La crisis climática afecta a todo el mundo, pero de manera desigual y no equitativa. Y lo hemos visto de manera muy clara durante la reciente DANA en Valencia, que ha golpeado principalmente a áreas de ingresos medios y bajos.

Esta dramática situación está reavivando el debate sobre la injusticia climática, la idea de que las comunidades con menos recursos y más socialmente vulnerables son las más afectadas por el cambio climático y sus efectos. En el caso de Valencia, como en muchos otros, las personas afectadas no disponen de medios adecuados para recuperarse tras el desastre.

En la comarca de l’Horta Sud, la zona cero de las pérdidas y donde se registraron el mayor número de fallecimientos, la renta media bruta se sitúa en general por debajo de la media del resto de la Comunidad Valenciana.

Por ejemplo, en áreas como Utiel-Requena, Paiporta y Hoya de Buñol-Chiva, los ingresos medios por hogar oscilan entre los 22.000 y 30.000 euros anuales, lejos de zonas como Rocafort, con una renta media de 61.200 euros.

Allí viven personas pertenecientes a la clase trabajadora, cuyos empleadores no los enviaron a casa temprano —a diferencia de la universidad y escuelas de la zona—, y que se convirtieron en las más perjudicadas, reflejando una falta de previsión que ha afectado desproporcionadamente a ciertos sectores más vulnerables.

Los efectos de la DANA también están siendo devastadores en términos económicos. Unos 400.000 trabajadores están enfrentando pérdidas significativas en propiedad e ingresos debido a los daños en comercios y edificios industriales, siendo muchos de ellos autónomos y pequeñas empresas que se han visto obligadas a paralizar por completo su actividad.

Los taxistas son un ejemplo muy claro: han perdido su coche y se han encontrado, de la noche a la mañana, sin su principal herramienta de trabajo. Además, para muchos trabajadores de ingresos bajos, que dependen del transporte público como buses o trenes metropolitanos, la afectación a infraestructuras y rutas de transporte significa una barrera adicional para la recuperación económica, al no siempre tener un coche para desplazarse (o haberlo perdido), lo que además aumenta su riesgo de pérdida de empleo.

En cuanto a la vivienda, según recientes análisis de expertos, hasta 130.000 viviendas están afectadas por la DANA. Los hogares que no tienen seguros adecuados para cubrir los daños por inundación se verán más afectados. El porcentaje de personas con seguro del hogar es del 76%, lo que deja fuera de indemnizaciones a 2 de cada 10 hogares, muchos de ellos sin cobertura completa con la amplitud del desastre.

Además, las medidas extraordinarias para la DANA establecen un límite de 60.480 euros para la destrucción total de una vivienda. Aunque estas medidas son bienvenidas, podrían no ser suficientes para las familias de menores ingresos, muchas de las cuales todavía pagan hipotecas de viviendas adquiridas en los años 2000, cuando los precios inmobiliarios eran altos.

La reciente normativa del 11 de noviembre permite congelar las hipotecas por 12 meses adicionales y adelanta el 50% de la ayuda financiera. Sin embargo, sindicatos como CCOO y UGT han insistido en la necesidad de medidas adicionales, como ajustes en la deuda y negociaciones entre el Estado y el sector bancario, para aliviar las cargas financieras de los afectados.

A esto se le suma que la salud de los residentes también se ve comprometida. Muchas personas están expuestas a humedad y moho, o están en contacto con desperdicios, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

Las personas más afectadas suelen ser aquellas con una salud en general más frágil, como personas ancianas, menores, o aquellos con acceso limitado a servicios de salud, condiciones laborales peores, o viviendas de baja calidad, como los migrantes sin documentación y los trabajadores informales o temporales.

La falta de seguros y recursos para cubrir los costes médicos y alejar a estas personas de los riesgos sanitarios agrava la vulnerabilidad de estos grupos. Además, estudios señalan que las personas afectadas por una inundación tienen un riesgo significativamente mayor de morir —incluidos problemas cardíacos y pulmonares— en un período de entre tres y seis semanas después del evento, incluso después de que la inundación se haya disipado.

De nuevo, estas asociaciones entre inundaciones y mortalidad son más fuertes en poblaciones con un nivel socioeconómico bajo o con una alta proporción de población de edad avanzada. En Horta Sud la población está envejecida y en proceso de envejecimiento.

Para la recuperación frente a futuros desastres, es crucial implementar políticas que garanticen seguros asequibles contra inundaciones, especialmente para los sectores más vulnerables. En Estados Unidos, el aumento del precio de los seguros de hogar por riesgo de tormentas —hasta un promedio de 11.300 euros en Florida en el 2024— es uno de los factores más altos de injusticia climática.

Además, es importante que los presupuestos dedicados a la resiliencia ante inundaciones se distribuyan teniendo en cuenta criterios sociales para asegurar que lleguen a los más necesitados, incluidos los inquilinos.

Casi un 30% de las viviendas afectadas por la DANA se encuentran en zonas de riesgo de inundación, construidas durante la burbuja de los 2000. La DANA convirtió antiguos cauces secos en suelos impermeables, y en zonas urbanizadas el agua se desbordó sin barreras naturales.

La renaturalización de estos terrenos, además de ser una medida de adaptación a precipitaciones extremas, debe ser también una estrategia prioritaria para mitigar olas de calor, especialmente en ciudades mediterráneas densamente pobladas. Ejemplos internacionales de buenas prácticas verdes incluyen el Boston Harbor Plan, que renaturaliza, entre otros, 77 km² de costas, o Østerbro, el primer barrio resiliente al cambio climático en Copenhague.

Sin embargo, estos esfuerzos deben acompañarse de políticas de vivienda que eviten la especulación inmobiliaria. La gentrificación verde, como se ha observado en algunas áreas de Barcelona, donde solo una minoría ha podido acceder a estos espacios renaturalizados, y en otras ciudades europeas y americanas como Nantes o Seattle es un riesgo latente.

En lugar de favorecer a unos pocos, las políticas de resiliencia deben centrarse en beneficiar a toda la población y no ser parte de una neoliberalización de la naturaleza explotada por mercados de inversión. Además, la especulación se ha visto vinculada a lo que la pensadora Naomi Klein llama el Capitalismo del Desastre, a través del cual actores políticos y empresas de reconstrucción explotan el caos de desastres para desregular, privatizar servicios, o sacar provecho de la reconstrucción, como fue el caso en el huracán Katrina en Nueva Orleans.

Por último, resulta esencial desarrollar un sistema de alerta y respuesta rápida que permita informar a toda la población de manera accesible y oportuna. La DANA en Valencia es un recordatorio urgente de que la crisis climática y los desastres naturales tienden a amplificar las desigualdades preexistentes. Para ello, es fundamental que los responsables políticos, el sector privado, y los ciudadanos trabajen juntos para construir un futuro más resiliente y equitativo.

*** Panagiota Kotsila es investigadora distinguida en el Instituto de Ciencia y Tecnologías Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). Isabelle Anguelovski es investigadora distinguida en ICTA-UAB y de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA).