El Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha apuntado que los casos de pinchazo sufridos durante los últimos meses por mujeres en la comunidad autónoma no son una preocupación debido a que los pocos denunciados han tenido que ver con "actuaciones de bromistas" y en ningún caso han culminado con un abuso sexual.

A preguntas de los medios, durante su comparecencia en las Cortes de Castilla-La Mancha para informar sobre la Memoria 2022, Fernández ha indicado que estos casos de pinchazos de "bromistas" no han derivado en "introducción de sustancias o elementos químicos" en los cuerpos de las mujeres "que pudieran tener propósito y un ataque ulterior a la libertad sexual".

Por ello, ha considerado que la legislación "es suficiente", tras lo que ha pedido a la población "no caer en miedo injustificado", ya que ha recordado que "hay otras formas de sumisión más frecuentes que las del pinchazo", como es el abuso de alcohol.

El problema de la ocupación

Además, Fernández se ha mostrado confiado en que la ley contra la ocupación de viviendas aprobada en el Parlamento castellanomanchego y derivada al Gobierno de España para su tramitación pueda ser tomada en consideración en un corto espacio de tiempo, aunque ha reconocido que el el problema, por norma general, no se produce en viviendas de particulares.

Tras recordar que la legislación actual ya garantiza de forma suficiente a los titulares de las viviendas ocupadas que el desalojo de los ocupantes pueda realizarse por la vía rápida, ha incidido en que esta problemática afecta principalmente a viviendas "de entidades bancarias o de fondos de inversión".

"La actuación de la jurisdicción es rápida y hay desalojo inmediato de los ocupantes, y hay un movimiento legislativo en ciernes, auspiciado en parte por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que parece que va a ser tomada en consideración", ha vaticinado.

Reclamaciones

Durante su comparecencia, el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha ha expuesto algunas de las reivindicaciones del cuerpo que representa en la comunidad autónoma, apuntando como ejemplos a la necesidad de crear una nueva sección en Illescas o la falta de personal, sobre todo en las provincias de Albacete y Toledo. Así, Fernández ha abundado en que la evolución de la plantilla judicial "no va acompañada de los incrementos poblacionales" que registran las provincias de la región.

Por ello ha indicado que el incremento de plantilla requerido en el Ministerio Fiscal pasaba por ampliar en, como mínimo, dos fiscales más las secciones de Albacete, Toledo y Ciudad Real; si bien ya se ganaron dos puestos en Ciudad Real y la sección de Manzanares en 2019. "Entendemos que hay dificultades presupuestarias de todo tipo pero somos una región muy extensa, y entendemos que en sucesivas ampliaciones de plantilla deberíamos tener acceso al menos a más plazas en Albacete y Toledo", ha señalado.

Sobre la necesidad de ampliar con una sección en Illescas, ha recordado que es una reclamación "de hace diez o quince años", y el entorno de esa población "debería merecer una sección territorial", teniendo en cuenta que "absorbe un gran número de hechos delictivos cercanos a la Comunidad de Madrid, con una delincuencia particular, que se parece más a la madrileña".

Emilio Fernández ha subrayado otras dos preocupaciones, empezando por la alta tasa de suspensión de juicios, cercana al 40 % del total de los señalados, "casi uno de cada dos", algo que "produce una quiebra del buen funcionamiento" de la justicia por "causas variadas, desde enfermedades de letrados hasta enfermedades de testigos".

A esto ha sumado las suspensiones que se producen "por defectos en las citaciones", por lo que "hay que profundizar" para superar estos extremos, ya que "se va generando una bolsa de señalamientos, una especie de rueda que dilata la tramitación de los juicios" y provoca que se estén afrontando procesos "de hechos ocurridos hace 10 años".

"Entendemos que esto produce una insatisfacción en la sociedad que nuestro sistema judicial no debe permitir. Puede haber retrasos y a veces falta de medios, pero también estos juicios se suspenden con independencia de todo lo anterior, y eso nos preocupa mucho", ha añadido.

Emilio Fernández ha querido poner el acento en el trabajo al alza motivado por la llegada de refugiados de la guerra de Ucrania, que ha provocado estar más atentos a posibles casos de trata o sustracción de menores.

En otro orden de cosas, ha celebrado la creación de la nueva figura delictiva que pasa por la creación de perfiles falsos en redes sociales para coaccionar, injuriar o estafar, también a menores.

Ha querido poner el foco en la gran cantidad de delitos contra la integridad sexual, sobre todo de menores y dentro del ámbito familiar.