Tras la entrada en vigor de la ley del ‘solo sí es sí’, se ha revisado en Ciudad Real la condena de un agresor sexual en un año. Así lo ha explicado la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, que ha pedido a la ministra Irene Montero “una reflexión profunda y una revisión de lo que atañe a las penas, con el corazón en la mano”.
Según EFE, así ha informado la consejera en una comparecencia en las Cortes de Castilla-La Mancha, antes de presentarse en la Comisión de Economía y Presupuestos para informar de su presupuesto para 2023. Allí, ha señalado que hasta ayer no tenían conocimiento de ningún caso en la comunidad autónoma, pero ya saben de este caso en Ciudad Real.
“Vuelvo a reiterar la petición que he hecho a la ministra, con el corazón en la mano. La ley, en general, es magnífica, pero debe revisarse lo que afecta a las penas”.
En este sentido, ha explicado que la norma surgió tras la movilización de la ciudadanía después de la “atroz violación de la manada”. “La población y los políticos reaccionaron, pero no para bajar las condenas a los agresores”.
Cumplirá 8 años y no 9
A.A.V., condenado el pasado mes de junio por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real a nueve años de prisión por agredir sexualemente a una conocida en su domicilio de la capital ciudadrealeña, cumplirá finalmente 8 años de prisión, uno menos del que expresó en su día la sentencia, como recuerda Europa Press.
Fue el pasado mes de junio cuando este acusado de delito agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal a una mujer a la que había conocido a través de una amiga suya fue condenado.
Ley del ‘solo sí es sí’
La ley del ‘solo sí es sí’, promovida por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, con el objetivo de “impulsar la prevención de las violencias sexuales y garantizar los derechos de todas las víctimas”, ha tenido un “efecto de desprotección de las víctimas”, tal y como advirtió el Consejo General del Poder Judicial.
La norma está provocando que se haya empezado a revisar a la baja las penas impuestas por delitos sexuales, conllevando la reducción de algunas condenas. En concreto, tal y como informa EL ESPAÑOL, “en el caso del tipo básico de violación se prevé una pena de prisión de 4 a 10 años, mientras que actualmente la violación se pena con 6 a 12 años de prisión”. La bajada de los topes mínimos de la pena ha sido esgrimida por los abogados defensores de las personas condenadas a la pena más baja.
Así, la ‘ley Montero’ está beneficiando a los condenados y los tribunales se están viendo obligados a aplicarla mediante la revisión de las sentencias firmes, un hecho que ha propiciado otra nueva crisis en el Gobierno de coalición nacional.