Los 24 directores generales a dedo que nos cuestan 2,4 millones al año: el enorme desprecio a funcionarios

A Héctor hay una cosa que le apasiona, por la que se desvive: la política. Pasa sus días felizmente como concejal en uno de esos pueblos minúsculos y recónditos de la geografía hasta que le llega su gran oportunidad: un amigo le dice que si quiere aspirar a un cargo grande, de esos con proyección. “Pero si para ese puesto hay que ser funcionario, y yo, no lo soy”, diría Héctor. “No pasa nada, te lo apañamos”, le respondería su colega, ahora más cercano que nunca. Y ahí empieza su nueva vida, su nuevo sueldo, su nuevo todo. Hasta que, menos de un año después, le sabe a poco y lo deja para aspirar a algo más. Decide centrarse en seguir siendo diputado en el Congreso y el cargo por el que tanto se iba a deslomar queda vacante, como a la espera de un nuevo camarada.

Esto, que parece una burda triquiñuela extraída de la serie Vota Juan, el House of Cards cañí, es sólo una parte de un prisma más amplio que está reflejando la realidad de la política española. Nuestro protagonista, Héctor, es Héctor Gómez, antiguo concejal de Desarrollo Local y Juventud del Ayuntamiento de Guía de Isora (20.000 habitantes, en Tenerife) hasta 2015, cuando le nombraron diputado en el Congreso. Este cargo lo dejó en 2018 cuando le nombraron director general del Instituto de Turismo de España. Pasó un año ahí, a la cabeza, y en marzo de 2019 concurrió a las generales y ahora es diputado del PSOE. Dirán las malas lenguas que en todo esto tendrá algo que ver que es miembro de la ejecutiva socialista de Pedro Sánchez. Dirán. Pero Héctor no está solo, es uno más.

Mientras que ahí fuera hay algo a lo que llaman coronavirus que anda arramblando, la maquinaria del amiguismo y enchufismo en la política española sigue su curso, infectando cada día más. Se ve en el dinero: el nuevo Ejecutivo gasta un 11,2% más que el último Gobierno de Mariano Rajoy en sueldos para puestos asignados a dedo, una cifra que en total asciende a 41 millones de euros. Pero donde más se nota todo esto es en el caso de las direcciones generales de cada Ministerio.

En el ya no tan nuevo Gobierno de coalición hay 26 altos cargos, direcciones generales -que en realidad son 24 nombramientos por el Consejo de Ministros y un par aún por nombrar-, a los que se les ha eximido de la obligatoriedad de ser funcionarios. Y en ellos se nota perfectamente cómo, a la vista de todos, se están torciendo las reglas para acabar premiando con puestos y sueldos altos -los directores generales cobran entre 80.000 y 100.000 euros- a amigos de partido. En la última etapa de Mariano Rajoy estos 26 fueron sólo 10 y en la primera legislatura de Pedro Sánchez fueron nueve. Ahora, la cifra se ha triplicado. Así es la nueva política, que huele a cerrado.

Si multiplicamos lo que cobran, redondeándolo en 90.000 euros anuales, estos 26 cargos cuestan un total de cerca de 2,4 millones de euros que van para ellos y no para los funcionarios. Si además dividimos ese dinero entre los 500 euros mensuales (6.000 al año), cantidad que el partido gubernamental Unidas Podemos quiere que ascienda el Ingreso Mínimo Vital, a pagar a partir de este verano, el dato es revelador: con el sueldo de los 26 ‘dedazos’ se podría garantizar la renta mínima a 400 unidades familiares. Más que tienen muchos pueblos de España.

La ley del Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 66, o la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General, en su segundo artículo, establecen claramente que las direcciones generales deben ser ocupadas por funcionarios de la categoría A1. Sin embargo, guardan un punto, diminuto, que establece que si entre el personal de la Administración Pública no se encuentra a nadie, entonces, y sólo entonces, se puede optar por alguien que no sea funcionario, justificándolo debidamente.

Ese pequeño rescoldo se está agigantando en el nuevo Gobierno. Las justificaciones para la excepción, que deberían ser memorias que traten el fondo de la cuestión, se despachan en un par de párrafos publicados en el BOE, a menudo etéreos y contradictorios. Por eso, Fedeca, la asociación que representa a la práctica totalidad de funcionarios públicos pertenecientes al grupo A1, ha impugnado todos estos nombramientos ante el Tribunal Supremo. Los últimos nombramientos se han conocido esta misma semana, en plena crisis del Covid-19. Pero cada cosa a su tiempo; primero, repasemos los más sangrantes.

