El Supremo tenía un precio

Cinco mil millones es lo que cuesta en la España autonómica el prestigio de todo un Tribunal Supremo. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las Comunidades Autónomas calculan en 5.000 millones de euros el potencial impacto de la devolución del impuesto asociado a las hipotecas en caso de que el Tribunal Supremo decida ¡si es que lo hacen algún día de estos! que debe pagarlo el banco, con una retroactividad de cuatro años. Eso en dinero contante y sonante porque además hay que tener en cuenta el potencial impacto que estas devoluciones, aunque sean temporales, tendrán sobre el déficit público.

Los 28 jueces de los 31 que  componen el Tribunal están enfrentados en el fondo y en la forma y además empatados, con lo que el asunto traerá cola decidan lo que decidan. El cambio de doctrina del alto tribunal sobre el gravamen ha provocado todo un terremoto político y jurídico y aunque, en definitiva, de lo que se trata es de valorar y ratificar si efectivamente han de ser las  entidades bancarias quienes paguen el impuesto de actos jurídicos documentados de la hipoteca, el asunto tiene mucha miga.

La escandalera es lógica en un país donde casi todo el mundo tiene hipoteca y donde los ciudadanos, al final, fuimos los páganos de la famosa burbuja inmobiliaria de las cajas de ahorro y los bancos. Si de muestra vale un botón, tras conocer la primera de las tres sentencias que dieron la razón al cliente los bancos perdieron en una sola jornada más de 5.500 millones de capitalización en bolsa, en definitiva un pastón. Eso fue lo que hizo encender las alarmas.y aunque todo indica que, finalmente, habrá un impacto en la cuenta de resultados de los bancos, la clave estará en la retroactividad de la sentencia y esa es ahora mismo la gran incógnita. “Si deben abonar el tributo únicamente en los nuevos contratos que se firmen, Moody's calcula que el sector tendría que afrontar un gasto anual de 640 millones. Por el contrario, si el efecto retroactivo se limita a las hipotecas firmadas en los últimos cuatro años —el periodo máximo que fija la ley española para reclamar los impuestos no pagados—, la banca tendrá que afrontar un pago de 2.300 millones, a los que habría que sumar 640 millones anuales. Pero si la retroactividad se  amplía a un plazo de tiempo mayor —un escenario muy poco probable, según Moody's—, el coste podría superar los 16.000 millones, teniendo en cuenta las hipotecas firmadas en los últimos 15 años", se recogía ayer en todos los periódicos.

Cuando escribo estas líneas aún no se sabe cuál será la decisión definitiva de los magistrados pero para lo que ya sido letal su actuación es para el prestigio de ellos y del Tribunal al que representan y para la justicia que deben impartir. Bien está que Carlos Lesmes pidiera disculpas por el numerito, pero ni siquiera admitir el error y la mala actuación en este tema es suficiente para eliminar las sombras de sospecha y la falta de imparcialidad de los magistrados que todo el asunto ha puesto en primer plano.

Los más pesimistas económicamente hablando siguen diciendo que hay mucho camino que recorrer para hacer un Estado financieramente viable y competitivo y advierten que a los ciudadanos de a pie nos tocará seguir haciendo sacrificios porque la desaceleración está aquí. El problema es que estamos hartos, la crisis ha sido demasiado larga y tan dura que nos ha dejado extenuados. Si además cuando alguien pide el amparo de la justicia y por una vez consiguen que David gane a Goliat otros jueces tumban el logro pues... no tenemos donde mirar, porque si la acción de la justicia falla la democracia se queda coja y nosotros huérfanos.