Las delegaciones del Gobierno en España tienen, en conjunto, un total de 148 asesores, una plantilla que no ha dejado de crecer pese a las críticas de la oposición, que habla de "contratación de amiguetes". Técnicamente se les conoce como "personal eventual de confianza".
El Ministerio de Política Territorial reserva en su presupuesto de 2022 una partida de casi 5,9 millones de euros para pagar el sueldo de esos 148 asesores. Hace cinco años, en 2017, el Gobierno de Rajoy destinaba 5.193.010 euros para mantener a 142 asesores en las delegaciones del Gobierno, entonces controladas por el PP. Por tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aumentado esta partida en casi 700.000 euros y ha ampliado la plantilla en seis.
La identidad, currículum y retribución de cada uno de los 148 asesores son desconocidos. El Gobierno se niega a facilitar esa información alegando el derecho a la protección de datos. Sin embargo, una sentencia dictada el 16 de diciembre de 2019 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo determinó que la identidad del personal de confianza que ocupa cargos en los máximos niveles de la Administración es una información de interés público.
El último intento por indagar en este asunto ha sido la iniciativa de siete diputados de Vox, que el pasado mes de marzo presentaron en el Congreso una batería de preguntas en la que solicitaban conocer los detalles de estas contrataciones a dedo en las delegaciones del Gobierno.
El Ejecutivo ignoró sus demandas. Se limitó a responder que ese personal tiene asignadas "funciones de confianza o asesoramiento especial", y que no procede dar más información, como nombres, apellidos o currículum, "por afectar a datos de carácter personal". E invitó a los parlamentarios a, en todo caso, consultar presencialmente sólo una parte de esa información.
Cuadro incompleto
El Gobierno facilitó un cuadro con el número de asesores que trabaja en cada delegación. Una información incompleta, pues de los 148 cargos de confianza previstos en los Presupuestos sólo incluye a 131, situados entre los niveles 26 y 30 de la Administración.
Según este listado, 21 asesores desarrollan su labor en la Delegación del Gobierno en Andalucía, que dirige Pedro Fernández Peñalver, donde el PSOE ha tenido que reubicar a varios excargos públicos tras perder el Ejecutivo autonómico. Es el equipo de asesores más numeroso.
Otros 14 asesores están en la Delegación del Gobierno en Cataluña. Las de Galicia, País Vasco y Castilla y León tienen 11 asesores cada una. La delegación en Castilla-La Mancha tiene ocho, las de Madrid, Aragón, Canarias y Extremadura tienen cinco. Por último, hay tres asesores en las delegaciones de Asturias, Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra y Melilla. Entre los cuatro asesores designados a la delegación de Ceuta se encuentra el exsenador socialista Juan Hernández Lozano.
De los 131 asesores incluidos en esta estadística, siete pertenecen al nivel 30, el máximo previsto en la Administración: su sueldo ronda los 52.000 euros anuales (incluyendo un complemento específico de 21.490 euros), a los que se pueden sumar otros pluses por destino o productividad.
Distribución de los asesores en las distintas comunidades, según la información aportada por el Gobierno.
Otros 13 asesores corresponden al nivel 28 de la Administración: su sueldo bruto ronda los 46.000 euros anuales, con un complemento específico de 17.216 euros. El grueso de los asesores, 62, cobra una nómina correspondiente al nivel 26: algo más de 40.000 euros anuales (su complemento específico es de 13.728,54 euros), a los que se pueden añadir otros pluses para redondear sus ingresos.
Nueva denuncia
El pasado 26 de octubre, en la Comisión de Política Territorial, el diputado de Vox Emilio Del Valle volvió a la carga y denunció la "colocación de amiguetes en las delegaciones de Gobierno" con "oscurantismo y sin ninguna transparencia".
"¿Para qué necesita el delegado de Gobierno de Andalucía veintiún asesores? Veintiún amiguetes porque, al final, son amiguetes, y normalmente los nombra el partido", aseguró Del Valle.
También contó que, por lo que han podido averiguar en Andalucía, a alguno de estos asesores ni se les conoce en la Delegación del Gobierno: "Nadie sabe quiénes son ni a qué se dedican. Pero cobran".
Según el diputado de Vox, pese a sus intentos, el Ministerio de Política Territorial sólo les ha permitido consultar "unos papeles llenos de tachaduras", que ocultan los datos principales.