La fórmula Bukele sigue atravesando América Latina. Desde El Salvador, un modelo de aparente éxito contra el crimen organizado inspira a países vecinos como Honduras, que quiere cumplir su promesa de reforzar el control del sistema penitenciario construyendo su propia megaprisión en Islas del Cisne. El plan de Xiomara Castro es ambicioso: aspira a instalar un complejo para 2.000 reos a 250 kilómetros de la costa. Aislado de todo, y a la espera de ver la luz a finales de año.
El proyecto nace de una nueva política de seguridad, más reactiva y militarizada, que busca combatir la delincuencia organizada en el país. Porque, aunque en los últimos 10 años los homicidios se han reducido a más de la mitad, Honduras sigue registrando los índices de violencia más altos de la región. Hasta tal punto que contabilizar solamente 48 municipios con cero homicidios en 2023 sea, como llegó a presumir el Gobierno, un motivo de celebración.
Islas del Cisne —o el Parque Nacional Marino, como se reconoce por ley al archipiélago— es la localización elegida para el presidio de máxima seguridad que contendrá la influencia de las maras. Castro ordenó construirlo en 2023, después de que los enfrentamientos entre pandillas en una cárcel femenina cerca de la capital, Tegucigalpa, provocaran la muerte de 46 reclusas el pasado junio. Sin embargo, la idea no termina de materializarse: aunque se esperaba que la licitación para construir la prisión se convocase a principios de año, se ha aplazado.
Todo estará reglado en los próximos meses, asegura el Gobierno. Pero no contará con la aprobación del Colegio de Ingenieros Civiles, que advirtió que la edificación podría agotar las arcas fiscales, ni tampoco de biólogos regionales que temen que dañe el ecosistema de la isla caribeña. "Es un proyecto oscuro; no se sabe hacia dónde va encaminado", subrayó Modesto Ochoa, presidente del Comité para la Defensa de la Flora del Golfo de Fonseca (Coddeffagolf), a El Heraldo.
Una 'Alcatraz' en el paraíso
Las Islas del Cisne comprenden un área de aproximadamente 8 kilómetros cuadrados en la que se encuentran los islotes de Cisne Grande, Cisne Pequeño y Booby Cay. La única forma de comunicación posible es por vía satélite, lo que las autoridades creen que impedirá que los reos dirijan a las pandillas desde la prisión. Pero no solo eso: la huida también es un reto, ya que se tarda casi un día en llegar por barco desde la costa más cercana.
"Es lo más lejos que pueden estar, por lo que estos cabecillas de maras sentirán la presión una vez estén en la isla. La idea es que pierdan el contacto con toda la sociedad y realmente puedan pagar por sus crímenes", aseguró en julio de 2023 el entonces jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, José Fortín, ahora viceministro de Defensa Nacional y uno de los principales altavoces de la controvertida operación militar Fe y Esperanza que el país puso en marcha tras los disturbios en el Centro Femenino de Támara de ese año.
Los guardias penitenciarios custodian a las reclusas de la prisión del Centro de Adaptación Social de Mujeres (CEFAS) después del asesinato de 46 mujeres, a 20 junio de 2023.
En cualquier caso, de la futura construcción insular depende la obtención de una licencia ambiental todavía pendiente. "Se está trabajando por ella, no podemos violentar ninguna de las leyes", aseguró a principios de este mes Ramiro Muñoz, comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) hondureña. Además, aún no existen datos sobre el coste total de la inversión, ya que dependerá de las condiciones y normas de construcción que se establezcan cuando se conozca qué empresa se encargará del proyecto.
Los biólogos, en contra
Según las autoridades, el objetivo es que la cárcel contribuya a mejorar la seguridad pública en Honduras y a reducir el hacinamiento en los sistemas penitenciarios. Sin embargo, esta no ha logrado el beneplácito del Colegio de Biólogos del país. Consideran que el emplazamiento podría provocar un aumento de la contaminación marina, amenazando las corrientes del golfo de Honduras y la biodiversidad que habita en el arrecife transfronterizo más grande del mundo.
En concreto, los activistas contrarios a este planponen el foco en los riesgos que acarrearán actividades rutinarias como el tratamiento de desechos y aguas residuales, así como la posibilidad de que se produzcan accidentes o derrames procedentes de las operaciones penitenciarias o de las propias embarcaciones que llegan a Islas del Cisne. Estos movimientos, critican, pueden traer graves amenazas al delicado equilibrio ecológico de los escollos coralinos.
