Hace unos 4 años escribí un artículo que titulaba 'Green deal y la Ley Europea del Clima: los locos (y verdes) años veinte del siglo XXI empiezan ya' en el que analizaba el nuevo marco regulatorio europeo para impulsar el desarrollo sostenible. Casi un lustro después, nos preparamos para adentrarnos en la segunda mitad de los locos (¿y verdes?) años veinte del siglo XXI. 

El prometido empuje del viejo continente, apalancado en el desarrollo sostenible y los fondos Next Generation, no nos está sacando del letargo en el que sobrevivimos, incrementando nuestra distancia respecto a otras economías. Cuando fondos públicos destinados a la sostenibilidad y la innovación terminan en manos de 4 o 5 grandes empresas, cuyo fin último será sin duda mantener su status-quo, se diluye su principal objetivo: un decidido empuje por la innovación y el cambio. 

Empresas españolas de tecnología y sostenibilidad como Celering —que ha desarrollado una plataforma de transporte a demanda, compartido y sostenible basada en algoritmos predictivos de inteligencia artificial— se han visto obligadas a recurrir a financiación privada para poder dar forma a una plataforma tecnológica propia, sin ayuda de los fondos Next Generation, con la que desarrollar soluciones que transformen la movilidad, facilitando que las personas tengan más calidad de vida y poder de elección sobre su futuro. La movilidad del futuro necesita ayuda para humanizar las ciudades y conectar espacios rurales, reduciendo tiempos y recursos económicos, y minimizando el impacto medioambiental.

La colaboración entre organismos públicos y entidades privadas ha demostrado ser efectiva para desarrollar una movilidad sostenible que mejora la vida de las personas. En un rincón de la España vaciada como es el Valle de Arratia, a unos 80 kilómetros al sur de Bilbao, la colaboración entre la Administración Pública del País Vasco, concretamente la Diputación de Vizcaya y la Mancomunidad de Arratia, y Celering permitió lanzar un servicio de transporte a demanda para los vecinos del lugar, una zona con cientos de caseríos dispersos que no contaba con un transporte público eficiente. 

En los ocho meses que lleva en marcha este servicio de transporte compartido, los siete taxis contratados para el servicio transportan una media diaria de 80 personas con un copago de tan solo 1,50 €. Los beneficiados: vecinos mayores de 65 años que pueden compartir taxi para dirigirse al centro urbano a hacer sus gestiones, estudiantes universitarios que necesitan llegar hasta el núcleo para hacer trasbordo hasta Bilbao…

La polarización política y social vivida en la primera mitad de los años 20 ha llevado a asociar la movilidad sostenible a una determinada corriente política. Mientras el futuro del transporte sostenible en España se debate en el plano político, la personalización y la comodidad sin renunciar a la eficiencia y la sostenibilidad de plataformas tecnológicas de TAD (transporte a la demanda) o DRT (demand responsive transport) se erigen como un must have y no como un nice to have del transporte público y privado, proyectando un cambio de no retorno hacia una movilidad compartida que no solo tiene en el punto de mira las ciudades, sino también las zonas rurales y diseminadas. 

Se percibe un antes y un después en España con iniciativas como la de Ashotel Movilidad Compartida, que implementa el uso de una plataforma tecnológica de TAD para compartir bus entre el personal de 14 hoteles en Tenerife. Reducciones de un 64% en las emisiones de CO₂, 43% en los costes del transporte y hasta un 40% en el tiempo de los trayectos de casa al trabajo devuelven el foco al futuro. 

Lo cierto es que el sector del transporte es el único que no solo no cumple con los objetivos de reducción de emisiones, sino que las incrementa con respecto a la referencia de 1990. Para mayor ahondamiento (nunca mejor dicho), la industria automotriz europea está aún muy lejos de estar preparada para los cambios tecnológicos que ya tenemos encima. La respuesta de la Comisión está siendo proteccionista con el objetivo de ganar tiempo para paliar los problemas estructurales de su industria; parece que el clima deberá esperar y supeditarse a la resolución de otros problemas. 

En esta segunda mitad de década que iniciamos, debemos apostar por una despolarización y racionalización de políticas y programas públicos, apoyando la sostenibilidad no ya solo por el impacto en el clima, sino por la mejora en la calidad y esperanza de vida de las personas.

Ciudades europeas más limpias, menos ruidosas y más humanas, junto a zonas rurales más conectadas e inclusivas. Este es el futuro por el que debemos apostar, con mayor inversión en I+D+i orientada de forma efectiva a ganar peso industrial en la Unión Europea, compatibilizándolo con un desarrollo sostenible y respetuoso con el planeta. No hay vuelta atrás.

*** José María Campos es CEO y fundador de Celering.