Los más llamativos

Mientras que Héctor Gómez dejó vacante la dirección general del Instituto de Turismo, el país siguió avanzando a pesar de él y, en 2019, batió un récord histórico de 83,7 millones de visitantes y un gasto de 92.337 millones de euros, prueba de lo necesario que se le intuye. Pero, tal y como se ha recogido, el caso de Gómez no es el único. Pero, ¿por dónde empezar?

Así, casi al azar, se puede hablar de Sergio García Torres, director general de Derechos de los Animales. Él no es un funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario que sabe lo que sufre un toro en la lidia, ni un biólogo que trabaja en Aduanas combatiendo el tráfico de especies exóticas. A él, todo lo que sabe de los animales le llega de su faceta de activista animalista y de su bar vegano, el Pura Vida, en Madrid. Su conocimiento técnico en la materia es nulo, él es titulado Técnico Superior en Artes Aplicadas a la Escultura; tampoco le salva su experiencia, como experto en posicionamiento en línea de empresas de bisutería o dirigiendo las redes sociales de formaciones políticas. Lo que le salva es su cercanía a Podemos desde los inicios del partido.

Junto a ellos está Adriana Moscoso, la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación. Ella es trabajadora en excedencia de la SGAE y, como directora general, desempeña una labor que, entre otras cosas, tiene que controlar y tutelar la SGAE. Su idoneidad es tal que se tiene que inhibir de todos los actos vinculados a la SGAE. También está Patricia Bezunartea, concejala de Podemos Móstoles, ahora directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. Y la lista sigue, y sigue, rozando lo vulgar.

También es llamativo el caso de Santiago Antonio Yerga, director general de Migraciones. En enero, el Gobierno nombró a la cabeza de Migraciones a Irune Aguirrezabal y a Santiago Antonio Yerga lo colocaron como director general de Inclusión y Atención Humanitaria. Sólo tres meses después, el pasado mes de marzo, a Aguirrezabal la cesaron y a Yerga lo pusieron a la cabeza de Migraciones. Pareciera que da igual dónde, lo relevante es que tenga un cargo. Licenciado en Derecho, Yerga fue abogado hasta 2004 pero, lo que más le ha acercado al puesto -parece que el que sea- es que fue coordinador de Políticas Migratorias en la Junta de Andalucía socialista desde entonces hasta 2010.

Cuando sí son funcionarios

Sin embargo, de entre todos estos ejemplos hay algunos que, paradójicamente, sí son funcionarios, a pesar de que el Consejo de Ministros argumentó que entre los funcionarios no se encontraba a nadie apto para el puesto. Es el caso de Luis Cebrián, ahora director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa y antes comandante general de Ceuta. ¿Si el militar es funcionario, por qué se pide la excepcionalidad?

“Eso es lo que nos preguntamos nosotros”, dice Jordi Solé, presidente de la Fedeca que ha impugnado la totalidad de los nombramientos al Tribunal Supremo. “Cuando hacen eso, se desdicen ellos mismos. Justifican en el BOE que no hay ningún funcionario capaz para el puesto y después nombran a un funcionario. La realidad es que quieren colocar a alguien. A veces, ya saben a quién, otras, saben que van a meter a alguien de la lealtad política que sea pero todavía no lo tienen decidido. Luego, entre los cinco candidatos han elegido justo al que es funcionario, y a la vez eso les desmonta el argumento”, dice.

-¿Por qué han presentado el escrito y van a presentar una demanda en el Supremo?

-Porque creemos que es un ejemplo de un mal general del país, que los políticos no entienden una Administración profesional e independiente. En el fondo, nos da igual a quién nombran si tiene experiencia y profesionalidad. Si tuvieran curriculums intachables podríamos tener razón legal, pero no moral. Pero luego ves el nombramiento y te fijas en que están premiando lealtades. Son cosas que hacen daño al país, porque los altos cargos deciden cosas importantes. Si no es la persona mejor preparada, las decisiones no serán las mejores y eso cuesta dinero.

