019, Filia amplió el registro de esta marca para actividades formativas, educativas y culturales. De este modo, la entidad que dirige Lucía del Prado se asegura el "monopolio" en la formación de los "coordinadores parentales" y su posterior intervención en procesos judiciales de familia.