Ante tal controversia, la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) ha intervenido públicamente en múltiples ocasiones para recordar que el objetivo siempre ha sido y será que el centro tenga un impacto ambiental mínimo. "Se va a construir, ya hemos visitado el terreno hace algunos días con el equipo de profesionales para su estudio", expresó tajante el ministro de la Serna, Lucky Medina, en enero. Porque "es totalmente viable", zanjó.
En declaraciones a los medios, Medina informó de que la penitenciaría se construirá en la isla de Cisne Grande, que "ya está dañada" por el establecimiento hace más de 50 años "de una pista de aterrizaje de cerca de dos kilómetros de longitud que en su tiempo tuvo asfalto", detalló. Según sus palabras, en la zona hay otros escombros y "plantaciones de huerta". Esta es la zona elegida para el futuro hogar de 2.000 reos, cuya vigilancia se llevará a cabo "al máximo nivel".
Bukele cala en América Latina
El proyecto de Islas del Cisne surge del paquete de medidas que el Gobierno de Xiomara Castro puso en marcha en febrero de 2023, tras anunciar un estado de excepción que se extiende hasta hoy. Esta última medida aspira a tener el mismo éxito en la lucha contra las maras que ya ha tenido El Salvador. "Si allá han hecho algo bueno, ¿por qué no copiarlo? No permitiremos que siga este terror", dijo el viceministro de Defensa.
Es cierto que la popularidad de la líder del partido Libertad y Refundación no es la misma que la de Nayib Bukele, que presume de haber convertido el país en uno de los más seguros y de tener a casi el 70% de la población a favor de su Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Sin embargo, la sociedad hondureña se le parece en que también "prioriza la solución a sus problemas de seguridad sobre el mantenimiento de un Estado democrático sólido", dato que se extrae del Latinobarómetro de 2023 y secunda Anna Ayuso.
La experta española, investigadora sénior para América Latina en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), explica que la bukelización del país se nutre de un hecho: los ciudadanos "están dispuestos a anteponer la posibilidad de vivir seguros" a cualquier otra cosa. Esto ha llevado a que, en los últimos años, países como Honduras "hayan abusado del estado de excepción", con las "consecuentes limitaciones a los derechos de libre circulación, de reunión, etc.", dice en declaraciones a EL ESPAÑOL.
Lo que se pretende emular "es un modelo militarizado que se basa en la acción preventiva y en la creación de cárceles de máxima seguridad". Sin embargo, este también tiene sus sombras. El modelo de 'mano dura' no ha tenido el mismo resultado en Honduras que en su vecino. En los seis primeros meses desde que se implantó el estado de excepción, la Policía Nacional arrestó a 4.033 posibles criminales, de los cuales 3.280 fueron puestos en libertad por falta de pruebas en su contra.
Múltiples oenegés temen que la megacárcel de Islas del Cisne vulnere los derechos de los reos, como, según documenta Human Rights Watch (HRW), ocurre en El Salvador. Informes recientes revelarían que "las autoridades han sometido a los detenidos, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros abarrotados". Además, el Comité de la ONU contra la Tortura señaló en 2023 el riesgo de que el CECOT pudiera incurrir en malos tratos hacia los presos.
En el pasado, los presidios insulares fueron algo habitual en toda América Latina, con instalaciones en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú. Sin embargo, su popularidad fue en descenso hasta el cierre de la última, en Islas Marías (México) en 2019. Honduras pretende volver a este modelo, en parte con la intención de desahogar parcialmente su sistema penitenciario.
En un informe publicado en 2019, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) —órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA)— cifró en un 88% el índice de sobrepoblación de las cárceles hondureñas, que apenas cuentan con capacidad de recluir a 15.000 personas. Este nivel de concentración humana lleva a que, ante la falta de control, los cabecillas de las diferentes pandillas tengan más libertad para controlar las dinámicas internas de las prisiones.
Además del centro de Islas del Cisne, que pretende acoger a más de 2.000 delincuentes vinculados al narco antes de 2025, el Gobierno asegura que construirá otra segunda penitenciaría entre el Departamento de Olancho y el Cabo Gracias a Dios, en la frontera con Nicaragua. Al tratarse de zonas remotas y alejadas de cualquier centro urbano, ambas edificaciones —esta última ubicada en el Parque Nacional Patuca— estarían rodeadas de áreas de alta concentración de fauna salvaje, lo que convertiría la fuga en una misión más que difícil.