Puigdemont acusará a España de manipular la Ley para poder juzgarle en Madrid y no en Barcelona

Carles Puigdemont acusará este lunes a España de retirar su aforamiento de forma ilegal para intentar que la Justicia belga no le deporte para responder tras declarar la independencia de Cataluña. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el equipo legal que defiende al expresidente catalán lleva semanas preparando un alegato concreto. Una estrategia que pasa por convencer a la Justicia belga de que el Gobierno español utilizó el artículo 155 de forma torticera; que se sirvió de él para retirar el aforamiento a Puigdemont y su Govern y conseguir así que fuera juzgado fuera de Cataluña, puesto en manos de la Audiencia Nacional. 

Esta mañana, tanto Puigdemont como los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bruselas (Antoni Comin, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret) están citados para comparecer ante el tribunal de primera instancia que debe decidir sobre su entrega a España. Es la primera vistas de un proceso que se prevé largo. Más al menos que la campaña electoral que finalizará con las elecciones catalanas del 21-D. 

Los colaboradores de Puigdemont, con el abogado flamenco Paul Bekaert a la cabeza, valoran a su favor un elemento importante: no habrá en la vista ningún representante de la Fiscalía española con voz autorizada o del Gobierno de Mariano Rajoy. No habrá nadie que conozca a la perfección la legislación española para rebatir los argumentos que Puigdemont pretende poner en entredicho.

Por ello, la estrategia de defensa del expresidente catalán para no ser extraditado pasa por abstraerse de cuestiones políticas y centrarse en aspectos formales. En cómo la aplicación del artículo 155 ha servido, a su juicio, para retirar la protección jurídica de los miembros del Gover y que la investigación de su desobediencia legal cayera en manos de la Audiencia Nacional, en lugar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A partir de ahí y según los independentistas, la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por la jueza Carmen Lamela contra Puigdemont y el resto de los exconsejeros en Bélgica estaría fuera de la Ley. 

Estudios en la biblioteca del Congreso

Para apuntalar esta tesis, el equipo de Puigdemont ha traducido al flamenco varios estudios jurídicos y actas del debate de tramitación del artículo 155. Con ellas quieren mantener ante el tribunal belga que el cese del gobierno autonómico, decretado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy el pasado 27 de octubre no responde al espíritu con el que el artículo fue aprobado en 1978.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la defensa de Puigdemont se ha centrado en estudios jurídicos como el del expresidente del Parlamento Europeo y letrado de las Cortes Generales José María Gil-Robles y Gil-Delgado. En su análisis sobre la aplicación del artñiculo 155, obrante en la biblioteca del Congreso, el constitucionalista cita textualmente que se debe destacar "la disolución de los órganos de las Comunidades Autónomas o la sustitución de sus titulares, medidas innecesarias, pues no se trata de sancionar a la Comunidad Autónoma ni a los titulares de sus órganos, sino de compeler a estos a cumplir sus obligaciones". 

Si esta recomendación se hubiera cumplido, los miembros del Govern, como aforados, tendrían que haberse sentado en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De hecho, allí se instruye la querella de la Fiscalía presentó por la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O, que se sumó a la abierta contra la exconsejera Meritxell Borràs por sacar a contrato el concurso de suministro de urnas. 

Los abogados del expresidente explotarán este lunes también la diferencia de criterio entre tribunales españoles, argumentando que mientras el Supremo aplazó la declaración de los miembros de la mesa del Congreso y les puso en libertad bajo fianza tras su declaración, la Audiencia Nacional impidió que las declaraciones se aplazaran y decretó la prisión para todos los que se negaron a responder a las preguntas judiciales. 

Diferencia entre parlamentario y presidente

Sin embargo, sí hay un apartado donde la batalla política juega un papel importante para la comparecencia de Puigdemont ante la Justicia belga. El equipo de colaboradores que le rodea desde que salió de España hace un mes ha analizado párrafo por párrafo la querella presentada contra él por la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos de Sedición, y separado los actos que fueron realizados por Puigdemont como parlamentario, y los que fueron fruto de su cargo como presidente de la Generalitat. 

El matiz jurídico es importante, ya que mientras Puigdemont tenía como presidente responsabilidades ejecutivas, su defensa alegará que como parlamentario se limitaba a dar cumplida marcha a su actividad política. Algo que en la Justicia belga no puede ser perseguible. En total, la querella de la fiscalía relata 43 actos jurídicos distintos desde que el 9 de noviembre de 2015 se aprueba el inicio del proceso independentista en Cataluña tras las elecciones del 27 de septiembre. Según el análisis de la defensa de Puigdemont, 20 de esos episodios corresponden en realidad a la actividad propia del ejercicio parlamentario y por lo tanto, tendría solo una relevancia política.