-Con Rajoy fueron 10, con el primer Sánchez fueron nueve, ahora son 26…

-El número en realidad es indiferente. Nos ha dolido especialmente en realidad porque todas esas prácticas de cultura política torticera del pasado, como la corrupción, se han demostrado que son perjudiciales para el pasado. Pensábamos que habíamos aprendido que había que hacer las cosas de otra manera. Pero, como Don Quijote, perseveramos en el horror.

Repasemos ahora, uno a uno, los 26 dedazos del nuevo Gobierno; viendo sus lealtades, su trayectoria y por qué el Consejo de Ministros cree que ellos, y no otros, son las personas adecuadas para el puesto.

Éstos son los 26 dedazos

1. José Félix Tezanos, presidente del CIS.

¿De dónde viene? José Félix Tezanos siempre ha sido un socialista leal a la siglas, ya que se afilió al PSOE en 1973. De hecho, antes de ser nombrado presidente el Centro de Investigaciones Sociológicas, ya hacía encuestas y estrategias electorales para los socialistas. De ahí que aterrizara en el CIS en 2018, dos meses después del éxito de la moción de censura a Mariano Rajoy, que catapultó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. En estos ya casi dos años que lleva Tezanos en el cargo ha sido objeto de muchas críticas por cambiar “la cocina” necesaria corregir los errores en los barómetros electorales. Casualmente, los sondeos desde entonces benefician al PSOE.

Justificación del BOE. El Gobierno de Pedro Sánchez considera que la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas requiere de “perfiles profesionales y experiencia previa tanto en el sector público como en el privado. En particular, por las competencias propias del contenido del puesto de trabajo”. Es decir, en este caso, el Ejecutivo necesitaba a alguien con experiencia en estudios de sociología, la misma de la que goza Tezanos. Y, al parecer, no hay ningún miembro en la Administración Pública de España mejor para el cargo.

2. Mónica Prado, directora general de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes.

¿De dónde viene? Esta periodista ha estado durante dos décadas trabajando como jefa del área de Economía y Estrategia digital de Antena 3. Quizá, por esa trayectoria profesional, en el ministerio que dirige Arancha González Laya pensaron que era la persona idónea para asumir la comunicación de la política exterior de España. De hecho, la comunicadora fue corresponsal en Bruselas desde 2001 hasta 2008. Sin embargo, es reseñable que, pese a su currículum, no es funcionaria de carrera, sino que es uno de los numerosos periodistas que han tenido cargos en este Gobierno.

Justificación del BOE. El motivo de su nombramiento tiene que ver con la necesidad de tener un “conocimiento profundo y relación con los medios” algo que, sin duda, cumple la periodista. Además, el BOE fundamenta su nombramiento en que la elegida debe conocer los “instrumentos de diplomacia pública y de su proyección en los medios de comunicación, tanto nacional como internacional”.

3. Vacante. Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura.

Este es uno de los casos en los que el cargo está vacante. A pesar de que en el BOE se publicó la existencia y excepcionalidad de esta Dirección General, el ministro finalmente decidió que con la Secretaría General, que sí que es un cargo político, no hacía falta nombrar a ningún director general. 

Justificación del BOE. Su excepción para no ser funcionario es “la necesidad de orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales, ambientales y económicos, de forma que la Agenda Urbana pueda dar lugar a mejoras, al menos, en los ámbitos de: la normativa y la planificación, la financiación, el conocimiento, la gobernanza y la transparencia y la participación”. Para ello, a priori, valdría un arquitecto, pero matizan: “todo ello desde una perspectiva multidisciplinar más allá del ámbito exclusivo de la arquitectura o el urbanismo”.

4. Sergio García, director general de Derechos de los Animales.

¿De dónde viene? Sergio García Torres ha tenido muchos y diversos empleos a lo largo de su trayectoria. Ha sido político, de Podemos; y ha trabajado en el departamento de comunicación de varias organizaciones políticas. Es activista animalista y regenta un bar vegano, el Pura Vida, en Madrid. En cuanto a sus estudios, tiene una titulación de Técnico Superior en Artes Aplicadas a la Escultura.

