Castilla-La Mancha hará frente común con Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, tres comunidades gobernadas por el PP, para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que antes de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica el Estado liquide la "cuenta pendiente" generada por el actual.
Así lo ha advertido el presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García-Page, un día después de que el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, publicase un informe en el que corrobora que el actual modelo, vigente desde 2009 y caducado desde hace una década, infrafinancia a estas cuatro regiones.
De la Fuente, para corregir dicha situación hasta que pacten nuevas condiciones entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, propone que el Estado active un fondo de nivelación de 3.277 millones de euros, del que Castilla-La Mancha tendría que recibir 315 millones para complementar el déficit de ingresos actual.
Page reclama que el Estado liquide la deuda contraída con las comunidades infrafinanciadas
Page, en un vídeo grabado en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades, ha denunciado que el modelo actual deja "claramente a cuatro comunidades autónomas injustamente tratadas" y "objetivamente infrafinanciadas". Y, sobre esa base, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha defendido como "evidente" que "antes de entrar en el nuevo modelo tiene que liquidarse la cuenta pendiente con el modelo actual".
"Castilla-La Mancha va a reclamar que se liquide esa deuda, con el procedimiento de consenso con el Estado más razonable, antes de que se negocie el nuevo modelo o en el mismo proceso de negociación del nuevo modelo", ha añadido Page con contundencia, pero llamando a una solución pactada entre las distintas administraciones.
La exigencia de Castilla-La Mancha "es de justicia", ha defendido el presidente regional, que también ha avanzado que "lo mismo van a reclamar Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana". "Las cuatro hemos resultado, con un balance a 10 años atrás, perjudicadas por el modelo de financiación", ha señalado apoyándose "tanto en informes públicos como privados".
Por último, Page ha indicado que hay "consenso" y "unanimidad de criterio" en toda España, porque también "lo dicen las leyes", para reclamar al Estado un nuevo modelo de financiación autonómica que esté "pensado, fundamentalmente, para los retos de las competencias autonómicas de la próxima década y que se haga con perspectiva de consenso".
Llamada rechazada
Tras estas declaraciones, el líder de la oposición en Castilla-La Mancha y presidente de los 'populares' castellano-manchegos, Paco Núñez, ha recordado que Page "rechazó" a finales del pasado mes de diciembre la llamada del andaluz Juanma Moreno a reunirse con los presidentes de las otras comunidades infrafinanciadas, el murciano Fernando López-Miras y el valenciano Carlos Mazón. "En lugar de atender esa llamada, la rechazó y mandó al PSOE de Castilla-La Mancha a insultarme. Pero mientras el PSOE se dedica a insultarme, Castilla-La Mancha sigue perdiendo dinero", ha afirmado.
Núñez, tal y como ha explicado el PP en una nota de prensa, ha incidido en "la urgencia de que se reclame, con un frente común, que todos estemos al mismo nivel de financiación, exigiendo a Sánchez el dinero que pertenece a Castilla-La Mancha".
Modelo caducado
El modelo actual, aprobado en 2009 tras un acuerdo entre el PSOE y ERC, lleva una década caducado, pero la falta de acuerdo entre socialistas y 'populares' ha impedido su reforma. El actual Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha marcado como objetivo prioritario su renovación, pero el poder territorial del PP y las exigencias del independentismo catalán, que aspira a obtener un trato diferenciado, complican las negociaciones.
Tanto el propio Page como su entorno han insistido durante los últimos meses, tal y como ha informado este periódico, que "Castilla-La Mancha no va a permitir recibir un euro menos de lo que reciban otros" y han recordado que "la financiación autonómica se debe debatir entre el Gobierno de España y todas las comunidades de régimen común".