El acuerdo Gobierno-sindicatos beneficiará a 135.851 empleados públicos de Castilla-La Mancha

El Acuerdo Marco del Gobierno con los sindicatos de UGT y CCOO, para lograr una Administración del siglo XXI, beneficiará a 135.851 personas que trabajan en la función pública de Castilla-La Mancha. Su salario se verá aumentado en un 9,3 % en tres años y habrá cambios en la categoría profesional de 18.000 personas.

Según EFE, a nivel nacional, el acuerdo afecta a 118.830 personas que trabajan en administraciones o entidades públicas del ámbito autonómico o local, que se elevan a 135.851 personas si se incluyen las que trabajan en la Administración General del Estado.  

Acuerdo en detalle

La secretaria regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de Comisiones Obreras, Lola Cachero, ha afirmado que el acuerdo establece una subida salarial adicional del 1,5 % al incremento del 2 % que se contemplaba en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 con carácter retroactivo. Así, las Administraciones tendrán que pagar los atrasos del aumento adicional desde inicios de año en una paga única.

Además, se establece un periodo excepcional de prórroga hasta el 30 de marzo de 2023, para que las Administraciones puedan hacer frente al pago único en el caso de que tengan dificultades. No obstante, Cachero ha pedido que hagan el pago “lo antes posible” y que “hagan sus cuentas para pagarlo en noviembre o diciembre como muy tarde”.

En cuanto a la subida salarial fija del 2,5 %, la adicional del 0,5 % ligada al IPC y la del 0,5 % ligada al incremento del PIB, afirma que “habrá que esperar a octubre del año que viene, porque las previsiones de crecimiento del Gobierno no coinciden con los cálculos de otros organismos económicos”. Para 2024 contempla un aumento fijo del 2 % con otro 0,5 % ligado al IPC, por lo que en conjunto la subida salarial en los tres años será del 9,8 % si se cumplen las previsiones.

Categoría profesional

En Castilla-La Mancha, la recalificación de la categoría profesional de empleados públicos afectará a más de 18.000 personas, aunque todavía tiene que negociarse, según ha indicado Chelo Cuadra, secretaria general de Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO de la región.

“La mayor parte de las personas afectadas por esta recalificación profesional pertenecen al personal estatutario de la sanidad pública, entre ellos unas 8.000 personas que van a pasar del grupo A-2 al grupo A-1, de las que unas 7.000 son profesionales de enfermería y el resto fisioterapeutas, matronas y terapeutas ocupacionales. Además, hay en torno a 5.000 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería que van a pasar del grupo C-2 al grupo C-1, como también lo harán en torno a 3.000 auxiliares administrativos”.

Asimismo, 1.500 técnicos de radiodiagnóstico y de laboratorio pasarán a pertenecer al grupo B, en el que estarán adscritos unos 800 agentes medioambientales, profesionales de los servicios de Prevención, profesionales del servicio de Informática y de otros grupos profesionales, como los 20 técnicos de interpretación de lengua de signos.

Cuadra ha destacado así que la recalificación supone no solo un reconocimiento a la formación de las personas, sino un incremento retributivo importante. Ha añadido que a lo largo de 2023 se negociará también la adscripción de otras categorías, que también tienen que ser recalificadas con arreglo al acuerdo marco.