Basta con entrar en Twitter de vez en cuando o con levantar la cabeza del pincho de tortilla para mirar, así, como de refilón, la televisión del bar para saber quién es Iván Redondo. Es el brillante ideólogo de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez, el que vigilará las fake news, el que decide el qué y -sobre todo- el cómo en la Moncloa. Es, a fin de cuentas, un asesor. Lo mismo pasa con Miguel Ángel Rodríguez. Pregunte. Dirán que susurraba al oído de José María Aznar, que una vez le detuvieron por conducir borracho y que ahora es quien mueve los hilos detrás de Isabel Díaz Ayuso. La nueva política, atrincherada perpetuamente en una campaña electoral, ha descubierto a los asesores para convertirlos en estrellas pop.
Sin embargo, esas caras conocidas son la punta del iceberg. Lo que escasea. El mundo de los asesores es, en realidad, un agujero de personas sin nombre aparente, por el que se cuelan millones y millones de euros que van a parar a no se sabe bien qué fines concretos. Son los que están detrás del poder, manejando, sin rendir cuentas ante nadie ya que nadie las ha votado y que, a pesar de que cobran del erario público, la mayoría no se sabe ni quienes son. Y eso que cada vez son más.
EL ESPAÑOL ha analizado los Presupuestos Generales del Estado de 2021, ya encarrilados y que se aprobarán a todas luces el 29 de diciembre, horas después del día de los Santos Inocentes, para descubrir que Pedro Sánchez irá más lejos que nunca y se creará una corte de asesores millonaria. El presidente del Gobierno destina en los Presupuestos nada menos que 15 millones de euros para el pago de su personal eventual -es decir, asesores- en su oficina. Esta cifra, comparada con Mariano Rajoy, es un 115% más elevada que los 7 millones que destinaba el líder popular al mismo fin, según los PGE de 2018, aprobados por Cristóbal Montoro y vigentes aún a día de hoy.
Pero Sánchez no se queda sólo en aumentar el dinero para contratar asesores. También les premiará mejor. El presidente destinará en 2021 una partida de 5,3 millones de euros bajo el etéreo y moldeable concepto de “Incentivos al rendimiento” para su oficina presidencial, formada por funcionarios de carrera y asesores. Esta cifra es mayor que la que tenía Mariano Rajoy, que destinó 4,4 millones en concepto de incentivos para la oficina del presidente del Gobierno. Sánchez ahora le vuelve a superar en un 18%.
“Nosotros hicimos un análisis y se llevó a cabo una reducción del aparato”, comenta a EL ESPAÑOL un asesor de primer nivel del Gobierno de Mariano Rajoy y que ha pedido permanecer en el anonimato. “Ahora la dinámica apunta a que es gente a la que están colocando, gente que viene para quedarse de alguna forma u otra en la Administración”, añade. “La cuestión de los incentivos no es baladí. Es una trampa. Nosotros lo llamábamos bufanda. Con los incentivos se puede triplicar o cuadruplicar el sueldo base de un asesor y, a pesar de que ponga que cobra 1.600 euros al mes, luego en realidad acaba cobrando 7.000 tranquilamente”, añade.
Ya es sabido que el actual Gobierno de coalición liderado por Sánchez y Pablo Iglesias es el que más ministerios tiene de la historia democrática. Se vio que es el que más veces se ha saltado la norma de que las direcciones generales deben estar ocupadas por funcionarios, aumentando así el enchufismo, y que es el que más asesores ha tenido hasta el momento. Ahora se ve que es el que más dinero destina a esos asesores, premiando sobre todo a su corte. Es más llamativo aún en la actual situación de depresión económica.
Señales de alerta
Durante los pasados meses de enero y de febrero, cuando ya se habían quedado antiguas las quinielas sobre el reparto de ministerios, tocaba formar la estructura interna del Gobierno. Y ahí apareció el primer signo de alerta. La luz roja que avisaba de la presencia de dedazos se encendió.
