Decenas de piscinas han empezado a cerrar en ciudades de toda España, tanto de gimnasios privados como de instalaciones públicas. La razón: el coste inasumible de su mantenimiento tras dispararse el coste de la energía. Por ello, sus gestores han solicitado al Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, que les consideren sector "vulnerable" y les reduzcan el IVA.
Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, la cadena de gimnasios Supera, gestionada por Sidecu, ha sido una de las primeras en anunciar el cierre temporal de sus instalaciones. Un total de 20 piscinas en 10 de sus centros deportivos.
Los cierres de la cadena Supera afectan, por ahora, a piscinas climatizadas y spa de Valencia, Oviedo, Santander, Almería, León, Pontevedra, Marbella, Estepona, Móstoles y Parla. Esto supone el 35% de las piscinas de la cadena distribuidas por toda la geografía española.
La empresa se ha mostrado dispuesta a devolver la parte proporcional del dinero a los afectados. Aun así, sus contratistas, ayuntamientos de todo signo político, les han acusado de incumplimiento de contrato.
Desde ayuntamientos como el de Burgos y el de León aseguran que la empresa está incurriendo en una irregularidad, aunque son conscientes del alto precio de la energía y de que, cuando se firmó la adjudicación, no se preveía semejante incremento del coste de mantenimiento.
El sector llega además a esta situación fuertemente golpeado por la pandemia de Covid, debido a las restricciones. El coste de la energía supone, para estas instalaciones, la segunda partida más importante tras los costes de personal.
Sus características especiales (abiertos de lunes a domingo y con un horario ininterrumpido) les obliga a cerrar o a trabajar a pérdidas. Según sus cálculos, "el precio del gas y la luz ha incrementado un 300% su partida respecto al año pasado".
Sector "invisible"
La voz de alarma se dio esta semana desde la Comunidad Valenciana, donde varios centros empezaron a notificar los problemas que suponía para su viabilidad el alto coste de la luz. "Todos los gestores de los centros deportivos se plantean cerrar sus instalaciones, pero es muy difícil tomar la decisión", apunta Alberto García, gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas.
García teme que ocurra lo mismo que durante la pandemia, que se les ha tratado igual que a bares o restaurantes en lo que respecta a las restricciones sanitarias. Además, denuncian que "para las ayudas" han sido un sector "invisible".
Hay más casos. La Piscina Municipal de Vejer, gestionada por la Delegación Municipal de Deportes del ayuntamiento gaditano, también ha anunciado su cierre, ligándolo a la huelga de transportistas.
El motivo, según fuentes municipales, es que debido a la huelga de transportistas, la piscina cerrará por falta de combustible. "Ante la imposibilidad de recibir el combustible, se ve obligada al cierre provisional de la piscina", han alegado.
Entre la espada y la pared se encuentra también la piscina de Lieiro, en Lugo. Desde el Ayuntamiento han asegurado que tienen que buscar soluciones ante la "desorbitada factura de la luz", que ha pasado de suponer 2.000 euros a las arcas municipales a 10.600 en el mes de enero.
En estos momentos, la factura de la luz de los gimnasios se ha incrementado entre un 300% y un 400% convirtiéndose en la partida más importante "junto con el personal". García reconoce que es un incremento que afecta de "manera principal" a instalaciones con piscina, porque su mantenimiento dispara los costes.
El gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas insiste en que su sector "no ha recuperado facturaciones prepandemia ningún mes", en contraposición a otros como el turismo que, durante la campaña de verano, sí obtuvieron beneficios. Los gimnasios españoles se movían, antes de la Covid, en unos cinco millones de usuarios; ahora no superan el millón y medio.
El sector asegura que la solución "no es cerrar piscinas", sino que las administraciones les ayuden.
39 millones
Juan Carlos Gómez-Pantoja, presidente de la patronal de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas en la Comunidad Valenciana, ha sido uno de los más activos en denunciar la situación.
"El Gobierno considera que somos una actividad esencial, pero es no se ha trasladado a una bajada del IVA ni a un mayor presupuesto. No lo entendemos. Se nos ha metido en el mismo saco que el ocio y la hostelería", denuncia.
Y es que Gómez-Pantoja recuerda que muchas personas acuden a sus instalaciones por "prescripción médica". "Cuando nos reunimos con el Consejo Superior de Deportes nos dijeron que teníamos razón, pero luego no nos bajaron el IVA", lamenta.
Según sus cuentas, la pérdida que puede suponer para las arcas del país que los gimnasios bajen el IVA del 21% a 10% es de "39 millones de euros". Cifra que, a su parecer, es "prácticamente" insignificante si se compara con el ahorro que supone acudir al gimnasio para el sistema sanitario.
Sobre los cierres de centros como Supera, Gómez-Pantoja asegura que no es la mejor decisión, pero sí "entendible" por los costes que supone. "Algunos han ocultado el cierre de sus instalaciones en aspectos técnicos. Han aprovechado la subida de la luz para vaciar los vasos de las piscinas y hacer labores de mantenimiento, porque no pueden mantener la factura de la luz", lamenta.