Promesas y mentiras

Imagen de los líderes de ETA P-M en el momento de un comunicado. Foto: Archivo

Todos los gobiernos de la democracia española, en concreto los de Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar y Zapatero, han mantenido conversaciones con ETA. Desde la ética de los principios es algo lamentable, pues al margen de sus objetivos políticos una banda terrorista es una organización criminal y tratar con ella es tan contrario al Estado de derecho como tratar con la Mafia.

Sin embargo, los gobernantes han de actuar a menudo guiados por la ética de la responsabilidad, que valora los beneficios y los perjuicios que una determinada decisión puede acarrear a los ciudadanos. Y desde esa óptica es comprensible haber priorizado la posibilidad de conseguir el fin del terrorismo por vías distintas a las de la estricta aplicación de la justicia. El único éxito se dio en el caso de ETA Político Militar, que en 1982 dejó las armas tras una negociación protagonizada por el ministro Juan José Rosón y el diputado Juan María Bandrés de Euskadiko Ezkerra (el brazo político de ETA-PM).

Todos los demás intentos se estrellaron con la obstinada intransigencia de la banda, con el resultado de que esta se ha visto forzada a cesar en su criminal actividad por el efecto de la acción de la justicia, la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la cooperación antiterrorista internacional y la pérdida de apoyo social, sin que el Estado español haya tenido que hacer la mínima concesión.

Esa es la historia que, desde una óptica mucho más favorable a la negociación que la expuesta en el párrafo anterior, narra Luis Miguel Sordo Estella (Zaragoza, 1952) en Promesas y mentiras, un libro claro y documentado que el autor abre con un homenaje a quienes, a pesar del peligro que suponía, no cesaron de proclamarse "españoles, vascos y patriotas".

Sus cuatro capítulos, dedicados a los cuatro grandes períodos de gobierno de esos años, ofrecen una síntesis de la actuación de ETA en cada período, un detallado análisis de los contactos de los gobiernos y la banda y una valoración de los mismos. Para quien desee entender la historia de ETA y de la respuesta de la democracia española ante la amenaza ofrecen información del mayor interés. Desde el primer contacto con ETA P-M efectuado en noviembre de 1976 en Ginebra por Ángel Ugarte, miembro del servicio de inteligencia de entonces, el SECED, quien lo ha contado en un libro (Espía en el País Vasco, 2005), hasta el último intento del gobierno Zapatero en mayo de 2007, que ha narrado uno de sus protagonistas, Jesús Eguiguren (Las claves de la paz, 2011), son tres décadas de negociación las analizadas por Luis Miguel Sordo. Menos satisfactorio me parece el capítulo de conclusiones, demasiado basado en la literatura sobre resolución de conflictos, que se reduce a unas recomendaciones a los negociadores, cuyo papel magnifica, y que tiende a asumir una posición de equidistancia ética entre los bandos contendientes, que si puede resultar comprensible en el caso de algunas guerras civiles, no lo es cuando quienes se enfrentan son un Estado democrático de Derecho y una banda criminal.

Los apéndices incluyen algunos documentos interesantes, incluido un informe de la Guardia Civil sobre el entrenamiento de etarras en un campo del Frente Popular de Palestina en Yemen del Sur en 1980. Lo cual lleva a plantear la cuestión de hasta cuándo espera el Estado español para desclasificar la documentación referente a organizaciones terroristas como ETA. Nadie pretende saber, por ejemplo, los nombres de los infiltrados en la banda, héroes anónimos que deben permanecer como tales. Pero los ciudadanos españoles tienen derecho a conocer documentos como el citado, que muestran el apoyo de ciertos Estados y organizaciones árabes a la banda terrorista.

Todas las democracias avanzadas desclasifican selectivamente la documentación incluso sobre temas sensibles y es posible, por ejemplo, leer el informe que en vísperas del 11-S advertía al presidente Bush de un posible ataque terrorista de Al Qaeda en Estados Unidos. El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo podría ser el lugar idóneo para la consulta de los documentos desclasificados, sin los cuáles no se podrá escribir la historia real de ETA y combatir así los relatos mixtificadores de quienes pretenden una equiparación de verdugos y víctimas.