La lucha contra el amianto se recrudece

Hace tantos años que oímos hablar del amianto en Toledo, que muchos, como el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, piensan que no es peligroso para la salud y no entienden esa insistencia de los vecinos del Polígono en que su barrio quede libre de este material. Pero todo una explicación.

Efectivamente, los residentes en el populoso barrio toledano se encontraron allá por 1996 con una autorización del Ayuntamiento de Toledo a la empresa Ibertubo para que pudiera verter este mineral en el entorno cercano a su factoría. La cosa no gustó a la asociación de vecinos del Tajo, siempre combativa, y en 2004, sus representantes se dirigieron a la consejera de Medio Ambiente, Charo Arévalo, ¿la recuerdan?, para que tomara cartas en el asunto, dado que la presencia de este material peligroso al aire libre y al lado de sus viviendas no auguraba nada bueno. En aquel entonces se dio la callada por respuesta y hubo que esperar a 2014 a que el asunto volviera a resurgir con fuerza ante una denuncia de los interesados a la Fiscalía de Medio Ambiente, organismo que recogió estudios, informes y testimonios de instituciones y expertos y que llegó a la conclusión, el pasado año, de que el amianto supone un peligro real para la población. A la vez, instaba a las administraciones a retirarlo. La lástima es que esta decisión no era ejecutiva. Y ahí sigue el maldito mineral.

Esta historia, muy sintetizada, resume la lucha de unos vecinos por vivir en un entorno saludable. No sé si las administraciones hacen todo lo que pueden, creo que no, por solucionar este problema, seguramente es más costoso de lo que nos podemos imaginar, pero lo cierto es que no se puede engañar a los afectados ni faltarles al respeto ofreciendo una solución para la que se les da una fecha que nunca llega. Tampoco ha estado atinado el consejero Fernández al decir que no hay riesgo para la salud, cuando otros investigadores, expertos en la materia, lo certifican. Las enfermedades respiratorias, con sus derivaciones más letales, son una de las consecuencias de esa acumulación de material en un lugar inapropiado desde hace décadas. Y hay estudios que lo certifican, al igual que dicen que el humo del tabaco puede matar y los fumadores no mueren en el acto.

No se trata de alarmar a los residentes en el entorno de estos vertederos, sino de tranquilizarles, pero no con mensajes vanos, sino con actuaciones concretas. Señores políticos, hay sentencias que condenan a las administraciones por no proteger a los vecinos de este mineral. Una de ellas, muy reciente, en un pueblo de Castellón. Dado que el deber de los gobernantes es velar por  los ciudadanos, tengan en cuenta que estos vecinos del Polígono de Toledo, que pagan sus impuestos como cualquier residente en la capital, solo encontrarán la paz cuando puedan respirar sin una amenaza evidente frente a sus hogares. Cierto es que el problema viene de atrás, pero eso no es excusa para resolverlo. Y ya.