Destapan un fraude de 9 millones a la Seguridad Social con detenidos en 17 provincias, Toledo entre ellas

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación por un fraude a la Seguridad Social que supera los nueve millones de euros a partir de un entramado empresarial que se extendía por 17 provincias: Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Gerona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora.

Las investigaciones, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, comenzaron a finales de 2018. Hay 45 personas investigadas, de las que 28 han sido detenidas en las citadas provincias tras recibir varias denuncias que informaban de ilícitos penales que se estaban cometiendo contra la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según ha informado la Policía Nacional, los investigados crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio con el fin de eludir el pago a la Seguridad Social.

Los 45 responsables del delito han resultado ser, principalmente, los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros --algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia--, así como familiares de los primeros, a quienes se les ha imputado delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, insolvencia punible y usurpación de estado civil.

Avanzadas las investigaciones, se realizaron informes patrimoniales de las personas implicadas, con el fin de que pueda solicitarse el embargo de aquellos bienes localizados.

IMPAGOS Y SIN VACACIONES
Desde que en el año 2009 comenzaran las actividades de una de las empresas investigadas, jamás fueron ingresadas las cotizaciones de sus trabajadores, generando hasta la fecha un perjuicio a la Seguridad Social de 376.884,01 euros. Por este hecho, la administradora de la sociedad fue detenida como autora de un delito agravado contra la Seguridad Social.

La falta de voluntad de regularizar la situación con la Seguridad Social ha sido palpable durante estos años, ocultando a la Tesorería General de la Seguridad Social la verdadera situación laboral de la sociedad y su balance económico. A los trabajadores se les pagaba su jornal en metálico, no se les daba de alta en la Seguridad Social ni se les hacía contratos donde se especificaran las horas a trabajar ni el salario que recibir por su desempeño profesional.

A los empleados, pese a trabajar todas las semanas de lunes a sábado y en algunos casos desde el año 2013 hasta la actualidad, no se les abonaba el salario si se ponían enfermos o si se iban de vacaciones.

Administrador en paro con 700.000 euros

Una empresa administrada concursalmente intentó ser comprada fraudulentamente por una segunda sociedad, según ha destacado la Policía, con la que supuestamente se resolverían los problemas económicos vigentes con la Seguridad Social, valorados en más de 150.000 euros.

Para reforzar la oferta sobre la unidad de producción, la adquirente se valió de un documento firmado por el administrador de una tercera sociedad, que comunicaba la aprobación de una financiación para esta operación por un importe de 700.000 euros.

Esta última empresa, que fue comprada por un euro y que no figura dada de alta en la Seguridad Social al carecer de trabajadores, tiene su objeto social muy alejado de la principal investigada. Su administrador, en el momento de firma del escrito de financiación, cobraba un subsidio por desempleo, lo cual indica que esta mercantil no tenía capacidad de realizar una operación de esas características.

Esta última empresa, sin ser propietaria de la deudora, se aprovechaba de esta situación para operar sin distinción entre ambas, manejándose la supuesta compradora como encargada de la concursada y utilizando a los empleados de ésta para labores administrativas y de producción en su propio beneficio.

Acreditados los hechos por los investigadores de la Policía Nacional, se procedió a la detención de los administradores de la empresa deudora y compradora por un delito de insolvencia punible. Se imputó por estos mismos hechos al administrador concursal.