El Gobierno de Castilla-La Mancha ha denunciado que, según la propuesta del plan hidrológico, el aumento de los caudales ecológicos del río Tajo quedará vinculado a partir de 2026 a un “Programa Especial de Vigilancia y Control” del acueducto Tajo-Segura, “un documento inventado al margen” de dicho plan.
Así informa la agencia EFE, que ha tenido acceso a un documento interno que establece la posición que Castilla-La Mancha defenderá este martes en el Consejo Nacional del Agua.
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La comunidad considera que le atañe “el relativo a la demarcación del Tajo, no solo por el contenido, que ya es especialmente pernicioso, sino porque se ha realizado de forma clandestina, en el último momento, y sin espacio a una modificación ulterior”.
“Se ha tirado por la borda el prolijo trabajo de más de tres años que se ha venido realizando hasta el día de hoy, para modificarlo de forma premeditada, evidenciando así la importancia mínima que la Dirección General del Agua da al proceso de participación pública”.
Implantación escalonada de los caudales ecológicos
Y es que, tal y como ha advertido la Cátedra del Tajo UCLM – SOLISS, con la primera de las modificaciones del Plan del Tajo, se amplía de 9 a 19 las masas de agua en las que se prevé la implantación de los caudales ecológicos de forma escalonada, hasta el 31 de diciembre de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2026 y a partir del 1 de enero de 2027. La otra modificación es que el paso de los caudales previstos en 2026 y 2027 queda supeditado a la consecución del buen estado del río, de forma que, si lo alcanza el 31 de diciembre de 2025, no se aplicarán.
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En concreto, Castilla-La Mancha denuncia que, en el caso del Tajo por Aranjuez, hasta 2026, el caudal ecológico debe incrementarse desde los 6 metros cúbicos por segundo hasta los 7, quedando en el air que se puedan alcanzar los 8,65 metros cúbicos previstos para 2027, 1,65 metros cúbicos menos.
En Talavera, el caudal medio es de 10 metros cúbicos por segundo. Se prevé que se incrementen a 12,825 hasta 2026, pero no se asegura llegar a los 18 en 2027, poniendo en riesgo el aumento de caudal de 5,18.
El programa "trata de bloquear los caudales"
El Gobierno de Castilla-La Mancha incide en que, si se analiza en detalle el contenido del programa de vigilancia, el objetivo es “muy claro”: “Intentar bloquear el incremento de caudales ecológicos”. Sin embargo, “no recoge entre sus más de 100 páginas quién o qué organismo tiene potestad para vigilar, controlar y con qué respaldo legal”.
“El programa no proporciona información acerca de qué medidas son necesarias para considerar que la evolución es favorable, ni desarrolla cómo se valorarán los objetivos que se pretenden conseguir, incurriendo en una situación con un claro componente subjetivo que bajo ninguna circunstancia tiene encaje en un documento normativo”.
Por ello, Castilla-La mancha sugiere hacer la consideración a la inversa y plantear que, si “los objetivos medioambientales actuales están lejos de ser alcanzados, ¿por qué no se incrementan los caudales hasta el máximo considerado de forma inmediata y se deja para un futuro plan hidrológico su revisión?”.
“El objetivo de mejorar la calidad en el río lo antes posible queda supeditado al objetivo principal, que no es otro que el de conseguir que el volumen trasvasado no se vea afectado, blindándolo así una vez más”.
Además, también consideran que se vulnera el principio de la cuenca cedente, ya que el plan de cuenca recoge que “los regímenes de caudales ecológicos en el eje del Tajo se aplicarán respetando los desembalses máximos admisibles desde la presa de Bolarque hacia el río Tajo”. “En cualquier caso y ante cualquier adversidad, el incremento de agua destinada a la cuenca del Tajo no se conseguirá a costa del trasvase”.
Presión al Gobierno de Sánchez
Tal y como ha informado EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha advertido que exigirán que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Acueducto Tajo-Segura, en el caso de que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) no ratifique los compromisos adquiridos con la Junta.
“Si no se cumple, exigiremos el cumplimiento íntegro de la sentencia, que es lo que tiene que hacerse en cualquier país democrático: cuando hay una sentencia, se tiene que cumplir en su integridad”.