El Defensor del Pueblo en nuestro país se corresponde directamente con el objetivo 16 del Desarrollo Sostenible: existencia de instituciones nacionales de derechos humanos independientes, de conformidad con los principios de París. La creación y protección de estas Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) es indicativa del compromiso de los Estados con la promoción y protección de los derechos humanos garantizados en los instrumentos internacionales.

El respeto de los llamados Principios de París, confiere a estas instituciones competencia y autoridad para investigar situaciones de derechos humanos en el ámbito nacional, para informar sobre las mismas y dar a conocer los derechos humanos mediante medidas informativas y educativas. Para ello, resulta esencial que sean independientes.

La salvaguarda y la promoción de los derechos humanos contribuye directamente al logro de los objetivos: son complementos recíprocos. En 2005, el antiguo relator para la extrema pobreza de la ONU, Philip Alston, describió la relación entre los objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), (precursores de los ODS), y los derechos humanos “como barcos que se cruzan en la noche, cada uno con poca conciencia de que el otro está ahí, y con poca o nula interacción constante entre ellos”.

Precisamente para superar esa noción, la ONU hizo evolucionar a los ODM para convertirlos en ODS. La Agenda 2030 pone en el centro la igualdad y la no discriminación, precisamente en un periodo donde la lucha contra la desigualdad y la discriminación siguen siendo los grandes retos de nuestras sociedades, asuntos que interesan particularmente al Defensor del Pueblo como Institución Nacional de los Derechos Humanos.

En relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1º y 10º: poner fin a la pobreza y reducir las desigualdades, al referirnos a la erradicación de la pobreza en nuestro país, y también al hablar de desigualdad, es obligatorio tener presentes los instrumentos de solidaridad de nuestro sistema de protección social.

Su seguimiento resulta de especial relevancia para el Defensor del Pueblo. Estas herramientas son, junto con un sistema fiscal progresivo y justo, elementos clave para que el Estado social palíe las desventajas.

Frente a las situaciones de pobreza y carencia de recursos para la subsistencia, el sistema de protección social existente en España, hasta junio de 2020, estaba conformado por las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, los subsidios para personas con discapacidad, las prestaciones familiares por hijo a cargo, los subsidios por desempleo y las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas, así como las ayudas que ofrecen los servicios sociales.

Semejante garantía social es sin duda importante, pero insuficiente, en tanto la falta de recursos para la subsistencia se vinculaba únicamente a situaciones de invalidez, jubilación y protección familiar.

Además, las rentas mínimas autonómicas presentaban -y presentan- grandes diferencias. De ahí que, a juicio del Defensor del Pueblo, resultara ineludible adoptar una prestación estatal de garantía de renta mínima.

Todos estos argumentos cobraron mayor fuerza a partir de la crisis económica suscitada por la emergencia sanitaria de 2020, y la institución celebró la aprobación del ingreso mínimo vital, en junio de ese año.

Si hay un factor que ahonda de manera determinante la desigualdad entre los ciudadanos y condiciona de manera clara el bienestar, la dignidad, el desarrollo personal y el disfrute del resto de los derechos es el acceso a la vivienda.

El parque público de vivienda social es tan exiguo que no solo no puede dar respuesta a todas las solicitudes que reúnen los requisitos establecidos en las normas, sino que tampoco puede atender adecuadamente, con rapidez y flexibilidad, las situaciones de mayor urgencia social.

Si se dirige el foco al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar y la salud para todos en todas las edades, había y hay debilidades en el Sistema Nacional de Salud que, tras la irrupción de la pandemia, se han agudizado, evidenciando la necesidad de fomentar la salud pública.

La fragilidad de los servicios de urgencias hospitalarios, las insuficiencias de la Atención Primaria, a causa también de una infradotación presupuestaria, con particular incidencia en la de carencia de personal y en las condiciones de precariedad laboral, así como en la falta crónica de cobertura de plazas en muchos lugares (algo que afecta también a distintos ámbitos de la atención especializada, singularmente en pediatría), y las listas de espera de especialidades demasiado prolongadas son subrayadas por los ciudadanos.

Suscita una enorme preocupación la insuficiente atención a la salud mental, que sitúa a España como uno de los países más rezagados de su entorno: sus carencias se están revelando con especial intensidad por la imposibilidad de atender una demanda muy creciente.

No es cuestión de dar cuenta ahora de todas las actuaciones del Defensor del Pueblo vinculadas con cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero sí quiero detenerme en aquellos que más bien constituyen premisas básicas de la sostenibilidad y en consecuencia condicionan al resto.

Son los Objetivos 6: garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; el 13: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. A los que habrían de añadirse el 14 y el 15.

El cambio climático trae consigo el agravamiento de los fenómenos meteorológicos extremos como la sequía y las inundaciones, fenómenos que ponen de relieve y agudizan problemas clásicos en la gestión del agua que llegan al Defensor del Pueblo, año tras año.

La reducción de la contaminación atmosférica de las ciudades mediante la transformación de la movilidad es también esencial para la lucha contra el cambio climático.

Es otra transición que no puede esperar y que conecta además con el Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Las administraciones locales han de impulsar con decisión medidas que favorezcan una movilidad urbana sostenible y faciliten el uso de los medios de transporte públicos y alternativos a los vehículos privados.

El otorgamiento de derechos ha logrado aliviar algunos de los problemas individuales y sociales, pero no ha sido capaz de resolver otras muchas situaciones. El pasar de los años ha puesto de manifiesto que la mera titularidad de derechos no es suficiente para transformar la realidad cotidiana; que los poderes públicos y privados no van a cambiar su actuación por el solo reconocimiento de derechos en favor de personas o colectivos.

Los titulares de derechos tenemos que asumir nuestra situación, no como algo dado de una vez y para siempre, sino como un atributo inherente que requiere ejercerse y actualizarse cada día.

*** Ángel Gabilondo es el Defensor del Pueblo.