Justificación del BOE. En vez de poner un funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario, optan por él porque “la Dirección General de Derechos de los Animales es absolutamente novedosa y marca un salto en el reconocimiento del respeto a los demás seres vivos, precisando para el titular que ha de diseñar y seguir la aplicación de políticas públicas en la materia un conocimiento profundo de los agentes sociales actuantes en la protección animal y experiencia en las relaciones institucionales entre entidades sociales y administrativas”. García Torres llegó a decir que la leche no es necesaria para el ser humano.

5. Bibiana Medialdea, directora general de Consumo.

¿De dónde viene? Si bien es cierto que Bibiana Medialdea procede de la academia, ya que es doctora en Economía, no es menos cierto que desde hace años tiene profundos contactos con Unidas Podemos. De hecho, es una de las economistas de cabecera de este partido, cuyas propuestas en esta materia ya trascendieron en Vistalegre I. También, ha sido coordinadora del Consejo Asesor de la Auditoría Ciudadana de Deuda del Ayuntamiento de Madrid bajo la alcaldía de Manuela Carmena. Ahora, desde el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, no consideran que esta Dirección General deba asumirla un funcionario.

Justificación del BOE. El Gobierno de España defiende que la Dirección General de Consumo debe estar encabezada por una persona con un “conocimiento transversal del sector y de su realidad jurídica como especializado en la protección y la promoción de los derechos de los consumidores y usuarios”, unos “conocimientos especializados que pueden no estar disponibles en el ámbito de la función pública”.

6. María Teresa Pérez, directora general del Injuve.

¿De dónde viene? Este es un puesto en el que el Partido Popular solía colocar a miembros destacados de Nuevas Generaciones, su rama juvenil. Con Podemos en el Gobierno, el puesto es ahora para María Teresa Pérez, antigua reportera de La Tuerka y Otra vuelta de tuerka, programas presentados por Pablo Iglesias. A sus 27 años y sin ser funcionaria, cobrará entre los 80.000 y 100.000 euros asignados a un director, en su caso directora, general.

Justificación del BOE. Realmente, no la hay. La explicación es que el instituto es el “encargado de promover la igualdad de oportunidades entre los y las jóvenes, propiciar la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural y de impulsar la colaboración con los restantes departamentos ministeriales y las demás administraciones públicas, precisándose un perfil con características no ajustadas a las cualificaciones exigidas a los funcionarios”.

7. Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación.

¿De dónde viene? El caso de Moscoso es paradigmático. Es trabajadora de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) hasta que en 2016 se cogió una excedencia y se fue a trabajar a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. En 2018 fue nombrada directora general de un departamento que, curiosamente, tiene la labor de controlar y tutelar la SGAE. Su idoneidad es tal que se tiene que inhibir de todos los actos vinculados a la SGAE.

Justificación del BOE. A Moscoso no le hace falta ser funcionaria porque, según el BOE, “el diseño, planificación, gestión y promoción de las industrias culturales y de acción y promoción cultural, con un fuerte impulso de dirección política, lo que se denomina economía creativa exige un perfil profesional muy específico que no es fácil de encontrar en función pública”.

8. Vacante. Dirección General de Turespaña.

Este es quizás uno de los casos más sangrantes. La Dirección General está vacante desde marzo de 2019. Su anterior cabeza, Héctor Gómez, diplomado en Turismo, la abandonó para encabezar la candidatura socialista por la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que nadie le relegara en el cargo de director general. Antes de eso, Héctor Gómez fue concejal de Desarrollo Local y Juventud del Ayuntamiento de Guía de Isora (Canarias) y ya fue diputado antes de que le nombraran a la cabeza de Turismo. Pertenece a la ejecutiva socialista de Pedro Sánchez.

Justificación del BOE. De todas formas, el BOE tiene preparado el sitio para que entre en el puesto alguien que no es funcionario. El motivo es que “su titular se encarga de coordinar y liderar a los actores tanto públicos como privados del sector, en que conocimientos complementarios derivados de su experiencia en el sector privado permiten una visión más integral y comprensiva”.

9. Mikel Arana, director general de Ordenación del Juego.

¿De dónde viene? Mikel Arana es un histórico dirigente de Izquierda Unida. De hecho, fue líder de esta formación política en el País Vasco hasta 2012. Pero este mismo martes el ministro de Consumo, Alberto Garzón -también de ese partido-, ha colocado a Arana a cargo de esta Dirección General pese a no tener ninguna experiencia en Juego. A nivel académico, Arana es licenciado en Derecho y tiene un máster en Administración de Empresas.

