La Unión Europea está vigilante. En cuestión de un año, España ha visitado ya en varias ocasiones los tribunales por incumplir lo dispuesto por la normativa europea en materia de medioambiente. 

Ahora mismo tiene 25 infracciones abiertas, de las que al menos 11 se han llevado ante los tribunales; una multa que engorda cada seis meses por no cumplir la sentencia y el fantasma de nuevas sanciones millonarias por la sobreexplotación de ecosistemas como Doñana.

Hay que puntualizar que la Comisión Europea abre y cierra decenas de casos de infracción cada año a todos los Estados miembros. Normalmente, son procesos largos y dilatados en el tiempo, de tal forma que se facilite la puesta en marcha de medidas antes de llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el caso particular de España, Carlota Ruiz, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente, considera que la acumulación de infracciones y sanciones no se debe a un desinterés, sino que tiene más que ver con el sistema administrativo español. 

Como explica la experta, tiene que haber mucha coordinación entre Gobierno central y comunidades autónomas, porque estas tienen muchas de las competencias en materia medioambiental. “A veces es esta falta de coordinación la que está dificultando el que se esté cumpliendo cada normativa”, cuenta. 

La mayor multa sigue creciendo

Los vertidos de aguas residuales adquieren un precio de lujo en España, y no precisamente por algo bueno. Son los protagonistas de la mayor multa impuesta hasta ahora a nuestro país por parte de la Unión Europea. El incumplimiento reiterado de la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales de 1991, acabó con la paciencia de la Comisión. 

Tras casi tres décadas de avisos de sanción, quejas, cartas de emplazamiento e, incluso, una sentencia, España fue condenada en 2018 por el Tribunal de Justicia de la UE a pagar 12 millones de euros por no cumplir con la normativa comunitaria. Por aquel entonces, los ojos estaban puestos sobre 17 municipios y aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes que desde 2001 debían depurar correctamente y no lo hacían.

Esta multa, a día de hoy, asciende a 62,96 millones de euros. Una sanción económica que, desde 2018 y cada seis meses, sigue creciendo hasta que nuestro país cumpla con lo impuesto por la directiva europea. Y es que, aunque ahora son menos las aglomeraciones que ignoran la norma (un total de nueve), España sigue sin hacer los deberes en lo relativo al tratamiento correcto de sus aguas residuales.

España fue condenada en 2018 por el Tribunal de Justicia de la UE a pagar 12 millones de euros por no cumplir con la normativa comunitaria

Desde el Ejecutivo nacional, se ha asegurado que al menos hasta el año 2025 no llegará el cumplimiento completo de la directiva europea. Es decir, aún quedan tres años por delante en los que continuará creciendo la mayor multa europea a la que ha tenido que hacer frente nuestro país. 

Un plazo en el que se tratará de pisar el acelerador para finalizar las obras de las estaciones de depuración de localidades como Matalascañas, donde las aguas fecales se vierten en sus playas sin miramientos. Y ello a pesar de ser considerado un enclave turístico. También otras localidades como Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva) o Barbate (Cádiz), entre otras. En total, hasta 350.000 afectadas por esta falta de depuración.

Nueva amenaza de multa

El incumplimiento de las aguas residuales no se queda sólo en esta multa histórica. Recientemente, la Unión Europea ha vuelto a llevar a España ante el TJUE por los vertidos –sin tratamiento ninguno– de aguas residuales en entornos domésticos e industriales de al menos 133 aglomeraciones urbanas. Las pesquisas comunitarias revelaron el “incumplimiento generalizado” en esta materia y considera que aún debe dotar a estas zonas de sistemas colectores u otros para cumplir con la protección ambiental.

Esto no es de ahora. Ya en 2016 se abrió un expediente sancionador a España por estas deficiencias. Cuatro años más tarde, en 2020, volvió a reclamar la puesta en marcha de medidas para cumplir con lo impuesto por la directiva europea en cuanto a las aguas residuales urbanas.

Aunque aún no se ha hablado de multa, si los incumplimientos persisten, más pronto que tarde, el TJUE podría obligar a pagar a nuestro país una nueva multa similar a la de 63 millones que lleva pagando desde 2018.

Al final, el impacto tanto en el medioambiente como en la salud humana del tratamiento inadecuado de las aguas residuales conlleva varios peligros. Los contaminantes presentes pueden provocar modificaciones en el agua como, por ejemplo, la disminución de oxígeno y sus consecuencias en la flora y la fauna donde se encuentre. Es lo que está ocurriendo, sin ir más lejos, en el Mar Menor.