La ley establece que el puesto de director general debe estar reservado a un funcionario. Pero la misma ley abre una grieta: cabe la excepción, que el nombramiento no sea un funcionario, sólo y sólo en el caso de que no se encuentre a nadie apto para el puesto. Esa es la excepción. Pero, hecha la ley…
El Gobierno actual ha aprovechado esa rendija para propiciar 26 excepciones a la norma, multiplicando el legado de Rajoy y el suyo propio, el de Sánchez en su primera legislatura. Durante el mandato de Rajoy, se llegó solo a 10 excepciones y en el primer mandato de Sánchez hubo un total de nueve. Ahora, 26. Y, con ello, se generan casos como el de Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales. Torres no es un funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario, sino un activista animalista que regenta un bar vegano en Madrid. Licenciado en artes, sí que tiene el valor añadido de haber pertenecido a los círculos de Podemos desde sus inicios.
Con los asesores, ahora, la dinámica se agrava. En 2011, cuando Rajoy llegó al cargo de presidente, había en total 123 asesores en el Gobierno. Tras una serie de políticas en las que el propio Partido Popular también ha participado pero no con tanto ímpetu, este verano la cifra de asesores ya era de 777 personas. Así, el tamaño de la Administración va creciendo poco a poco, agigantándose, creando una situación muy difícil de explicar a una ciudadanía que cada vez está más quemada y alejada de la clase política.
Lo más llamativo es que Sánchez ha llegado a esa cifra de 777 asesores usando aún los Presupuestos Generales de 2018, los que ha tenido que ir estirando y prorrogando ante la imposibilidad de sacar los suyos propios adelante. Ahora, sin embargo y a pesar de los intentos de Ciudadanos por influir en los PGE, Sánchez va a recurrir a la misma mayoría de la investidura, con el apoyo de ERC y Bildu, para aprobar sus nuevas cuentas. Y estos partidos independentistas tampoco se centran en reducir los nombramientos a dedo de un Estado que, a fin de cuentas y legítimamente, no sienten como propio. A la vez que muere el discurso de que “no había elección”, esgrimido por Sánchez para justificar a sus compañeros de viaje, crece la dedocracia.
Su gran corte
“Es evidente que están colocando a gente”, remarca el asesor de la época de Mariano Rajoy. “Con esto, enchufas en la Administración y, aunque se ve menos, en las empresas públicas a tus afines. Y ocupan puestos en los que luego, cuando todo acabe, se quedan”, añade. “Se notó mucho tras lo que pasó en Andalucía. Cuando el PSOE dejó de gobernar, se notó como muchos de esos cargos a dedo venían a ocupar puestos en Madrid. Algunos, de asesores; otros, de otras cosas”, apuntala.
Los nuevos Presupuestos destinan a personal eventual -que son asesores, cargos nombrados a dedo- un total de 44,44 millones de euros entre todos los ministerios. Se trata de una cifra un 38% más elevada que los 27,68 millones que tenía Rajoy en 2018. Además, los incentivos al personal de todos los ministerios del Gobierno que, como se ha remarcado, sirven para engordar las nóminas, crecen a 1.072 millones de euros, un 15% más que los 930 millones que destinaba Rajoy. Esto significa que Sánchez no sólo contratará a más, sino que además dispondrá de más dinero para pagar dietas, complementos y retribuciones por productividad.
Si se desgrana exclusivamente la partida dedicada a los asesores del presidente del Gobierno, incluida dentro del enorme Ministerio de la Presidencia, Sánchez dedicará 15,16 millones a sus asesores, a su corte, y les podrá premiar con 5,2 millones en incentivos. Rajoy, en cambio, dedicaba 7 millones al primer concepto y 4,4 millones a los incentivos. Así, las cifras de Sánchez aumentan vertiginosamente, un 115% y un 18% respectivamente. Esto se produce en un momento, además, de recesión económica generalizada en el país, muy alejada de la situación de 2018.
“Con Rajoy se recortó muchísimo”, comenta el antiguo asesor, que conoce bien las interioridades del empleo. “Se recortó en el gabinete del Ministerio para el que trabajaba y había, como mucho, un asesor por cada Secretaría de Estado. Además, había una persona de prensa por cada sitio. Yo sé de gente, ahora, que está en departamentos de prensa y que no son periodistas, sino que son escritores o abogados, amigos, que nada tienen que ver con el trabajo que tienen que desempeñar”, añade.