Justificación del BOE. “Las características específicas de las funciones a desempeñar suponen la exigencia de un conocimiento transversal y requieren que su titular haya demostrado previamente una carrera profesional, en el sector público o privado, que acredite la cualificación y experiencia necesarias para la gestión de un sector y unos agentes económicos específicos, atributos que se corresponden con un perfil profesional que no cabe circunscribir tan sólo a un cuerpo o escala funcionarial en el ámbito de la función pública”, según el BOE. Y Arana no tiene experiencia en el sector del Juego.

10. Vacante. Dirección General del Instituto para la Transición Justa.

Este es uno de los órganos de nueva creación, esta misma semana, y todavía no tiene a nadie asignado para liderarlo. Seguramente se conozca en los próximos días ya que el BOE ha publicado la excepción de ser funcionario. Viene a sustituir al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

Justificación BOE. “El cumplimiento de este mandato requiere la articulación de medidas basadas en la participación social y la promoción de espacios de diálogo, en coordinación con organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, instituciones y entidades públicas y privadas y demás agentes sociales.”

11. Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.

¿De dónde viene? Bezunartea fue nombrada en este cargo el pasado 13 de marzo por Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030. Hasta entonces, ha sido directora de Bienestar Social en el Ayuntamiento mostoleño con Ganar Móstoles, la marca de Podemos en este municipio del suroeste de Madrid. Es licenciada en Antropología Social y Cultural y diplomada en Trabajo Social. Pese a ello, sus estudios siempre han estado enfocados al ámbito de las ONG.

Justificación del BOE. Según el Gobierno de España, “esta Dirección General, de novedosa creación, tendrá que asumir nuevas competencias relacionadas con el reconocimiento y protección de la diversidad familiar y con la elaboración de un marco estatal de servicios sociales de gestión descentralizada, en coordinación con otras administraciones y con el Tercer Sector de Acción Social. Todo ello requiere que su titular cuente con experiencia y conocimiento especializado para la gestión de los servicios sociales relacionados con las nuevas realidades familiares”. Pero Bezunartea, quizá, ha enfocado más su carrera en el Tercer Sector que en las familias, en particular.

12. Boti García, directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.

¿De dónde viene? Boti García siempre ha sido una activista que ha luchado por los derechos LGTBI. De hecho, en 2005 se casó con Beatriz Gimeno, siendo la primera pareja de lesbianas en hacer pública su unión tras la aprobación del matrimonio homosexual en España. Hace siete años, sin embargo, se divorciaron. Pese a ello, García ha formado parte del Colectivo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de España (COGAM) y ha presidido la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), un cargo que le permitió conocer hace años a Irene Montero, actual ministra de Igualdad de Unidas Podemos. “Irene Montero le tiene mucho afecto a Boti”, comentaba a este diario un conocido.

Justificación del BOE. Desde el departamento dirigido por Montero, no consideran que haya en la Administración Pública un funcionario que pueda hacerse cargo de esta Dirección General por lo que era “conveniente excepcionar de la reserva funcionarial el nombramiento del titular”. El motivo: la persona idónea, a juicio del Gobierno, debe tener “experiencia en el sector privado y organizaciones representativas y de la sociedad civil, pues de ellas se derivan buenas prácticas y conocimientos (...) en ámbitos como el de la protección de la diversidad sexual y derechos LGTBI”.

13. Rita Bosaho, directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial.

¿De dónde viene? Rita Bosaho llegó el pasado enero a esta Dirección General a raíz de que su antecesora, Alba González, dejó el cargo por no pertenecer a un “colectivo racializado”, según explicaba ella misma en Twitter. Fue cuando Bosaho asumió el puesto de la mano de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras haber hecho historia por ser la primera diputada negra del Congreso en 2015 con Unidas Podemos. A nivel curricular, Bosaho cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en la sanidad pública y es especialista en cuestiones raciales y de la mujer.

