El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que "la ley penitenciaria ni se negocia, ni se negociará", en referencia a la polémica desatada por publicación de un informe de la Guardia Civi en el que se recogen los contactos mantenidos desde 2019 por altos cargos del Ministerio del Interior con el entorno de ETA para discutir los beneficios penitenciarios de los presos
"La ley penitenciaria tiene total transparencia y se aplica con el control judicial oportuno. La ley penitenciaria no se negocia ni se negociará", ha dicho el ministro. "Todos los traslados de presos de ETA han sido comunicados a las asociaciones de víctimas desde el primer momento, como debe ser, y a los medios de comunicacion también".
Señalando que "las instituciones mantienen encuentros con organismos que representan internos", el titular de Interior ha remarcado que "esas relaciones nunca condicionan la aplicación de la ley penitenciaria". Además, ha querido recordar que "este ministro, como otros funcionarios públicos,", fue "una víctima directa de la organización terrorista" por "aplicar la ley".
Desde que estos contactos han salido a la luz, el líder del PP, Pablo Casado, ha pedido la dimisión del ministro y ha reclamado una comisión de investigación en el Congreso sobre la "indigna" negociación de "presos a cambio de votos", mantenida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Gobierno, en las palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, justifican las declaraciones de Pablo Casado con que el PP está "escorado a la extrema derecha, nervioso por las citas electorales que ellos mismos convocan sin que fueran necesarias", y por ello recurre a este asunto a falta de más argumentos, lo que a su juicio es "definitivamente inmoral".
Ha defendido que el Gobierno se mueve en esta cuestión siempre en los parámetros de la ley y en el ámbito de las instituciones penitenciarias y ha recordado que hace ya diez años que la sociedad vasca y española "venció a ETA" y se consiguió que la banda terrorista dejara de matar.
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