El pasado 21 de junio en la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados se respiró un ambiente de consenso político en todo el arco parlamentario. Sí, leyó usted bien. Aunque no lo crea, hay temáticas que se alejan de la crispación política que se enmarcan en el consenso y el diálogo para transformar la realidad en la que vivimos.
Este ambiente se ocasionó a partir de la presentación de la propuesta de Ley de Empresas con Propósito, una norma que busca reconocer en un marco jurídico regulatorio específico a las empresas que generen un beneficio social y ambiental, además de un retorno económico.
No muy lejos de la Carrera de San Jerónimo, al día siguiente de la presentación de la propuesta de Ley realizada por B Lab Spain y Talento para el Futuro, en el número 8 de Paseo de Recoletos, sede de la Secretaría General Iberoamericana, arrancaba el primer Congreso del Cuarto Sector: Impulsando la Economía de Triple Impacto en Iberoamérica, cuyo objetivo era sumar sinergias para potenciar el concepto de Empresas con Propósito.
Es decir, defender un nuevo espacio dentro de la economía integrado por empresas que, sin descuidar su rentabilidad financiera, llevan en su ADN un fuerte compromiso social y ambiental. En suma, se trata de compañías que utilizan las herramientas del mercado para generar un triple impacto: en lo económico, en lo social y en lo ambiental y que alinean sus modelos de negocio hacia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Un modelo que funciona en Latinoamérica
La historia de empresas basadas en que la rentabilidad de sus cuentas contemple ese triple impacto en América del Sur no es nueva. Hoy existen más de 5.000 empresas que han adquirido el modelo de Ley de Beneficios e Interés Colectivo en América Latina. En ese sentido, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay ya cuentan con un marco regulatorio aprobado y, países como Argentina, Chile y Brasil están en estos momentos, como España, en el diseño y trámite final de un marco jurídico especialmente adaptado a las necesidades de estas corporaciones.
Si no hay novedades, el próximo jueves 30 de junio se aprobará en el pleno del Congreso de los Diputados una Ley que regulará a las empresas con propósito en España, sumándose de esta forma al selecto grupo de países iberoamericanos que ya cuentan con una legislación en régimen.
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Por una parte, podríamos hablar de lecciones del Sur al Norte, pero hay más temas novedosos: esta peculiar forma de hacer empresa ha conseguido generar un consenso mayoritario en el arco parlamentario de los países de la región en un momento de fragmentación y división política.
Otro punto interesante es que se ha tratado, en su gran mayoría, de leyes impulsadas por legisladores menores de 40 años. Es decir, existe un nexo generacional entre el impulso de estas leyes BIC y las juventudes representadas en los parlamentos.
Por último y, no en menor medida, estas iniciativas vienen acompañadas de una valoración social positiva. En una encuesta realizada por la SEGIB se recoge que el 85% de las personas entrevistadas en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal, valoran positivamente a las empresas que generan un impacto positivo en el ámbito social y ambiental, e incluso piensan que deberían tener más apoyos públicos.
Un objetivo común
Con este telón de fondo, durante el Congreso se pusieron sobre la mesa diferentes aspectos que nos pueden servir para entender el futuro empresarial en la región. Por ejemplo, el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, apuntó que el auge de las Empresas con Propósito no se trata de una excentricidad, sino de una tendencia. “Una tendencia que viene a redefinir el modelo del éxito empresarial con un fuerte impacto en la generación de riqueza, creación de empleo y el desarrollo sostenible”.
Por otra parte, Camila Crescimbeni, parlamentaria argentina de 32 años y ponente en este Congreso puso de manifiesto la importancia de generar grandes acuerdos parlamentarios en esta materia señalando que “para avanzar en la agenda de empresas de triple impacto es fundamental el trabajo entre minorías y mayorías parlamentarias”.
También ha contado con la participación de Alfonso Abdo, subsecretario de Producción de Ecuador, uno de los países pioneros en la materia, que nos dejó una reflexión que vale la pena tomar en cuenta sobre los pasos a seguir en esta materia, advirtiendo que “las leyes BIC desarrolladas en la región solo son un piso para promover a las empresas de triple impacto. Sin embargo, se necesitan políticas públicas que vayan de la mano con ella”.
El acto inaugural del Congreso fue presidido por el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, en compañía de la Presidenta de SANNAS, Marta García Larriu; la Diputada por la Asamblea de Madrid, Mónica García; y, el Director General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, Gabriel Castañares.
Durante los días 22 y 23 de junio, 24 profesionales en la materia de siete países iberoamericanos se reunieron en Madrid con el objetivo de reflexionar y debatir sobre la necesidad de crear marcos regulatorios efectivos que incorporen y se adapten a las necesidades de las empresas con propósito alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.