Cuatro sindicatos acusan al Gobierno regional de ser más restrictivo que Cospedal

"La Administración intenta imponer al personal empleado público un decreto de teletrabajo más restrictivo que el vigente, elaborado por el gobierno de María Dolores de Cospedal". Así han titulado una nota de prensa los cuatro sindicatos más representativos del sector público de Castilla-La Mancha en demanda de una mejora de la legislación regional en materia de Teletrabajo.

En dicha nota de los sindicatos se expresa que "en unidad de acción, los sindicatos CCOO, CSIF, STAS-CLM INTERSINDICAL y UGT hemos optado por suspender la reunión sobre el borrador de Decreto de Teletrabajo, ante la postura de la Administración Regional en mantener inamovibles los dos artículos claves del borrador (artículos 4 y 8)".

El artículo 4, añaden, establece los puestos que quedan excluidos del derecho al teletrabajo sin incluir ninguna excepcionalidad, y sin reconocer que la gran mayoría de puestos tienen una parte o toda su jornada susceptible de realizarse mediante teletrabajo.

El artículo 8 del texto "establece un porcentaje máximo de jornada de teletrabajo que no podrá superar al cuarenta por ciento de la jornada de trabajo en cómputo semanal. Asimismo establece una presencia obligatoria mínima en las unidades o centros de trabajo del cuarenta por ciento de sus efectivos", explican los sindicatos firmantes, que consideran "insuficiente el 40% que mantiene la Administración y que nos situaría detrás de CCAA como Madrid o Extremadura (60%) y muy lejos de Castilla y León que alcanza un 80%".

La redacción de este artículo, a su juicio, no mejora el vigente decreto de 2013, que recoge "el mismo porcentaje de jornada de teletrabajo, contempla el cómputo de forma mensual y no dicta porcentaje de obligada presencia en los centros".

De mantenerse como está, afirman, dejaría injustificadamente fuera de la posibilidad de optar a esta modalidad de trabajo a distancia a buena parte del personal al servicio de la Administración.

Los sindicatos han expresado su disconformidad ante "el retroceso que implican estas medidas. No entendemos que transcurridos 9 años desde la publicación del anterior decreto no se avance en materia de teletrabajo".

Asimismo consideran prioritario "modernizar y actualizar esa norma con las nuevas posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos, y avanzar en la modernización de la administración regional, la conciliación de la vida familiar y laboral de empleadas y empleados públicos y combatir eficazmente la actual situación de pandemia, garantizándose siempre el servicio público de calidad a la ciudadanía".

Concluyen explicando que ante "esta postura intransigente que imposibilita cualquier avance, hemos tenido que suspender nuestra presencia en una mesa vaciada de contenido hasta que la administración presente propuestas que permitan el diálogo y la negociación".