Justificación del BOE. El Ministerio de Igualdad, de esta manera, justificó que Bosaho asumiera esta dirección general -y no un funcionario de carrera-, porque consideran que la persona indicada debe tener “experiencia en el sector privado y organizaciones representativas y de la sociedad civil, pues de ellas se derivan buenas prácticas y conocimientos (...) en ámbitos como el de la protección de la diversidad sexual y derechos LGTBI, y de la igualdad de trato y diversidad étnico-racial”.

14. Santiago Antonio Yerga Cobos, director general de Migraciones.

¿De dónde viene? En este caso ha habido un baile de sillas curioso. En primer lugar, el Gobierno nombró directora general de Migraciones a Irune Aguirrezabal y a Santiago Antonio Yerga lo nombraron director general de Inclusión y Atención Humanitaria. Sólo tres meses después, a Aguirrezabal la cesaron y a Yerga lo pusieron a la cabeza de Migraciones. Pareciera que da igual dónde, lo relevante es que tenga un cargo. Licenciado en Derecho, Yerga fue abogado hasta 2004 pero, lo que más le ha acercado al puesto -el que sea- es que fue coordinador de Políticas Migratorias en la Junta de Andalucía desde entonces hasta 2010.

Justificación del BOE. “Se trata de funciones que requieren unos conocimientos específicos, unos requerimientos técnicos y una experiencia profesional y de relación con organizaciones representativas y de la sociedad civil que justifican que su titular no sea necesariamente un funcionario público y puedan ser también ejercidas por personas que puedan resultar idóneas para su desempeño”.

15. Francisco Miguel Dorado Nogueras, director general de Inclusión y Atención Humanitaria.

¿De dónde viene? Con menos de un mes en el cargo, Dorado Nogueras llega a la Dirección General para sustituir a Santiago Antonio Yerga, que fue recolocado en la de Migraciones. Abogado, Dorado Nogueras ha pasado muy cerca de los entes públicos. De 2000 a 2005 fue diputado de la Junta de Gobierno de Granada (PSOE), así como asesor jurídico del servicio de Atención a Inmigrantes del Gobierno de Granada durante 18 años.

Justificación del BOE. Similar a su contraparte, la justificación es visiblemente laxa. No hace falta que sea funcionario porque se requieren “unos requerimientos técnicos y una experiencia profesional y de relación con organizaciones representativas y de la sociedad civil”.

16. Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030.

¿De dónde viene? A pesar de lo rimbombante del nombre de su cargo, Gabriel Castañares al menos sí que es funcionario. Comenzó trabajando de cartero para Correos y finalmente trabajó como jefe de Gestión y Eficiencia Energética de la Renfe, cargo que ocupaba antes de ser llamado a filas por el nuevo Gobierno. Que se pida la excepción de funcionario, porque supuestamente ese puesto no lo puede desempeñar alguien perteneciente al cuerpo del Estado, y que acabe siendo un funcionario, ejemplifica el amiguismo que rige la situación. Además de su carrera, es cercano a Podemos desde el 15-M.

Justificación del BOE. Para el Gobierno de España, la persona que asuma esta Dirección General “ha de impulsar las actuaciones, a menudo transversales, de un ámbito muy amplio, desde la eficiencia energética hasta la justicia social y la participación en la lucha contra la pobreza en el mundo, requiriendo de su titular una cualificación muy especializada”.

17. Gabriel González, director general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia.

¿De dónde viene? El suyo es, quizás, uno de los ejemplos donde la excepción sí que guarda cierto sentido. González ha pasado por el comité español de Unicef y también por Save the Children en España. Ha dedicado 24 años de su vida en trabajar en las áreas de Educación para el Desarrollo, comunicación e investigación de ambas organizaciones. Esa labor la ha desempeñado en contacto con representantes tanto nacionales como autonómicos y locales.

Justificación del BOE. Como en la práctica totalidad del Ministerio de Pablo Iglesias -Derechos Sociales y para la Agenda 2030-, Gabriel González tampoco es funcionario. El motivo es que “se crean nuevas unidades para el desarrollo de una acción política que trasciende a las normales competencias administrativas, precisándose unas experiencia y cualificación que no se corresponde con la cualificación profesional exigible a ninguno de los Cuerpos de funcionarios de la Administración General del Estado”. En el caso particular de González, es porque justifican que hace falta un conocimiento de las ONG que trabajan en el ámbito.

