En los últimos meses, se han llevado a cabo varias operaciones policiales en toda Europa contra los servicios de IPTV pirata, con el arresto de decenas de responsables y el cierre de multitud de páginas y servidores que ofrecían acceso más barato a películas, series y partidos de fútbol. Después de operaciones en Austria, Reino Unido y Holanda, ahora se le suma España.
La Policía Nacional ha confirmado la desarticulación de una organización criminal, que se centraba en distribuir contenido de manera fradulenta; en otras palabras, los responsables retransmitían contenido con copyright para el que no tenían licencia oficial, lo que se suele conocer como ‘contenido pirata’.
Lo llamativo de esta operación es la magnitud del servicio, y que operaba dentro del territorio español en vez de depender de servicios disponibles en otros países. Respecto a lo primero, la Policía Nacional afirma que más de 18.300 personas habrían contratado los servicios ofrecidos por los arrestados.
Arrestos en España por IPTV
En concreto, se han realizado 8 detenciones, gracias a 4 registros en las ciudades de Valladolid, Alicante, Málaga y Sevilla; sin embargo, eso fue sólo el punto final de una operación que, en realidad, llevaba varios meses en marcha. La investigación dio inicio en febrero de 2022, cuando inicialmente se identificaron sólo dos centros operativos, en Sevilla y Alicante; sin embargo, con el tiempo se reveló la auténtica magnitud de la organización criminal y el alcance que tenían.
La Policía Nacional ha confirmado que el servicio ilegal ofrecía acceso a contenido a través de IPTV, con la instalación de aplicaciones en dispositivos ‘tvBox’, smartTVs y smartphones en los dispositivos de los clientes. Por lo tanto, era un tipo de servicio similar a otros cerrados en el resto de Europa, en los que los responsables ofrecen acceso sencillo a una red privada en la que se comparte el contenido pirata, a veces vendiendo dispositivos IPTV con Android TV y listas IPTV piratas preinstaladas.
A través de estas apps, los usuarios podían acceder a películas, series y eventos deportivos bajo demanda. Para contactar y vender el producto a los potenciales clientes, la organización usaba una empresa de consultoría de telecomunicaciones como tapadera; gracias a la “sólida estructura de marketing”, podían aumentar el número de clientes.
Como es habitual, la principal motivación de los usuarios de estos servicios es económica. Aunque la policía no ha hecho público el nombre del servicio cerrado, sí que ha confirmado que su gran atractivo era el “precio muy inferior al de mercado”. Como consecuencia, la Policía calcula que los titulares de los derechos de difusión del contenido pirateado dejaron de percibi 366.250 euros, por lo que se conoce como “lucto cesante”, cuando el usuario evita pagar por la vía oficial.
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