La Policía detiene a 59 personas para acabar con un multimillonario engaño con ramificaciones en Toledo

La Policía Nacional ha destapado en diecisiete provincias de nueve comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, un fraude a la Seguridad Social que asciende a cerca de 19 millones de euros, en una operación en la que han sido detenidas 59 personas, la mayoría responsables de empresas pantallas que eludían el pago de deudas a la Tesorería.

Según informa la Dirección General de la Policía Nacional, en la Operación Galatea dirigida contra el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social los agentes han practicado actuaciones en Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Girona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora.

Las investigaciones comenzaron a principios de 2018 tras recibir varias denuncias. Con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, se crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio.

Los 59 detenidos han resultado ser principalmente los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros –algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia-, así como familiares de los primeros.

A todos ellos se les ha imputado delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, grupo criminal, contra el derecho de los trabajadores y apropiación indebida.

En Madrid, por ejemplo, la Policía destapó un grupo empresarial no transparente dedicado a la enseñanza y a la educación, creado con la intención de generar confusión entre las sociedades que lo conformaban.

Así, tres de las empresas soportaban el alta de todos los trabajadores, generando las deudas a la Seguridad Social al no abonar las cuotas de los docentes y administrativos. Además, sufría en sus cuentas todos los gastos de mantenimiento de edificios, pagos de proveedores y personal.

Elegían diferentes empresas para recibir los ingresos del grupo empresarial, recibidos principalmente de las cuotas de los alumnos de un centro educativo Internacional situado en Madrid, el cual hacía de unión entre todas las mercantiles.

El director del centro educativo orquestó presuntamente el fraude a la Seguridad Social administrando todas las empresas investigadas, en las que había una plantilla única y patrimonio social confundido, existiendo trasvase de trabajadores sin conocimiento de éstos ya que sus labores siempre eran similares en el mismo lugar.

Solo en el año 2017 dos de las empresas pantalla recibieron un volumen de 6.478.414,3 euros que fueron desviados desde las empresas deudoras, si bien la deuda generada a la Seguridad Social desde 2011 por este grupo asciende a 4.204.739,33 euros.

El responsable de estas actividades ilícitas ya fue investigado por hechos similares ocurridos entre 2009 y 2010. En aquella ocasión se le detuvo por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.

En la provincia de León se ha detenido al ideólogo de una sucesión empresarial dedicada a la “explotación de canteras”, así como a sus testaferros, quienes no habían abonado ninguna cotización de los más de 170 trabajadores que había tenido de alta desde el año 2009 hasta ahora, generando a la Seguridad Social una deuda por el impago de los seguros sociales de unos 575.000 euros.

Se crearon sociedades superpuestas en el tiempo con el objetivo de suceder a la deudora anterior, continuando la misma actividad en el mismo local y, así, operar en el mercado con una empresa limpia de cargas.

Los investigadores observaron que el capital social ascendía a casi un millón de euros y su patrimonio neto declarado en 2016 rondaba el millón doscientos mil euros. Sin embargo, sobre el papel carecían de patrimonio de cierto valor.

Para retrasar o impedir el legítimo cobro de la deuda por parte de la Tesorería General, los investigados llegaron a acuerdos de aplazamiento que incumplieron.

En uno de estos acuerdos se constituyó como garantía de pago una pala cargadora y, al requerir la Tesorería General de la Seguridad Social su cobro, se negaron a entregarla. Posteriormente fue localizada por los cuerpos de seguridad para su precinto, aunque estaba inservible y sin valor porque los propietarios le habían quitado el motor.