18. Patricia Lacruz, directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

¿De dónde viene? El caso de la farmacéutica, Patricia Lacruz, en esta Dirección General responde a una suerte de continuismo, porque ya había ostentado el cargo con la anterior ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo; y con su predecesora, Carmen Montón. Anteriormente, desde 2015 y hasta su salto a la política nacional, fue directora General de Farmacia en la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valencia. Siempre, destaquemos, con Gobiernos del PSOE tanto a nivel nacional como autonómico. Fue Montón quien se la llevó consigo cuando saltó de la Conselleria al Ministerio. Ahora, es una de las responsables de la compra de material sanitario -tanto bueno como defectuoso- del Ministerio de Sanidad durante la pandemia del Covid-19.

Justificación del BOE. Para el Ministerio de Sanidad el profesional que se haga cargo de esta Dirección General no debe limitarse a los funcionarios públicos, ya que,el puesto ha de ser cubierto “por personas que hayan demostrado previamente una carrera profesional, que acredite suficientemente la cualificación y experiencia necesarias para organizar y coordinar la ejecución de la política farmacéutica del Departamento”. En este sentido, Lacruz cumple con ese requisito.

19. María José Gálvez, directora general de Libro y Fomento de la Lectura.

¿De dónde viene? Gálvez es licenciada y doctora en Derecho. Además, conoce a fondo el sector editorial español, ya que ha sido directora de Edición y Formación de Tirant Lo Blanch desde 2012. Pese a ello, la jurista no es ninguna desconocida en el PSOE, ya que fue asesora entre 2008 y 2011 de la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega. Y, también, fue subdirectora del Gabinete entre 2004 y 2008 de Manuel Marín González, el socialista que presidió el Congreso en esos años. Ahora, ha vuelto al sector público de la mano del actual ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

Justificación del BOE. El Gobierno de España, defiende en el BOE, que la persona que se tenga que hacer cargo de esta Dirección General debe “conocer el mundo de las letras o, alternativamente, de las empresas editoriales, con conocimientos profundos tanto de las tendencias de la producción literaria como del campo editorial español”. 

20. Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático.

¿De dónde viene? Ulargui, en realidad, lleva cinco años a cargo de esta Dirección General y ha dado igual color político que haya en la Moncloa, ya que ha estado tanto con el Gobierno del PP como del PSOE. De hecho, es una de las mayores expertas en negociaciones sobre cambio climático, sector al que se dedica desde 1999. Aun así, pese a su dilatado currículum en el sector, Ulargui no es miembro de la función pública española.

Justificación del BOE. Ulargui ha pervivido en esta Dirección General por sus altos conocimiento en materia de cambio climático. Así, en el BOE explican que “la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) es el órgano directivo que tiene atribuidas las funciones dirigidas a la prevención del cambio climático, las cuales exigen de unos conocimientos específicos y requerimientos y experiencia técnicos que justifican que su titular no sea necesariamente un funcionario público”. 

21. María Jesús Martín, directora general de Política Energética y Minas.

¿De dónde viene? Es licenciada en Economía y Empresariales pero María Jesús Martín tiene también un postgrado del Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España. Y, aunque no es funcionaria, lo cierto es que desde 1994 trabaja para el sector público, ya que estuvo en el Banco de España entre 1990 y 1994; en el Ministerio de Obras Públicas entre 1994 y 1996 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desde 1996 hasta la actualidad. Su nombramiento podría tener sentido y responde a criterios profesionales.

Justificación del BOE. A María Jesús Martín no le hace falta ser funcionaria porque, según el BOE, “la especificidad de las funciones de la Dirección General de Política Energética y Minas en materia de ordenación general de los sectores energético y minero aconseja que el nombramiento de su titular pueda efectuarse también entre personal de la Comisión Nacional de los Mercados”.

22. Maravillas Espín, directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas.

¿De dónde viene? Espín viene del mundo académico. Concretamente, es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis titulada El socio Trabajador. Criterios para sistematizar la realidad del autoempleo colectivo. Es decir, es especialista en cuestiones de Derecho Laboral. De hecho, ha publicado varios artículos críticos con las reformas laborales en España. De ahí que la ministra de Trabajo de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, haya pensado en su perfil para asumir la Dirección General.

