El 2023 será recordado en la lucha contra la piratería por la gran cantidad de operaciones policiales contra las IPTV piratas para ver el fútbol. A diferencia de las IPTV legales y abiertas, estos servicios retransmiten el contenido de la televisión de pago y de servicios de streaming, normalmente a precios muy inferiores para el usuario o con el uso de receptores especiales de IPTV para ver fútbol pirata.
Durante años, estos servicios ilegales han sido los preferidos de millones de españoles y europeos para ver los partidos de fútbol en directo, o las últimas películas estrenadas en servicios como Netflix. Finalmente, parece que los propietarios de los derechos se han dado cuenta, porque en los últimos meses han realizado denuncias masivas contra los responsables de estas IPTV pirata.
Mientras que se esperan leyes más duras contra las IPTV, incluyendo la posibilidad de multar a los usuarios en España sólo por utilizar estos servicios, la policía europea ha multiplicado la cantidad de operaciones contra estos servicios. El último ejemplo, y tal vez el más exitoso, viene de los Países Bajos, donde la operación tuvo tanto éxito que los responsables han recibido un premio especial.
La lucha contra las IPTV
La policía holandesa recibió el “Premio por la lucha contra la piratería”, como parte de una conferencia sobre el crimen contra la propiedad intelectual celebrada en Lisboa por la Europol. Además de varias presentaciones con nuevas ideas y datos sobre la lucha contra la piratería, la Alianza contra la Piratería Audio-Visual (AAPA) anunció que había fallado su premio anual, y que los recipientes en esta ocasión serían los miembros de la policía fiscal holandesa (FIOD).
La clave de esta elección está en que la FIOD fue capaz de cerrar una de las mayores operaciones contra la piratería en Europa el pasado mes de mayo, aunque los detalles concretos no se hayan dado a conocer hasta ahora. La magnitud de la red de piratería es tal, que se calcula que un millón de usuarios han perdido el servicio; o mejor dicho, los servicios, porque en realidad, la operación criminal era tan grande que estaba dividida en varios vendedores pequeños que operaban de manera independiente.
Estos vendedores ofrecían acceso a una gigantesca red de IPTV, compuesta por nada menos que 1.200 servidores que funcionaban al mismo tiempo para proveer contenido con copyright. De hecho, los responsables contaban prácticamente con su propio centro de datos, situado en el municipio de Den Helder, Países Bajos.
Ante la magnitud del proyecto, la redada policial se centró en bloquear completamente el acceso a los servidores, aunque eso afectó a varias ‘víctimas colaterales’, páginas web que usaban los mismos servidores pero que no tenían nada que ver con los piratas, como páginas de tiendas de flores y de dentistas que quedaron inaccesibles por los internautas.
Pese a esto, la AAPA pone esta operación como un ejemplo de cómo las fuerzas policiales deben continuar su lucha contra los servicios ilegales de IPTV, y apela a la necesidad de un régimen regulatorio que obligue a los proveedores de contenido a investigar “los requisitos de sus clientes” para evitar que sean usados para distribuir contenido con copyright.