La activista Vanessa Mendoza espera sentencia en Andorra por defender los derechos de las mujeres

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La presidenta de la organización Stop Violències fue juzgada el 4 de diciembre por defender el derecho a abortar en Andorra. “Durante cinco años estaré marcada si esto sigue para adelante, no me podré presentar a ningún puesto en la Administración pública. El castigo es bastante importante”, explica.

En todo caso, reconoce que se encuentra “bien” tras declarar en el juicio. “Hemos dado una digna batalla. El abogado lo bordó y el Estado se vio obligado a dar una rueda de prensa debido al corte mediático del juicio”, explica Mendoza en conversación con ENCLAVE ODS.

Lo cierto es que se han organizado acciones en su apoyo en diferentes partes de España y que cientos de personas se han manifestado para que este juicio se declare nulo. Incluso, Amnistía Internacional ha emprendido una campaña de recogida de firmas para denunciar el acoso que sufre la activista. “Las autoridades de Andorra deben retirar los cargos contra Vanessa Mendoza Cortés, derivados únicamente del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de la defensa los derechos de las mujeres”, manifiesta esta organización.

Tras cuatro años de instrucción, gracias a este apoyo, retiraron algunos de los cargos contra Mendoza. Sin embargo, todavía le piden 30.000 euros de multa, responsabilidad civil y libertad provisional por “difamación a las instituciones” por el artículo 325.

Su delito, defender los DDHH

Podrían condenarla por prestar apoyo a mujeres y niñas embarazadas para que puedan acceder al aborto seguro y legal en el extranjero, principalmente en España y Francia. En 2019 denunció la situación de los derechos de mujeres y niñas en Andorra, incluido el impacto que tiene en ellas la prohibición total del aborto, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas.

De este modo, la ONU la incluyó en un programa de protección de defensoras de los derechos humanos. Esto le costó que la fiscalía de Andorra presentara cargos de difamación contra ella.

“Muchísima gente me ha escrito o me ha parado por la calle diciéndome que esto ya se ve que es ridículo, lo tienen que parar ya. Hasta ahora el mundo ha visto a Andorra con el espejismo que le había puesto el Gobierno, pero a partir de ahora el mundo ve a Andorra a través de nuestros ojos. ¡Ya era hora!”, mantiene Mendoza.

Igualmente cuenta con el apoyo de Front Line Defenders, que protege a las activistas defensoras de los derechos humanos que trabajan desde los postulados de la no violencia recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Todo apoyo es necesario porque además de los cargos, sufre acoso y campañas de desprestigio y de linchamiento con apelativos como “abortera” o “lideresa abortista”. Incluso llegó a recibir amenazas de muerte indirectas.

Parar las violencias

Vanessa Mendoza es la única psicóloga social experta en violencias sexuales en el Principado de Andorra. Exhala entereza y muestra su fuerza para enfrentarse a la resolución de la sentencia. “Estamos bien, estoy bien de energía. Pensaba que iba a estar muy cansada, pero no”, dice a este medio.

En Andorra el aborto está prohibido en todos los casos y castigado con penas de prisión. Abortar es un delito, incluso en caso de mujeres menores que han sufrido una violación o en el que la vida de la madre corra riesgo. Junto a Malta, es el único país europeo que aplica leyes tan estrictas sobre el aborto.

Las mujeres y niñas que quieren abortar de forma segura tienen que viajar al extranjero, mayoritariamente a Cataluña o Francia por cercanía, y así evitar riesgos. Mientras que las que no pueden viajar se enfrentan a violaciones de derechos humanos.

La mitad de las mujeres que atiende Stop Violències son temporeras. También llegan mujeres víctimas de violencia en la pareja, incluso mujeres con el feto fuera del útero que no tiene posibilidad de vivir. Así, Stop Violències nace en 2014 para cubrir las necesidades de las mujeres andorranas.

“Queremos ser un punto de reunión para todas las personas de Andorra que quieran una sociedad mejor, un país libre de violencias”, se define la asociación en su web. Es la continuidad de Sakura-Onna, una organización establecida en Barcelona que trabaja desde el año 2009 en atención psicológica a personas que han sufrido violencias sexuales, organiza actividades de sensibilización y prevención, e imparte talleres de defensa personal.

En 2016 lideraron la campaña Libertad es decidir con el propósito de informar a las mujeres andorranas de que no podían abortar. De esta manera, Mendoza comienza a batallar por el derecho al aborto, a elaborar informes y a enviarlos a organismos internacionales. Por supuesto, trabaja al margen de la política andorrana a pesar de los intentos de diálogo con las instituciones públicas durante dos años. La activista está convencida de que finalmente se reconocerá el aborto en Andorra.

Por el momento, sigue siendo una asignatura pendiente en el Principado, que no dispone de ningún juzgado especializado en violencias, ni hacia las mujeres ni infantiles ni sexuales. No obstante, Andorra no es miembro de la Organización Internacional del Trabajo, no tiene firmada la Carta de Derechos de la ONU de 1954 ni tiene ratificada la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.