La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera que la disposición del exjefe de los servicios secretos de Venezuela Hugo Carvajal a declarar sobre supuestos pagos irregulares a Podemos es una simple "estrategia dilatoria" para demorar su entrega a Estados Unidos.
En una providencia dictada este jueves, la Sala presidida por Alfonso Guevara rechaza la petición del magistrado Manuel García-Castellón de retrasar la extradición del Pollo Carvajal para que declare sobre la financiación irregular de los gobiernos de Venezuela a Podemos.
En cualquier caso, añade la resolución difundida por la Audiencia Nacional, el Pollo podrá declarar ante García-Castellón mediante una comisión rogatoria o por vídeoconferencia desde EEUU, donde la Justicia norteamericana le acusa de colaborar con los terroristas de las FARC (a los que habría facilitado ametralladoras, munición, explosivos y lanzacohetes) para enviar cargamentos de cocaína a EEUU.
La Sala responde así al oficio presentado el miércoles por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el que Manuel García-Castellón informaba de que ha citado a Carvajal a declarar como testigo el próximo día 27, en una causa abierta en 2016 sobre la presunta financiación de Podemos.
Una "estrategia dilatoria"
La Sección Tercera resuelve que “no ha lugar ni a suspender, ni a posponer la materialización de la entrega extradicional a las autoridades de Estados Unidos de América del Norte del reclamado Hugo Armando Carvajal Barrios". Al mismo tiempo, recuerda a García-Castellón que no tiene ninguna competencia para intervenir en el proceso de extradición, que es "exclusiva de esta Sección como única autoridad judicial competente”.
En su providencia, la Sala considera que si Hugo Carvajal tenía interés en declarar sobre la financiación de Podemos, podía haberlo hecho durante los dos últimos años que ha permanecido en España (oculto en Madrid y huido de la Justicia durante el último año, hasta que fue detenido el pasado mes de septiembre por indicación de la DEA, la Agencia antidroga de EEUU).
Si ahora se ha mostrado dispuesto a declarar ante el juez, añade, se trata de una "estrategia dilatoria" para evitar su entrega a EEUU. Al respecto, la Sala de lo Penal recuerda que Carvajal está citado como testigo en el juzgado de García Castellón en un procedimiento que se inició en 2016 sobre hechos anteriores al momento en que el reclamado fue detenido en 2019 en Madrid, a petición de Estados Unidos.
El tribunal aprecia una “estrategia dilatoria” por parte de Carvajal de pretender colaborar ahora con la justicia española, que se añade a la dilación que supuso su fuga. Añade que su posición de testigo no es causa de suspensión de la entrega, ya que la declaración testifical puede realizarse a través de los mecanismos de cooperación jurídica en materia penal suscritos por España y Estados Unidos.
La Fundación CEPS
Por último, la Sala acuerda comunicar este oficio a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, así como al comisario jefe de la Oficina de Cooperación Policial Internacional haciendo saber a este último que “única y exclusivamente atenderá a las órdenes que le remita esta Sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como única autoridad competente para resolver sobre la presente causa extradicional”.
Con la esperanza de frenar su extradición a Estados Unidos, el Pollo Carvajal ha entregado al juez sendos documentos -que ya fueron publicados en España en 2016- sobre supuestos pagos del Gobierno de Venezuela a los fundadores de Podemos (como adelantó EL ESPAÑOL el pasado 30 de septiembre).
El primero es un documento fechado el 28 de mayo de 2008, en el que el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez ordenó pagar 6,7 millones de dólares a la Fundación CEPS, que había sido constituida por un grupo de profesores universitarios españoles.
Entre ellos se encontraban los que luego serían fundadores de Podemos: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón (hoy líder de Más País), Carolina Bescansa, Sergio Pascual, Alberto Montero y Luis Alegre.
Pagos de PDVSA
El segundo documento entregado por el Pollo Carvajal al juez (como anticipó EL ESPAÑOL el pasado 30 de septiembre) es un "punto de cuenta" en el que Nicolás Maduro ordenó a la petrolera estatal PDVSA pagar 142.000 dólares a tres de los fundadores de Podemos: Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez.
El documento está firmado en octubre de 2013, es decir, cinco meses antes del nacimiento de Podemos, que quedó inscrito en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior el 11 de marzo de 2014.
Como concepto del pago firmado por Maduro se hizo constar el «diseño político comunicacional del material audiovisual» para la participación de la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en el XXI Congreso Mundial de Petróleo que se celebraría en junio de 2014 en Moscú. Sin embargo, no consta que Bescansa, Lago y Jerez llegaran a realizar ningún trabajo para PDVSA con motivo de dicho congreso.
Papeles en un "trastero"
Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL señalan que Hugo Carvajal tiene previsto entregar en los próximos días otros documentos sobre pagos a los líderes de Podemos y sobre los contratos de venta de armas de España a Venezuela. Sin embargo, todavía no tiene a su disposición todas estas pruebas porque se encuentran en un lugar seguro en Venezuela.
En concreto, el entorno de Hugo Carvajal asegura que custodia los documentos en un "trastero" próximo a la frontera con Brasil: precisa que un familiar que reside en Venezuela acceda a ese lugar, recupere los papeles y los escanee para enviarlos a España.
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