“Es normal, de todas formas, que en un Ministerio haya una parte de asesores técnicos y otra de asesores políticos. Siempre hay alguien que tiene que hacer los discursos o que tiene que servir de enlace con el partido, esa es la parte más política, pero lo demás es puramente técnico. O así debería ser”, comenta. “Con Rajoy había muchos ministerios que la mayoría de los asesores que tenían eran funcionarios, gente que conoce la casa, y sólo tenían a una o dos personas que venían de la calle, personal eventual”, añade.
Si bien Pedro Sánchez aguantó, más o menos, durante su primer Gobierno, con la dinámica generalizada, el nuevo Ejecutivo ha venido a romper la baraja. Primero, porque ha multiplicado el número de ministerios -de los 13 de Rajoy a los 22 de ahora- para partir el Gobierno a favor de Podemos, dividiendo ministerios únicamente según criterios políticos y no funcionales. Ello ha servido para disparar el número de asesores por cartera.
Y, por otro lado, la llegada de Unidas Podemos al Ejecutivo ha propiciado la proliferación de asesores de mucho perfil político y muy poco perfil técnico. Esto podría deberse a que la formación morada ha llegado al Gobierno antes que a las demás instituciones, por lo que no ha podido reclutar a perfiles técnicos afines y ha recurrido a gente de partido.
El caso de Irene Montero, titular de Igualdad, es paradigmático. La mayoría de sus asesores no funcionarios son gente de partido. Son gente que no ha estudiado nada que tenga que ver con las labores que desempeñan, que han ido oscilando de diputadas a asesoras en el Congreso según los votos obtenidos en las elecciones y que siempre han tenido un puesto, independientemente de la labor del mismo, primando la afinidad a la profesionalidad.
Ministerios millonarios
El ex asesor que ha pedido permanecer en el anonimato remarca que lo más llamativo de todo ello es que el crecimiento de los cargos a dedo del nuevo Gobierno se ha producido con los presupuestos de Montoro aún vigentes. “¿De dónde han sacado el dinero?”, se pregunta. Cree que es posible gracias a que “ahora se ha quitado el control pormenorizado de los Presupuestos, cuando antes tenías que explicar a Hacienda qué ibas a hacer con el dinero; no podías decir que te dejabas 20 millones en lo que quisieras”. “También es posible que lo hayan hecho a cuenta de los presupuestos siguientes”, añade, haciendo referencia a los que se van a aprobar este mes de diciembre.
Esa pregunta, sin embargo, es posible que se acabe quedando en el aire. Ya no va a hacer falta buscar carambolas fiscales porque los nuevos Presupuestos ya recogen ese incremento notable. Así, los ministerios más millonarios, los que más dinero reciben para asesores son los de Presidencia (que dedica 19,8 millones a personal eventual y es donde se incluye la partida específica para Pedro Sánchez), Política Territorial (6,7), Transición Ecológica (2,5), Asuntos Exteriores (1,5), Asuntos Económicos (1,5) y el de Pablo Iglesias, Derechos Sociales, con 1,2 millones de euros. Ahí se ve que las vicepresidencias van premiadas de asesores.
Les siguen de cerca los de Inclusión (con 995.640 euros), Industria (957.210), Interior (927.370), Defensa (848.530), Sanidad (772.070), Hacienda (770.050), Transportes (755.830), Trabajo (749.400), Justicia (738.410), Cultura (728.050), Ciencia e Innovación (55.530), Educación (536.120), Igualdad (526.910), Agricultura (503.340), Universidades (459.650) y Consumo con sólo 395.210 euros.
Este reparto permite ver cómo, por ejemplo, en materia de asesores se premia más a Pablo Iglesias que a Salvador Illa, a pesar de que la pandemia que vive el país se gestiona más eficazmente desde Sanidad. También deja ver que hay algunos ministerios clave, como pueden ser los de Trabajo o Educación -o, incluso, clave para la izquierda como lo es el de Igualdad-, que están en la parte baja de la tabla. Parece más importante proteger y aumentar la corte personal de Pedro Sánchez que la de Salvador Illa, y son más importantes los asesores de Pablo Iglesias que los de su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero, a fin de cuentas, 44 millones dan de sobra para que, en realidad, ganen todos.