El presidente de Castilla-La Mancha,Emiliano García-Page, anuncio el lunes la Proposición de Ley impulsada por el Grupo Socialista en las Cortes regionales para combatir el problema de la ocupación ilegal de viviendas. El Gobierno regional tomó en consideración la PL el martes. Ayer miércoles se debatió en el Congreso de los diputados una iniciativa de VOX contra la "okupación".
En pocas horas ha quedado clara la abismal diferencia de enfoque sobre el asunto entre el gobierno de Page y el de Pedro Sánchez y entre el PSOE regional y el nacional."Lo que se ocupó ilegalmente hace 80 años fue la democracia española" y se busca crear alarmismo en torno a la "okupación" construyendo "leyendas urbanas" cuyo único fin es propiciar "un clima de miedo" y que las empresas privadas de seguridad hagan negocio. Fueron los argumentos expuestos por el PSOE, primero, y Podemos, después, para rechazar ayer la moción de Vox en la que solicitaba una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los desalojos se desarrollen en 24 horas o menos y lasreformas legales que hagan que sus responsables paguen con cárcel, "no con pequeñas multas".
Mientras que el gobierno de Pedro Sánchez considera "leyendas urbanas" la ocupación ilegal, Page dice, y así lo expresó el lunes en Guadalajara, que hay "miles de domicilios ocupados ilegalmente", un delito que además tiene "consecuencias de convivencia social". Por ello ha decidido"actuar con más determinación y más precisión" planteando una ley que contempla penas más duras,una estrategia de lucha contra las mafias y la posibilidad de que los ayuntamientos tengan más legitimidad para actuar.
Page pretende, al hilo de lo que ya le propuso Paco Núñez en la reunión que mantuvieron ambos hace pocos días, que esta legislación sea trasladada al Estado, toda vez que tocará leyes ya existentes. Se trata de un "trabajo inmenso para combatir con mucha claridad y determinación a las enormes mafias de ocupación ilegal que hay en España", ha dicho el presidente castellano-manchego.
Frente a la idea de Pedro Sánchez y de sus socios de Gobierno de que el único fin de los que combaten la "okupación" es propiciar "un clima de miedo" y que las empresas privadas de seguridad hagan negocio, Page pretende actuar "con más dureza a las mafias que hoy conducen a un callejón sin salida a personas con problemas", pedir medios específicos en la Fiscalía del Estado y modificar la normativa de empadronamientos para que los ayuntamientos puedan defenderse de que los "okupas" acaben inscritos legalmente en los municipios.
Page acierta porque tiene las ideas claras sobre lo que debe hacerse contra la "okupación" y sobre lo que están pidiendo con urgencia la generalidad de los ciudadanos, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE nacional estén abordando el asunto de otra manera, con un sentido más político y plegado a los intereses de los partidos que le mantienen en el poder. Un nuevo choque de trenes entre Page y Sánchez que no debe impedir que siga adelante la Proposición de Ley en los términos planteados por el PSOE-CLM. Y más aún si socialistas y "populares" castellano-manchegos, además de Ciudadanos, llegan a un consenso para que la nueva normativa legal cuente con el respaldo unánime de las Cortes regionales.