El éxito de las investigaciones depende, en parte, de la suerte. Que el empresario Jordi Sumarroca, después de llevar un año imputado por un caso de amaño de adjudicaciones, siguiera guardando todos los documentos que incriminan a CDC por el cobro del 3% fue un golpe de suerte para los investigadores.
Jordi Sumarroca Claverol es el presidente de Teyco, una de las empresas con mayores adjudicaciones públicas en Cataluña. Este empresario había sido imputado por pagar una comisión al alcalde de la localidad tarraconense de Torredembarra, Daniel Masagué, a cambio de la adjudicación de un aparcamiento público.
El empresario debió creer que la causa no iría más lejos que un mero cohecho. Sin embargo, la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el juez del Vendrell, Josep Bosch, estaban preparando un golpe de efecto. Los investigadores descubrieron que Masagué había recibido ocho transferencias sospechosas y querían saber si había habido más contratos amañados. Bajo esta sospecha, en julio deciden entrar en el domicilio del ex alcalde y en el del propietario.
Nadie podía imaginar que Sumarroca guardaba en su caja fuerte los apuntes de todas las adjudicaciones recibidas tanto por diversos ayuntamientos como de la propia Generalitat, con el precio del contrato y el cálculo del 3%. Hasta ahora, se conocía que el empresario tenía apuntes del año 2009. Sin embargo, un nuevo documento que tenían guardado los investigadores demuestra que Teyco pagó el 3% de una veintena de adjudicaciones a CDC a través de la Fundación CatDem por lo menos desde el año 2002 hasta la actualidad.
Las pruebas del delito
En el nuevo documento que ya analizan los investigadores se puede leer literalmente “Estat de comtes 12-03-03 J.P.”. En esos apuntes vienen pagos de 2002, que unido a las iniciales J.P., hace llevar la investigación al ex presidente catalán. Para el clan Pujol este nuevo descubrimiento complica la situación judicial en la que están inmersos en la Audiencia Nacional por esconder dinero en el extranjero, fuera del conocimiento de la Hacienda Pública.
El empresario imputado, que incluso estuvo 15 días en prisión hasta que la Audiencia Provincial de Tarragona le liberó, es el hijo de Carles Sumarroca Coixet, el creador de las empresas familiares y fundador, junto a Pujol, de CDC. Aunque desde que empezaron los problemas judiciales para las dos familias, ambas han intentando desvincularse la una de la otra, lo cierto es que a Sumarroca Coixet se le relaciona dentro del círculo de amistades más íntimo del ex presidente catalán. Es más, sus mujeres, Nuria Claverol y Marta Ferrusola, comparten una empresa conjunta, Hidroplant.
No deja de llamar la atención que una de las familias que forman parte del círculo más estrecho de los Pujol hayan guardado durante años la prueba del pago por parte de empresarios a CDC de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas.
La pregunta es por qué Sumarroca guardaba toda esa documentación. Los investigadores tienen una hipótesis: todos aquellos que pagan comisiones, de las que no hay facturas ni resguardos, deben tener de alguna manera un justificante de que han cumplido con su pacto de pagar al partido a cambio de que su empresa reciba trabajo.
Dos millones en cuatro años
Tanto Sumarroca como otros empresarios pagaban al partido a través de la fundación CatDem. Un informe de la Guardia Civil dentro del 'caso 3%', al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recoge que se ha detectado que en la cuenta bancaria de la fundación se ha recibido en tan sólo cuatro años 3,4 millones de euros, de los cuales 1,8, aproximadamente el 55%, procede de empresas vinculadas a la obra pública y construcción, entre las cuales se encuentra Teyco y otras sociedades investigadas.
Esas donaciones, procedentes de diversas empresas adjudicatarias de obras y servicios públicos, inmediatamente eran transferidas a otras cuentas presumiblemente titularizadas por CatDem, y que por la “complejidad de la operativa”, los agentes todavía las están analizando.
“Teniendo en cuenta las limitaciones que permite la norma, en relación a las donaciones a las fundaciones dependientes de los partidos políticos, es más que probable que los pagos relativos a las comisiones, resultado de las licitaciones de obras y servicios por parte de las distintas administraciones públicas, se lleven a efecto no sólo con donaciones a la fundación dependiente de CDC, sino también a través de otras opciones como convenios, prestaciones de servicios o asunción de costes propios del partido o la Fundación CatDem”, recoge el informe de la Guardia Civil.
Esta maraña de cuentas y transferencias de dinero hace sospechar a los investigadores que el “destinatario final” del dinero pagado por las empresas adjudicatarias a la fundación podría ser CDC. La mecánica empleada por la fundación para hacer pagos al partido es la simulación de prestación de servicios entre ambos.
Es decir, CatDem pagaría a CDC por trabajos que en realidad nunca se llevaron a cabo. De esa manera, se blanquea el dinero pagado por los empresarios como contrapartida de adjudicaciones irregulares. De confirmarse la hipótesis de los investigadores, CDC sería responsable de un cohecho como persona jurídica, mediante la cooperación necesaria de la fundación.