Castilla-La Mancha entra en un importante pacto para dignificar a las víctimas del franquismo
El director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez López, ha presidido este miércoles una reunión con los responsables del ramo de las distintas comunidades autónomas que ha tildado de "muy provechoso" y en el que se ha fijado como prioridad la exhumación de fosas comunes, por lo que el primer paso será actualizar el mapa oficial, en el que faltan por consignar cientos de nichos ya localizados, y diseñar después planes cuatrienales para comenzar a abrirlos.
En rueda de prensa posterior al encuentro, Martínez López ha incidido en que la intención del Ministerio de Justicia es "liderar" los procesos de exhumación, aunque reconociendo no obstante, que en la actualidad tiene "cero" presupuesto y si bien puede trabajar en diseñar planes, hojas de ruta y estrategias, para "profundizar" en su colaboración con las administraciones autonómicas necesitará esperar a los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Mientras tanto, se trabajará en actualizar el mapa de fosas, en el que, según ha explicado, constan 2.470 pero faltan centenares ya localizadas. En Andalucía, por ejemplo, hay información de más de 700 fosas comunes cuando el último dato que tiene Justicia al respecto señala que son 576 y en la Comunidad Valenciana hay una situación similar: el mapa oficial dice que hay algo más de 80 fosas, pero sus técnicos han contado ya "más de 400".
Diversos organismos internacionales han estimado entre 100.000 y 114.000 las personas que podrían seguir en estas fosas, pero tampoco hay datos precisos. "Eso pone de relieve que tenemos que hacer un esfuerzo conjuntamente las comunidades autónomas y el ministerio para actualizar el mapa, porque no podemos programar actuaciones de planes anuales y cuatrienales de exhumación si no sabemos las fosas que hay", ha comentado, para incidir en que abrir los nichos es "un objetivo central" para el Gobierno, "al margen de que se apruebe antes o después la reforma de la ley".
Sobre este asunto, ha recordado que la modificación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 se va a acometer en la tramitación en el Congreso de la convalidación del Real Decreto por el que se autoriza a exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y ha confirmado que el Gobierno aprovechará este trámite parlamentario para introducir su proyecto de reforma integral en forma de enmiendas.
Algunas de las comunidades presentes han trasladado al representante de Memoria Histórica su interés en crear un banco de ADN de carácter "estatal" para la identificación de los cuerpos exhumados de las fosas, algo que han convenido estudiar, aunque conforme ha señalado, no conviene crear "falsas expectativas" porque se trata de una iniciativa "muy compleja". En todo caso, considera "preciso y necesario" tener este banco con información de desaparecidos.
Un censo de víctimas "no reparadas"
También se ha puesto sobre la mesa con "bastante acuerdo" entre los asistentes a la reunión la creación de un censo de víctimas "que permita conocer realmente el alcance que tiene la violación de los derechos humanos durante la Guerra Civil y el Franquismo", una tarea que Martínez reconoce compleja porque "hay muchas modalidades de víctimas" que se van a "estudiar y analizar" para poder diseñar el registro y porque en inicio, se hablaba de censar sólo a los desaparecidos.
"Víctimas son todas y por lo tanto hay que contemplarlo --ha dicho en relación a los caídos en ambos bandos de la Guerra Civil--. La diferencia es que unas víctimas fueron reparadas, las de los vencedores, con homenajes todos los años y reparaciones económicas, y otras, las de los vencidos, fueron estigmatizadas, criminalizadas e invisibilizadas. Es una cuestión de humanidad", ha sentenciado.
Por otra parte, Martínez López ha pedido a las comunidades autónomas un "chequeo" de los símbolos franquistas que pervivan en sus territorios ya que, conforme ha reconocido, Justicia tiene "necesidad de conocer" lo que hay, y ha propuesto un censo de edificaciones construidas por batallones disciplinarios y prisioneros, algo pendiente desde 2007. Se volverán a reunir dentro de cuatro meses.