El PP exige a García-Page que ordene a sus diputados nacionales no pactar con secesionistas

El PP de Castilla-La Mancha quiere que el socialista Emiliano García-Page pase de las palabras a los hechos. A los 'populares' no les parece suficiente que el presidente castellano-manchego se haya posicionado públicamente en contra de que el Gobierno de Pedro Sánchez rebaje las penas del delito de secesión, sino que han exigido al también secretario general del PSOE regional que ordene a sus diputados nacionales que rechacen en el Congreso cualquier acuerdo con partidos secesionistas o con defensores del terrorismo de ETA.

Lo han hecho a través de un comunicado aprobado este lunes por el Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha, con el que la formación liderada por Paco Núñez rechaza la modificación del Código Penal para rebajar los delitos de rebelión y sedición.

Además, muestra "su respaldo a la dirección nacional del Partido Popular por haber decidido romper las negociaciones con el Gobierno en relación con el Consejo General del Poder Judicial", al considerar "inasumible" cualquier tipo de acuerdo que implique pactar la renovación del Órgano de Gobierno de los jueces y tribunales con quienes pretenden dejar sin efecto las resoluciones de los mismos, y "con quienes no reconocen ni respetan las resoluciones de los órganos judiciales y quieren dejar sin efecto el principio de la separación de poderes".

En el comunicado, además, se exige a Emiliano García-Page y al presidente del Parlamento autonómico y líder del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, que "den instrucciones de manera inmediata para la celebración de un debate extraordinario y posterior aprobación de una resolución conjunta de los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha".

El objetivo es que en el próximo pleno del 3 de noviembre "se manifieste por escrito la voluntad unánime de los representantes de los castellanomanchegos de solicitar la ruptura de cualquier tipo de pacto con independentistas y proetarras para la reforma de los delitos de sedición y rebelión, y se exija al Gobierno nacional la ruptura de cualquier acuerdo existente o futuro con estos grupos".