Vox pide que comparezca el Gobierno de Page por las "paguitas VIP" tras expresar la Moncloa sus discrepancias

Los gobiernos de Pedro Sánchez y Emiliano García-Page discrepan sobre la polémica Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, que incluye prestaciones económicas para altos cargos cesantes de la Junta de Comunidades, y ha sido necesario poner en marcha una comisión bilateral de negociación que ha servido al grupo parlamentario de Vox en las Cortes regionales para volver a la carga contra lo que llama "paguitas VIP".

Iván Sánchez, portavoz parlamentario de Vox, ha anunciado que su partido va a pedir la comparecencia ante el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha del vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, para que explique estas retribuciones económicas de dos años para los políticos y altos cargos de la Junta que sean cesados y que, como se sabe, salieron adelante con el apoyo del PSOE y el PP.

También se pretende por parte del partido de Santiago Abascal que el Gobierno castellano-manchego explique ante el Parlamento autonómico esas discrepancias surgidas con la Moncloa y el contenido de la comisión bilateral que se ha puesto en marcha, y que venía recogida este martes, 5 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

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"En secreto"

Como viene informando EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, Vox es el único partido de las Cortes que rechaza esta Ley de Integridad Pública consensuada "en secreto" por socialistas y populares, un rechazo al que ahora se suma también el Ejecutivo central. "Ni siquiera el Gobierno de Pedro Sánchez está de acuerdo con la Ley de Integridad Pública", denuncia Iván Sanchez.

Tal como recoge el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la comisión bilateral de la Junta y el Estado por esta ley tiene la función de resolver las discrepancias surgidas, centradas fundamentalmente en la disposición tercera de la ley, precisamente, explica Vox, la que introduce "una nueva prestación económica por inactividad laboral dirigida a los ex altos cargos de la Administración regional".

Los gobiernos de Sánchez y Page vuelven a sí a discrepar, por enésima vez, sobre asuntos de su competencia, hasta el punto, en este caso, de crear esta comisión con el objetivo de iniciar las negociaciones, designar un grupo de trabajo y comunicar esta situación al Tribunal Constitucional. El acuerdo viene firmado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, precisamente al que Vox pide su comparecencia.

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Más gasto político

En este sentido, el portavoz parlamentario de Vox ha señalado que "este acuerdo no solo incrementa el gasto político de la Junta, sino que además carece de apoyo incluso desde el propio Gobierno de Pedro Sánchez", reiterando que esta disposición "es inmoral y representa un despilfarro que solo busca blindar paguitas VIP y jubilaciones doradas para los ex altos cargos de la Junta, mientras el paro sigue en aumento en Castilla-La Mancha".

“Es inaceptable que se aseguren privilegios a una élite política mientras miles de autónomos en la región enfrentan la misma incertidumbre laboral sin una red de seguridad equivalente”, ha señalado el portavoz de Vox.

Iván Sánchez ha criticado que esta disposición garantiza una prestación por desempleo a los altos cargos de la Junta si no pueden retornar a sus puestos anteriores, "una situación que afecta a diario a muchos trabajadores y autónomos en Castilla-La Mancha sin que éstos disfruten de semejantes beneficios".

Privilegios

Por último, Iván Sánchez ha lamentado que el presidente Page "esté más enfocado en blindar los privilegios de sus altos cargos que en atender las necesidades reales de los castellano-manchegos”. 

Vox reafirma, por tanto, su oposición a este tipo de medidas que, a su juicio, "solo perpetúan los privilegios políticos a costa del contribuyente y sigue defendiendo una gestión de recursos más justa y transparente para todos los ciudadanos de la región".

El partido de Abascal viene criticando públicamente desde hace meses esta retribución económica pactada por el PSOE y el PP en las Cortes de Castilla-La Mancha.