También existe un riesgo muy alto de propagación de organismos patógenos o sustancias tóxicas que pueden ser el origen de enfermedades contagiosas. Eso sin contar la presencia de malos olores y la degradación de los ecosistemas.

Sentencia histórica: Doñana

“España debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana”. Así rezaba el fallo histórico por el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconocía, el pasado junio, que España no había adoptado las medidas apropiadas para proteger el Parque Natural.

Tras la sentencia, Luxemburgo urgía a España a que demostrara que estaba haciendo los esfuerzos suficientes para remediar una situación que podía acabar con la mayor reserva de Europa. Sin embargo, no sólo no lo ha hecho sino que, a nivel autonómico, el Gobierno andaluz pretende ahora legalizar nuevas hectáreas de regadío en el entorno de Doñana. En total, 1.460 hectáreas más que beberían de un acuífero prácticamente seco.

Dadas las circunstancias, el fantasma de una nueva multa económica millonaria se vuelve cada vez más real. Y más cuando desde la Comisión han amenazado con volver a acudir al Tribunal de Justicia por segunda vez. Lo que acarrea esta segunda visita  a los tribunales europeos es, precisamente, la imposición de sanciones pecuniarias.

El Gobierno andaluz pretende legalizar nuevas hectáreas de regadío en el entorno de Doñana. En total, 1.460 hectáreas más que beberían de un acuífero casi seco

Una preocupación que se extiende a otros ecosistemas como el Mar Menor donde, de continuar su declive, podría evolucionar hacia una nueva multa como la que se podría contemplar en Doñana.

Como aseguraba en un artículo Pedro García, director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), ya hay quejas formales remitidas al TJUE sobre este asunto, y hay que tener en cuenta que “casi todas terminan en condena”. Una vez que se producen, se imponen sanciones y/o recortes de fondos. “Bruselas, lo que suele hacer, es imponer multas coercitivas que se pueden ir incrementando con el paso del tiempo”.

Más infracciones

La mala gestión de las aguas residuales y la sobreexplotación de los recursos naturales no son las únicas faltas graves en el expediente medioambiental de España. La apuesta de nuestro país por la ganadería y agricultura intensivas se ha convertido en nuestro talón de Aquiles. Contamina las aguas subterráneas y superficiales de nitratos, químicos inorgánicos que se utilizan a modo de fertilizante y que tienen un potencial cancerígeno.

España, de nuevo, no estaba cumpliendo con los niveles de contaminación permitidos por la directiva europea de nitratos. Razón por la que en 2018 la Comisión envía una carta formal a España, seguido de un dictamen motivado en 2020, para que controlase los niveles presentes en las masas de agua. La falta de acción y de medidas provocó que, en el pasado diciembre, la Comisión Europea volviera a llevar a España ante el TJUE.

Un mes después, el Gobierno aprobó un Real Decreto para reducir la contaminación por nitratos y reforzar la protección de las masas de agua más vulnerables. No obstante, como recoge Europa Press, desde la Comisión consideran que España tiene aún que tomar más medidas, porque hasta el momento “no han sido suficientes” para alcanzar los objetivos de la directiva europea.

La lista, poco a poco, se va engrosando. También este año, la Comisión llevó ante los tribunales europeos a nuestro país por no haber trasladado a su legislación nacional las nuevas normas europeas (adoptadas en 2018 tras el accidente de Fukushima) que obligan a proteger mejor a trabajadores y ciudadanos del riesgo de radiación. 

 La falta de acción y de medidas provocó que, en el pasado diciembre, la Comisión Europea volviera a llevar a España ante el TJUE por incumplir la directiva de nitratos

Por este motivo, el Ejecutivo comunitario ha iniciado un expediente sancionador. De no transponer la totalidad de lo dispuesto en la normativa europea, España podría volver a enfrentarse a los tribunales, lo que conllevaría una nueva multa. Asimismo, nuestro país también visitó este año los tribunales por la alta contaminación del aire en ciudades como Madrid y Barcelona. Aún está por ver qué ocurrirá.

No obstante, como cuenta Ruiz, “es muy poco común que el procedimiento llegue hasta las sanciones económicas”, porque se les da mucho margen a los Estados para que adopten las medidas necesarias. En estos tirones de oreja de la UE, por ejemplo, con el caso de los nitratos o la contaminación, aún queda pendiente una sentencia.

Este fallo, normalmente, no conlleva sanción ninguna, sino una obligación del Estado para que adopte las medidas necesarias y suficientes falladas por el TJUE. Ahora bien, una segunda visita, como puede ocurrir ahora con Doñana, sí que podría contemplar una nueva sanción millonaria para el Estado que incumple.