Justificación del BOE. El Gobierno de España considera que “el muy extenso ámbito de la realidad social de las materias competencia” de esta Dirección General no puede ser abarcado por ningún miembro de la Administración Pública. A su juicio, los “conocimientos” que tienen los funcionarios en materia laboral no bastan para el cargo. Por ello, se han nombrado a una persona con “conocimiento de la realidad jurídica y social del tercer sector y del trabajo por cuenta propia” y de “las distintas políticas públicas dirigidas a la promoción del empleo autónomo”. 

23. Pere Navarro, director general de Tráfico.

¿De dónde viene? Navarro sí que es funcionario de carrera. De hecho, hay que destacar que Navarro tiene experiencia dirigiendo la DGT con gobiernos del PSOE, ya que fue director de Tráfico entre 2004 y 2012, es decir, durante las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, logrando hitos como el carné por puntos. Coincidió con el Gobierno de Mariano Rajoy durante un año, pero fue fulminado. Ahora, el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo ha rescatado para volver a esta Dirección General.

Justificación del BOE. Es curioso que el Gobierno de España justifique su nombramiento porque sí es funcionario tipo A1, tal y como demanda la ley. Sin embargo, en el BOE defienden que “la persona titular de la Dirección General de Tráfico puede no ostentar la condición de funcionario público”, sino que puede ser un profesional con “conocimientos complementarios derivados de la experiencia en el sector privado y en el ámbito internacional”. Quizá, en un principio, se pensó en otra persona que cumpliera esas características para el cargo, pero el caso es que el máximo mandatario del DGT, finalmente, es funcionario.

24. Luis Cebrián, director general de Infraestructura.

¿De dónde viene? Antiguo comandante general de Ceuta, Luis Cebrián es idóneo para el puesto, ya que se encarga de la planificación y desarrollo de las políticas de infraestructura, medio ambiente, así como su supervisión y ejecución en el Ministerio de Defensa. La pregunta es la siguiente: ¿si el militar es funcionario, por qué se pide la excepcionalidad? Su nombramiento es contradictorio. Seguramente, se sabía que se quería colocar a alguien pero todavía no se sabía a quién y acabaron optando por un funcionario.

Justificación del BOE. Sin embargo, antes de su nombramiento se consideraba “conveniente excepcionar de la reserva funcionarial el nombramiento”. El motivo es que hacía falta alguien con experiencia previa “tanto en la Administración Pública como en el sector privado y una capacidad contrastada que le permita una gestión más integral de todas sus competencias”.

25. Beatriz Gimeno, directora general del Instituto de la Mujer.

¿De dónde viene? El activismo y la lucha por los derechos de LGTBI y de la mujer siempre han caracterizado a esta licenciada en Filosofía y Letras. De hecho, Gimeno desde los 26 años ha militado en asociaciones feministas. En 2015, saltó a la plana mayor de la política española como diputada en la Asamblea de Madrid por Podemos. Ahora, Irene Montero, ministra de Igualdad, le ha dado esta Dirección General pese a no ser funcionaria.

Justificación del BOE. El Ministerio de Igualdad considera que la funciones que ha de desempeñar la dirigente del Instituto de la Mujer requiere “perfiles profesionales y experiencia previa tanto en el sector público como en el privado. En particular, por las competencias propias del contenido del puesto de trabajo”. Por ello, se “aconseja” que el titular del órgano directivo tenga “una amplia experiencia de relación con los ámbitos universitario, asociativo (ONG) y fundacional, así como con los medios de comunicación”.

26. Luis Alberto Barriga, director general del Imserso.

¿De dónde viene? Barriga asumió esta Dirección General gracias al nombramiento del vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. Aunque Barriga sí que es funcionario de carrera como técnico de Programas de Bienestar Social, hay que destacar que la oposición no es de tipo A1. Pese a ello, Barriga es graduado en Trabajo Social y posee dos másteres relacionados con la sociología. De ahí que Iglesias pensara en él para dirigir el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Justificación del BOE. Para el Gobierno de España, dirigir el Imserso requiere un “perfil especializado que (...) precisa exceptuarse de la reserva a personal funcionario”, ya que hace falta un alto conocimiento en “la gestión de centros y colaboración con entidades y organizaciones de personas mayores”. Aun así, al final el departamento que lidera Iglesias ha acabado colocando a un funcionario de carrera en esta Dirección General.